Por Javier Suazo
“De que nos sirve trabajar con Transparencia Internacional sin en percepción de corrupción estamos mal”.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras
“El país es un potrero y la corrupción está a la orden del día”
Armando Urtecho, director ejecutivo del COHEP
El 27 de enero de 2020, Juan Orlando Hernández (JOH), cumplió dos años en el poder de su segundo mandato (2018-2021), pero un empaño de su gestión es la corrupción. Habla que ha hecho mucho desde que asumió el poder en 2014, pero los resultados dicen lo contrario, aunque ese año suscribió un Convenio de Colaboración y de Buena Fe con Transparencia Internacional, cuyo representante en Honduras en la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Honduras sigue su marcha triunfal para alcanzar los primeros lugares entre los países más corruptos de Latinoamérica. En 2002, primer año de gobierno de Ricardo Maduro (2002-2005), el índice de percepción era de 27, mejoró en el gobierno de Zelaya Rosales (2006-junio de 2009), al cerrar 2009 con un índice de 25, pero después del golpe de Estado y, sobre todo, en el gobierno de JOH retrocedimos en forma acelerada. En 2013, primer año de gobierno, el índice fue de 26, igual que en 2019, pero retrocedimos a la posición (146) en el Rankin por país. Más aún, si lo comparamos con 2018, bajamos 14 posiciones (146-132).
El Informe de Transparencia Internacional (TI) de 2019, sobre la percepción de la corrupción en el mundo, sitúa al país entre los más corruptos de la región, solo superado por Venezuela (16) y Nicaragua (22), dos países con gobiernos no afines con la política del imperio; pero también por Haití (18). En teoría, habría de suponer que la profundización de políticas y valores del libre mercado, contribuyen a que un país sea menos corrupto, contrario a los gobiernos de corte populista de izquierda que se caracterizan, según esta predica neoliberal del desarrollo, por ser altamente corruptos y antidemocráticos.
El índice de percepción de la corrupción sitúa a Honduras en la posición 146 de 180 países y a Guatemala igual, por detrás el Salvador, Costa Rica y Panamá, y solo superado por Nicaragua (161) y Haití que alcanza la posición 168 en el Rankin. Tanto Honduras como Guatemala solicitaron a Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos (OEA), apoyo para combatir la corrupción e impunidad. En Guatemala se constituyó la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en diciembre de 2006, y en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), en enero de 2016. Ambas dejaron de existir, la primera en septiembre de 2019 y la segunda, en enero de 2020, ya que no se renovó el convenio de creación por cuatro (4) años.
El Guatemala, el expresidente Jimmy Morales, lideró el proceso de cancelación con apoyo de grupos empresariales y políticos afectados, en Honduras destacan funcionarios públicos y diputados corruptos que consideraron que la MACCIH y sus acciones violaba leyes nacionales y los resultados no eran los esperados; aunque el argumento de políticos de oposición, es que JOH negoció con Almagro el cierre, a cambio del voto para la reelección como secretario de la OEA, tal como lo pidió el gobierno de los EEUU.
Frente a esta espiral para alcanzar la medalla de la corrupción, surgen voces que demandan acciones institucionales para contribuir a disminuir los niveles existentes, pero muchas de las propuestas son paliativos que ya habían sido recomendadas en gobiernos anteriores.
Por el lado del gobierno y organizaciones como Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) que, curiosamente, crece en oficinas al igual que la corrupción, se habla de fortalecer las instituciones públicas, mejorando los procesos de contratación de personal y bienes y servicios, haciendo más transparente su gestión técnica, administrativa, financiera y presupuestaria. El problema es que al frente de estas instituciones están personas afines al partido de gobierno que de una u otra manera contribuyeron al triunfo electoral, nombrados-en su mayoría- sin revisión de su hoja meritocrática que acredite la idoneidad para el cargo. Hay evidencia que ha sucedido en empresas como la ENEE, Hondutel, INFOP, SANAA, Fondo Vial, y los funcionarios no fueron despedidos en su momento ni identificados y atrapados todavía por corruptos. Es más, se ha cuestionado la gestión de instituciones como COALIANZA, Mi-ambiente, Secretaria de Salud, Secretearía de Educación y Secretaria de Obras Públicas, donde hay denuncias de actos de corrupción no investigados o en proceso de investigación por la MACCIH y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que pueden quedar en el olvido.
Otro factor causal, es el manejo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que aprueba cada año el Congreso Nacional. En esto, no existen criterios técnicos para la asignación de recursos (El plan de país 2018-2021 es papel mojado), existe un desbalance a favor de secretarias, programas y proyectos en detrimento de los operadores de justicia, caso de la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía (Mauricio Díaz: 2020), y el control y seguimiento presupuestario es inoperante ya que, el presidente de la República, ejerce control directo de los fondos públicos al modificarse la operativa del Sistema de Administración Financiera Integrado (SIIAFI, sin que la Secretaria de Finanzas (SEFIN), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) digan o hagan algo.
“El Siafi que ha sido instancia operativa manejada por la Secretaría de Finanzas, con las reformas aprobados por el Congreso Nacional, el control pasa directamente a la Presidencia de la República. El diputado nacionalista por Francisco Morazán, Rodolfo Zelaya, explicó que las reformas se hicieron en concordancia con el plan de gobierno del presidente entrante Juan Orlando Hernández a fin de establecer una administración pública reducida, con mayores controles para evitar el exceso de gastos y la burocracia y para que sea más efectivo. " (Proceso.hn/nacionales, 18-01-2014)
Lo más usual son las ampliaciones presupuestarias que, a la larga, conduce a la ejecución de proyectos mal diseñados y altamente onerosos para el Estado, y a un manoseo desmedido por funcionarios públicos y diputados que exigen se aprueben dichos proyectos y otras iniciativas de leyes con impacto directo en las finanzas públicas, pero que benefician a parientes, amigos, empresarios y alcaldes del partido en el poder. Incluso, hay programas y proyectos cuyos recursos no se destinan al cumplimiento de sus objetivos/metas, sino que, a financiar campañas políticas, tal como lo ha denunciado dirigentes campesinos con la aprobación del proyecto de reservorios de agua para el “Corredor Seco” y programa de desarrollo agrícola que se ejecutada por las Fuerzas Armadas de Honduras.
Se habla también que la corrupción debe ser combatida desde de la familia y escuela, lo que implica un cambio revolucionario en los sistemas y programas de enseñanza, que se mira difícil, ya que la educación, en el marco del modelo neoliberal vigente, es una mercancía más. El enriquecimiento sin esfuerzo e ilícito es uno de los productos de este modelo, donde los valores éticos y morales no aparecen en el currículo de los programas de educación a nivel medio y universitario. Los valores del mercado se anteponen a los valores de la vida, por lo que es de esperar que estas acciones se evaporen con más corruptos y corruptores. Las iglesias evangélicas venden “milagros” a cambio de una “cuota” que cada vez es mayor, pero estos milagros nada tienen que ver con la honradez.
Otra esperanza de la Iglesia Católica y organizaciones de sociedad civil, era la ampliación del convenio de la MACCIH y el fortaleciendo de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Producto de la presión internacional (cooperantes) y organizaciones de sociedad civil, las autoridades del Ministerio Público crearon la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), que sustituye a la UFECIC, bajo el mando del Abogado Luis Javier Santos, exdirector de UFECIC. Ha recibido el apoyo y la bendición de la Embajada Americana y OEA, pero más allá de la declaratoria, debe haber por el Fiscal Chinchilla, un compromiso manifiesto de garantizar la estabilidad del personal y brindar apoyo en las líneas de investigación identificadas, en especial aquellas que involucran funcionarios de gobierno, diputados y grandes empresarios.
Para Salvador Nasralla, UFERCO es de JOH y Mauricio Olivia, actual presidente del Congreso Nacional y precandidato a la presidencia de la República, por lo que es de esperar que tenga poca incidencia en reducir los niveles de corrupción en el país, encarcelando a los verdaderos corruptos y corruptores.
No obstante, las soluciones deben buscarse también a lo interno de la sociedad hondureña. La primera es restablecer el “orden democrático”, especialmente el imaginario social, institucional y político de la separación de poderes. No es posible que una sola persona tenga capacidades y poderes que condicionan el funcionamiento del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, TSC, policía, FFAA y la mayor parte de las instituciones gubernamentales donde el presidente de la República aparece con competencias para nombrar a los titulares y decidir sobre el uso de los fondos. En tal caso, las propias instituciones se convierten en instrumentos “extractivos” de los recursos financieros y bienes del Estado, beneficiando a una élite de funcionarios, empresarios y militares en detrimento de la economía, salud y educación del pueblo hondureño.
La Tasa de Seguridad Población (TSP) o “Tasón”, vigente desde 2011 y ampliada por tiempo indefinido, que grava transacciones bancarias, es uno de los principales instrumentos “extractivos” que tiene el gobierno. Se habla que sus acciones son transparentes ya que el fideicomiso es administrado por representantes del gobierno, COHEP y Foro Nacional de Convergencia (FONAC) que aglutina organizaciones de sociedad civil pero que tiene escasa influencia en las decisiones de política pública; no obstante, acata decisiones del Consejo de Defensa y Seguridad liderado por JOH, no existe un detalle del monto y calidad de inversiones realizadas a la fecha y grado de transparencia de las operaciones, cuanto se ha recaudado y que motiva el creciente endeudamiento con la banca (¿ Acaso los militares amparados en la ley de secretos se dispararon con la ejecución de proyectos dudosos?) que ascendió a 3,715.9 millones de lempiras a septiembre de 2019 (Heraldo:11/11/2019)
Los gobiernos dictatoriales son proclives a la corrupción, pero también lo son gobiernos cuasi/democráticos que ejecutan políticas de corte neoliberal para beneficio de empresarios locales y extranjeros, privatizando y vendiendo empresas, servicios públicos y recursos naturales a precios de “gallo muerto” bajo la mesa, sin que los beneficios esperados lleguen a la población.
La participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública son fundamentales. Ocupan un proceso de descentralización de decisiones, recursos y poder a favor de actores locales diversos. En la medida que la población conoce más de las decisiones y participa de los procesos de planificación y prepuespuetaciòn local, los funcionarios del gobierno central, diputados y alcaldes roban menos, o tienen menos oportunidades de hacerlo.
Después del golpe de Estado (junio 2009), el Estado hondureño se centralizó más, coaptando y politizando organizaciones como la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), cuya función principal es la lucha por la autonomía municipal y descentralización. El proceso descentralizador, curiosamente iniciado en un gobierno del partido nacional, se ha descontinuado y sustituido por programas masivos de compensación social manejados por la Presidencia de la República, Secretaria de Desarrollo Social y Congreso Nacional, que ha vuelto más dependientes a los gobiernos locales de las transferencias y recursos orientados a paliar la pobreza extrema. Este es otro mecanismo que promueve la corrupción en el país, ya que parte de los recursos no llegan a los beneficiarios y se diluyen en proyectos ejecutados (¿los que se ejecutan?) por contratistas y activistas políticos.
Hay también una especie de Subgobierno o gobierno de la economía (Bobbio: 1986), que actúa en la sombra, pero en Honduras a la luz del día, conformado por empresarios locales, extranjeros, embajadas, bancos y medios de comunicación en menor grado, que inciden en el diseño y ejecución de políticas económicas y sectoriales por parte del gobierno, que les beneficia grandemente. Ejercen una influencia directa en el poder legislativo y judicial para aprobar y sancionar leyes y decretos, y en las instituciones de gobierno como SEFIN, Banco Central, Secretaria de Economía, Secretaria de Agricultura y de Trabajo, entre las más importantes. Es asistido por organismos internacionales, especialmente Banco Mundial y FMI, al imponer medidas de políticas en los convenios de cooperación y préstamos, igual diseñar programas y proyectos que utilizan recursos de préstamos (mayor deuda) de beneficio para estos grupos. Estas políticas promueven no solo el sobreendeudamiento (interno y externo) del y con el Estado, sino también la descapitalización del país.
La vigencia de este subgobierno, incluso dentro de un gobierno como el de JOH, es más fuerte que aquella practica tradicional de captura del Estado, donde los empresarios tratan, mediante sobornos o pagos ilícitos, influir en funcionarios públicos, diputados y jueces para que las leyes, decretos, políticas, programas y proyectos les beneficien. Como se sabe, la captura del Estado por grupos empresariales en asociación con funcionarios públicos, ha dado lugar a programas de reforma apoyados por los OFIs, que no solo buscan achicar las instituciones públicas y transparentar sus acciones, sino también privatizar empresas públicas, servicios y explotación de recursos naturales. El problema es que el culpable son las instituciones y los funcionarios públicos que aceptan los pagos ilícitos, pero no son tan culpables los empresarios que, al final, resultan beneficiados con la reforma.
El Informa de Transparencia Internacional (TI) habla de un mayor control de los intereses financieros de funcionarios formuladores o reguladores de las políticas públicas, que después de dejar el cargo son contratados por empresas privadas perjudicadas o beneficiadas con dichas políticas. Habla de una veda, o sea que dichos funcionarios no deben ser contratados por dichas empresas, caso contrario enfrentan una sanción por incumplimiento. De nuevo, el responsable es el funcionario y no la empresa. Además, los funcionarios pueden actuar a través de terceros (asesorías puntuales) en aquellos casos donde la empresa sale perjudicada o necesita asesoría especializada para el cambio de reglas, por lo que el control de intereses y la veda no funciona.
Finalmente, el informe recomienda fortalecer la integridad democrática, donde lo fundamental es garantizar elecciones libres y justas. Honduras está abocado a un proceso de “transformación” de la institucionalidad democrática, dotando al sistema de una nueva ley electoral, donde la compra de votos y credenciales sean penalizadas, se permita la segunda vuelta, voto en el exterior y electrónico, y regule la reelección presidencial prohibida por la Constitución de la República. La modernización del registro de las personas y la emisión de una nueva tarjeta de identidad es fundamental, igual el funcionamiento de un nuevo Consejo Electoral. El tiempo apremia, y desde ya empiezan las voces políticas que no todo estará listo para las elecciones primarias e incluso generales. En el Partido Nacional, el licenciado Ricardo Álvarez, precandidato a la Presidencia de la República, tiene miedo que JOH aspire a la reelección y pide que las elecciones primarias se adelanten; Xiomara Castro, que aglutina (4) movimientos del Partido Libertad y Refundación (LibRe) tendrá que ir a elecciones internas, y dirigentes liberales como Víctor Cubas, esperan que en la próxima Convención del Partido Liberal se cambie a los miembros del Central Ejecutivo liderado por Luis Zelaya y se imponga el lado “oscuro”.
Para países como Honduras el informe de Transparencia Internacional (TI) quedó corto en recomendaciones. Toca a los actores internos, en especial partidos políticos, coalición de organizaciones sociales y gremiales contra la corrupción, cámaras de comercio, CNA y la academia, en conjunto con agencias cooperantes, construir una agenda de trabajo amplia y detallada para que el país no alcance en un futuro próximo el primer lugar en corrupción. Esto, ya que, al parecer, los resultados obtenidos en el marco de Convenio de Colaboración y de Buena Fe suscrito en octubre de 2014 entre JOH y Huguette Labelle, presidenta de la Junta Directiva de TI, no ha tenido los frutos esperados. Un escudo a favor de la corrupción es la Ley de Secretos y la resolución 69/2014 que esconde información pública sobre manejo de fondos públicos y no permite investigar casos de corrupción, otro es el Código Penal. La ciudadanía esperaba que este Convenio ayudara a disminuir los niveles de corrupción en salud, educación, infraestructura y seguridad, pero más bien han aumentado. En realidad, el Convenio ha servido para hacerle ver al mundo que la gestión del gobierno es la más transparente, pero JOH dice que no sirve mucho sin cada año sale aplazado.
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