Por Javier Suazo
Uno de los principios básicos que sirven de sustento al modelo neoliberal es la libertad de mercado. Penetra las instituciones de gobierno, el estamento jurídico, los gremios, grupos de interés y relaciones sociales, pero sobre todo, la conciencia y el sentido común.
Si hay libertad de mercado hay democracia, en el sentido de que la primera es una condición para que se fomenten, promuevan y consoliden los valores y las instituciones democráticas. Libertad de mercado sin libertad política, consolida gobiernos autoritarios y represivos que, a largo plazo, afectan la democracia.
En Chile, esta predica fue cierta en la teoría y utilizada en la búsqueda de objetivos complementarios como desarrollo y estabilidad política, pero la evidencia demostró que la libertad de mercado y los objetivos económicos se lograban más rápido con la instauración en el poder de un régimen autoritario y represivo.
En Honduras, el modelo de ajuste económico y cambio estructural de los 90s tuvo sustento en un gobierno democrático que, incluso, otorgó garantías y reconocimiento político a grupos de izquierda y apoyó el proceso de descentralización con la vigencia de una nueva ley de municipalidades para hacer el gobierno más representativo con la participación de gobiernos sub/nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Pero también es cierto de las intervenciones realizadas para privatizar las funciones y competencias públicas del Estado, desregular las actividades económicas y liberalizar los principales precios de la economía (tasa de interés, salario, aranceles, tipo de cambio), y los servicios públicos como la luz, agua potable y la atención básica en salud.
A partir de ese momento, la libertad de mercado ha estado presente en la agenda de todos los gobiernos (liberales y nacionalistas) que han gobernado el país; incluso, el gobierno de Zelaya Rosales ratificó y dio plena vigencia al CAFTA-RD, principal institución en materia comercial, sin evaluar los impactos negativos en los sectores más vulnerables como son los pequeños productores de alimentos básicos, comunidades étnicas y las Mypyme.
Con el golpe de Estado de junio de 2009, se profundiza esta libertad al servir de argumento para separar a Zelaya Rosales del poder ya que su gobierno iba por la ruta equivocada de violaciones a las reglas de juego establecidas, controlando el negocio de importación de combustibles por las transnacionales, prohibiendo la minería de cielo abierto, fijando un salario desmedido, bajando las tasas de interés y estableciendo encajes legales diferenciados para apoyar la producción de granos básicos; pero ante todo, violando los valores de la democracia representativa con el ingreso de Honduras al ALBA manejada por un presidente de un país camino al socialismo.
Todas las violaciones cometidas por Zelaya a la libertad de mercado fueron corregidas después del golpe de Estado, incluso la prohibición para el desarrollo de proyectos de energía eléctrica en zonas de bosque protegidas. Pero además de ello, se avanzó aún más con la promulgación de la ley del empleo por hora, las alianzas público-privadas, las zonas de empleo y desarrollo económico (zedes), la ley de desarrollo y reconversión de deuda pública, la reducción a dos días en la entrega de las licencias ambientales, y la reingeniería del sector público que achica al Estado y tira a la calle a empleados de las empresas públicas que deberán ser manejadas por la empresa privada y los bancos.
Asimismo, con la profundización del ajuste económico que aumenta impuestos y el servicio de la deuda pública por el mal manejo de la política económica con un fuerte sesgo recesivo y poco transparente, lo cual exige mayor libertad de mercado con menos controles. Este ajuste recesivo focalizado en reducir la inflación, ha impactado negativamente en los ingresos de la población asalariada, trabajador por cuenta propia, los empleados por hora y los micros y pequeños empresarios. Es más, el objetivo de inflación con un rango máximo de 7.5% no se logrará a finales de 2014 (se estima en cerca de 9%) ya que, para parafrasear a Aníbal Pinto, más allá de los impuestos establecidos y la mayor devaluación que encarece los productos de la canasta básica reducida, todavía no se ha investigado el subsuelo de la inflación, o sea sus causas estructurales.
El gobierno de Juan Orlando Hernández le apuesta a más libertad de mercado, pero también a mayor gasto en seguridad pública con la policía militar con rango constitucional; el conflicto clásico entre libertad económica y libertad política está latente, con un interés político de lograr más rápido los objetivos económicos bajo el ropaje de una democracia autoritaria sin fecha de término.
Tegucigalpa, 28 de noviembre de 2014.
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