En la audiencia convocada para la proposición de medios de prueba previo al juicio Oral Público donde se acusa al profesor Rommel Valdemar Herrera Portillo, por supuestos daños e incendio agravado en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos, la fiscal del Ministerio Público, expuso que presentarán testigos protegidos debido a que existe temor a represalias por agresión demostrada por grupos organizados.
Esta posición expresada por la fiscal Neydi Castillo, causó molestia entre los asistentes a la audiencia este jueves 13 de febrero en la Sala V de juicios orales y públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa. Pues es el movimiento social quien ha estado cerca de Rommel y con el que él se ha identificado, incluso es un preso político por quemar llantas fuera de la embajada estadounidense en el marco de protestas convocadas por la plataforma de lucha por la salud y educación, el 31 de mayo del 2019.
En la sala judicial, además de los docentes Maricruz Portillo y Juan Carlos Herrera, madre y padre de Rommel, acompañaron sus hermanos y otros familiares, así como miembros del Comité de por la liberación de los presos políticos en Honduras entre ellos Raúl Álvarez (ex preso político) quien se defiende en libertad y está a las puertas del juicio oral y público, por manifestarse contra el fraude electoral de noviembre de 2017.
Al finalizar la audiencia, la integrante del Comité de por la liberación de los presos políticos en Honduras, Alba López, expresó su desencanto por lo que manifiesta la fiscal, referente a quienes protestan, como si fueran del crimen organizado.
Mientras que Raúl Álvarez, señaló que la fiscalía estaba presentando pruebas no autenticadas, hasta por un formato de droga, y es que a Rommel se le mencionó por tener cierta cantidad de marihuana, pero tras la intervención del Tribunal para aclarar esa situación, el Ministerio Público retiró lo dicho, aduciendo un error de formato.“Cuando aquí ya se sabe quiénes son los del crimen organizado, pasan como grandes señores, y es quien usurpa la presidencia de la República; nosotros solo luchamos por una Honduras mejor y diferente al alcance de todos los hondureños. Es vergonzoso que el MP nos califique a los que nos pronunciamos de esa manera”, denunció López, periodista y defensora de derechos humanos.
“Siento que la Embajada está tomando una postura de ligarlo al crimen organizado, y que sus testigos protegidos corren peligro por pertenecer (Rommel) a grupos organizado”.
Agregó que, están criminalizando la protesta como dando a entender que puede haber problemas, cuando sabemos que el que mata es el gobierno. Referente a la cuantía “es exagerada, cómo es posible que un vidrio o una cámara valgan más que una vida, es lamentable la postura de la embajada”.
El equipo de defensa de Herrera Portillo, está compuesto por Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y el abogado probado Omar Menjivar, quienes lograron que los testigos no sean protegidos tal como era la petición del MP. Por lo que será el Tribunal quien estime si es seguro o no que testifiquen sin protección.
A razón del abogado Menjivar, el riesgo de los testigos es un argumento falaz del MP para impresionar al Tribunal; porque no se está juzgando un delito de asociación ilícita y Rommel no es una persona que se está juzgando por que se vincule a una organización criminal.
Entonces la Fiscalía con palabrería pero sin evidencia pretende que se admitan testigos protegidos y se los aceptan, eso es una mala praxis de los Tribunales de Sentencia, ya que redunda en una degeneración del proceso y en violación del proceso de las personas imputadas.
El juicio contra el preso político Rommel Herrera, será el 16 y 17 de abril próximo. Sus progenitores también docentes, lamentan el estigma contra su hijo, la exagerada cantidad de dinero que piden por los daños a la Embajada, y que supera los 42 millones de lempiras.Con la admisión de testigos protegidos se reducen las posibilidades de defensa efectiva para el imputado. Pero la vida es el valor supremo a proteger y, sí alguien está en peligro hay que protegerlo. Sin embargo, en este caso argumentan que son protegidos porque temen por sus vidas, finalizó Menjivar, con respecto a la petición de del Ministerio Público y el estigma de quienes protestan diciendo que son grupos organizados que pueden inferir represalias contras sus testigos.
Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo son personas luchadoras que mantienen la esperanza en que la defensa legal desvirtúe las pruebas que presentará la parte acusadora, en un país dominado por una dictadura, donde protestar es un crimen.
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