Por Marianela Jarroud
Parque por la Paz Villa Grimaldi, antiguo centro ilegal de detención y torturas de la dictadura chilena.
Crédito: Cortesía de Villa Grimaldi
La decisión derogar la ley de Amnistía, abre para Chile la posibilidad cierta de sepultar uno de los resabios más dolorosos de la dictadura de Augusto Pinochet: la legalización de la práctica sistemática de exterminio de opositores al régimen.
El jueves 11, durante la conmemoración del 41 aniversario del golpe de Estado que en 1973 derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, la también socialista Michelle Bachelet anunció la tramitación con “suma urgencia” de un proyecto de ley que deroga y anula la ley de amnistía.
Más allá de lo simbólico, el fin de la amnistía podría derivar en la eventual reapertura de juicios que fueron cerrados invocando la polémica norma, y la posibilidad de avanzar en la anhelada revelación del paradero de los detenidos desaparecidos, cuya suerte aún se desconoce.
“Hemos creído que a 41 años del golpe de Estado… Chile tiene que seguir avanzando en más verdad, más justicia y en reparación”, planteó la presidenta el viernes 12, durante una visita a Uruguay.
“Mucha gente en nuestro país está muriendo, y está muriendo sin la verdad”, agregó.
La derogación y anulación de la amnistía es tremendamente simbólica...porque su vigencia mantiene a Chile con una permanente deuda en materia de derecho internacional y porque es un gesto potente hacia las víctimas y sus familiares que aún temen su aplicación en cualquier causa.
El procedimiento de urgencia obliga a que la decisión definitiva del Senado se de en un plazo de 15 días y la gobernante Nueva Mayoría cuenta con los suficientes votos para su derogación en las dos cámaras del Congreso legislativo, por encima de las inmediatas críticas de la derecha chilena a la iniciativa.
El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978 por la Junta Militar presidida por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), dejó sin sanciones a los militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, periodo en que se cometieron las peores violaciones a los derechos humanos en Chile.
Pinochet excluyó de la ley el caso del asesinato del excanciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976, para evitar problemas con la justicia estadounidense, que realizaba una acuciosa investigación.
El decreto obligó a la justicia, tras el retorno a la democracia en 1990, a ocuparse solo de crímenes contra los derechos humanos ocurridos después de 1978.
Pero desde que Chile ratificó en 1998 el estatuto de la Corte Penal Internacional de La Haya, los jueces comenzaron a aplicar su principio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Esa ratificación coincidió con la detención ese año de Pinochet en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón.
Según los expertos, ese hito marcó un antes y un después en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos.
Para el abogado Roberto Garretón, el denominado caso Pinochet, “derribó el miedo de los jueces a hacer justicia” e incrementó exponencialmente una tímida tendencia nacional hacia mayores cuotas de justicia por las múltiples, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura.
“Hasta la victoria” se lee en el nicho que guarda los restos de Víctor Jara en el Cementerio General
de Santiago. Ahora podrá juzgarse a sus asesinos. Crédito: Dominio público
La investigación oficial determinó que en Chile hubo un total de 40.000 víctimas durante la dictadura militar de las cuales 3.095 fueron asesinadas por agentes represivos. De ellas, un millar continúan desaparecidas.
Entre 2002 y 2013 existían 1.350 causas de derechos humanos en trámite o bajo investigación contra más de 800 exagentes de la dictadura. A fines de julio de 2013, la Corte Suprema había resuelto 153 causas criminales, 140 de ellas con sentencias condenatorias. La mayoría de los condenados cumple su pena en libertad.
En el penal Punta Peuco, exclusivo para represores de la dictadura, conviven actualmente 61 condenados, entre ellos el jefe de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y el coronel Miguel Krassnoff, sindicado como uno de los más crueles torturadores del régimen.
La cárcel cuenta con una docena de cabañas climatizadas, rodeadas de áreas verdes, piscina, cancha de tenis y un lugar para hacer asados.
Según los expertos, si bien la justicia desistió de amnistiar o prescribir crímenes de lesa humanidad, aún persiste la lentitud en los procesos, las bajas penas, la falta de transparencia sobre la concesión de beneficios penitenciarios, la continua aplicación de la prescripción total de demandas civiles y parcial de causas criminales.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, confirmó a IPS que la derogación y anulación de la ley de amnistía “es una demanda muy sentida e histórica de los familiares”.
Añadió que si finalmente el proyecto se convierte en ley “sería un precedente muy importante, porque la impunidad existente hoy día en los casos que amnistiaron en el pasado y en los casos en que se aplica la media prescripción, constituyen una denegación de justicia”.
Entre el inicio de 2010 a octubre de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia en 36 casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ninguno de estos casos se aplicó la prescripción o la amnistía.
Sin embargo, a la mayoría de los condenados se les aplicó la causal de “irreprochable conducta anterior” y en 24 casos se aplicó la prescripción gradual o media prescripción, que permite a los jueces rebajar en uno, dos o tres grados la pena. En ningún caso se reconocieron agravantes.
En ese escenario, la derogación de la ley de Amnistía permitiría, por ejemplo, dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado de Chile por la aplicación, en 1997, de la ley de Amnistía en el caso de un opositor ejecutado durante la dictadura.
El tribunal internacional determinó que Chile vulneró las disposiciones del Pacto de San José en el caso de Alfredo Almonacid, un profesor militante del Partido Comunista asesinado el 17 de septiembre de 1973, un día después de haber sido arrestado por la policía.
También permitiría juzgar, sin trabas legales, al asesino o asesinos del cantautor Víctor Jara, acribillado con 44 balazos en el entonces estadio Chile, tras ser brutalmente torturado por agentes de la dictadura que, 41 años después, permanecen impunes.
Más allá de lo jurídico, anular una disposición legal dictada por los propios violadores de los derechos humanos para garantizar su impunidad, tendría un efecto simbólico importante, superior a cualquiera concreto que pueda derivarse, afirmó a IPS el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza.
Recordó que “esta amnistía tiene las características de una autoamnistía, de un autoperdón dictado por los mismos responsables de las violaciones a los derechos humanos”.
Pese a todo, no se puede desconocer que la derogación y anulación de la amnistía es tremendamente simbólica. Primero, porque su vigencia mantiene a Chile con una permanente deuda en materia de derecho internacional y porque es un gesto potente hacia las víctimas y sus familiares que aún temen su aplicación en cualquier causa.
También porque elimina cualquier resquicio autoritario que pueda existir aún en el Poder Judicial y, finalmente, porque a 41 años del golpe se vuelve impresentable que en Chile siga vigente una ley que protege a los mayores genocidas en la historia de este país.
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