LINyM
Por Giorgio Trucchi
El pasado 25 de enero, fecha en que se conmemora la conquista del derecho al sufragio, las mujeres hondureñas volvieron a las calles para exigir el respeto de sus derechos y plantear varias demandas.
Un nutrido grupo de mujeres que integran diferentes plataformas y organizaciones se movilizaron hasta el parque central en Tegucigalpa.
De acuerdo con datos de la Plataforma 25 de noviembre, la violencia de género ha recrudecido y se contabilizan 3.476 mujeres asesinadas en los últimos siete años, que equivale a casi 500 femicidios por año. El 90% de estos crímenes están en completa impunidad. Sólo en estas primeras semanas de enero se han cometido 22 femicidios.
En relación con los derechos económicos, las mujeres campesinas siguen sin tener acceso a la tierra, casi el 80% de las trabajadoras domésticas no tienen contrato laboral y más del 40% sufre malos tratos.
El Estado de Honduras aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ni el Convenio 189 de la OIT que protege a las trabajadoras domésticas, al tiempo que sigue prohibiendo el uso y distribución de la Pildora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y penalizando el aborto.
La falta de oportunidades, la discriminación, inseguridad y la violencia originada por la imposición de megaproyectos extractivos hace que las mujeres sigan siendo expulsadas del país y de sus territorios. No es un caso que las caravanas de migrantes que en los últimos meses han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos son mayoritariamente integradas por mujeres y menores de edad.
Ante esta situación, la Plataforma 25 de Noviembre exigió respuestas claras a las autoridades, entre otras la aprobación de varias leyes que abordan las problemáticas más urgentes que afectan a las mujeres, cuyos contenidos deberán ser consensuados con las organizaciones de mujeres y feministas.
Asimismo, exigen la despenalización del aborto, la ampliación y fortalecimiento de las Unidades de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, acabar con la impunidad, ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW y el Convenio 189.
Además crear programas de apoyo a hijos e hijas de madres víctimas de femicidio, protección para defensoras de derechos humanos, no desalojos para pueblos negros e indígenas y la no criminalización de la migración.
Finalmente exigieron la derogación del decreto que prohibe el uso de la PAE y la ampliación de los juzgados especializados en violencia doméstica.
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