En una reciente visita de procuradoras y procuradores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a la oficina de la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), para solicitar información sobre el caso de las víctimas de “El Tumbador”, se les atendió a medias, remitiéndolos a la Dirección de Fiscalías en Tegucigalpa.
El 15 de noviembre del 2010, la finca “El Tumbador” ubicada en el área donde funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), fueron asesinados cinco campesinos de la comunidad “Guadalupe Carney”, Trujillo, Colón, en un terreno ocupado por militares y guardias de seguridad privada del terrateniente Miguel Facussé (fallecido en 2015), dejando además víctimas sobrevivientes, viudas y huérfanos, sin que, hasta el momento se haya hecho justicia.
Con fecha de 31 de enero de 2020, se remitió por escrito a la fiscal jefe de la UMVIBA, Suyapa Rivera Palacios, una solicitud de información firmada por Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización que representa legalmente a las víctimas de El Tumbador y les brinda acompañamiento sicosocial, pues las heridas emocionales no cicatrizan en medio de la impunidad.
Tras esperar varios minutos en la calle frente a la oficina del Ministerio Público, a una temperatura de 35 grados centígrados, el guardia de seguridad fue a preguntar si se les permitía el ingreso, y notificó que sería el fiscal auxiliar Carlos Manuel Barahona quien los recibiría.
Barahona excusó a su jefa, diciendo que estaba en otra reunión, y al informarle el motivo de estar allí y de dejar una nota, el abogado salió en varias ocasiones de la oficina y volvía con respuestas o excusas para no recibir la nota, tras consultar con Rivera, quien no se dejó ver.
Mientras que afuera, un guardia de seguridad fue a tomar foto de la placa vehicular que transportaba a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Se precisa analizar actuación de la UMVIBA
Es impresionante la inacción y parálisis en la que ha caído la UMVIBA, que es una unidad especial creada en el marco del conflicto agrario en la costa norte del país durante la última década, que ha dejado más de 150 víctimas mortales.Con respecto a esta situación, Berta Oliva, considera que la experiencia que se ha tenido con empleados de la UMVIBA merece un análisis porque cada vez se ponen más rigurosos y menos eficientes para atender la demanda de defensores y organizaciones de derechos humanos, pero fundamentalmente de las víctimas.
La comisión del COFADEH que recientemente se trasladó desde Tegucigalpa hasta Colón, fue por varias razones; entre ellas, que hay varios casos que nosotras representamos y de los cuales no se ha dado ninguna respuesta en demanda de justicia, detalló Oliva.
La reacción de la unidad fiscal fue de sorpresa y no supieron qué responder a la solicitud de información. Cabe señalar que el fiscal Barahona expresó que por el paso del tiempo se vuelve más compleja la investigación, al referir que la masacre de “El Tumbador” fue hace 9 años.
“Ese argumento es ridículo, porque las mismas autoridades participaron en la masacre contra campesinos que ligaban por tener un pedazo de tierra. El crimen fue conocido públicamente, y desde ese momento el COFADEH, población y organismos nacionales e internacionales exigieron investigación y justicia”. Berta Oliva, defensora de DDHH
El negarse a decir que no hay pruebas suficientes, solo afirma que los entes de investigación del Estado son parte del problema y el Ministerio Público les hace comparsa.
Agregó que, la renuencia de parte de los empleados del Ministerio Público ante nuestro derecho a la verdad y petición de información, evidencia el desplome del sistema de justicia en Honduras.
Cuando creen que los puede comprometer recibir una nota y tardarse más de 20 minutos para recepcionarla, pero antes consultar, nos muestra que estamos ante un sistema decadente en materia de justicia; pero sí son eficientes para dejar registrado el tipo de vehículo en que se transportan los defensores de derechos humanos y aún más, tomarle fotografía a la placa vehicular y anotar el nombre de las personas creando una zozobra como si fueran delincuentes.
Estamos ante un sistema inquisitivo que lejos de sentirse que va a una entidad del Estado para ejercer una acción legal en representación de las víctimas, lo que hagan de inmediato sea perfilar a quienes andan procurando justicia, declaró la defensora.
Es necesario evidenciar este tipo de abusos porque si están negando hacer acciones legales dentro del marco de la legalidad del derecho, pero cualquiera se molesta que estén registrando, anotando y negando ejercer su deber y nombramiento en ese lugar.
Oliva considera que, el hecho que las remitan hacer una solicitud al Ministerio Público en Tegucigalpa –estando en la oficina correspondiente- no es más que la concentración y consolidación de a poco desde los espacios abiertos para ejercer la dictadura.
El COFADEH denunció que no es la primera vez que agentes del Estado registran con fotografías las placas vehiculares en los que se moviliza su equipo de procuración de derechos humanos en diferentes regiones del país y de manera simultánea. En ese aspecto si se muestran diligentes quienes nos perfilan, pero no dan respuesta a nuestras solicitudes.
Nosotras siempre vamos de frete, afirmó la defensa, nunca hemos hecho nada a escondidas, por lo que, con nosotras pierden su tiempo y vamos a seguir haciendo acciones en favor de los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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