Música para el FMI

Alainet

Por Javier Suazo

Niños Migrantes de C.A

La política económica de un gobierno autoritario es música para el oído del FMI, a menos que sea declarado como populista. Ello es válido aunque esta política se manifieste contraria a los postulados del liberalismo, cuando se afirma que la esfera del Estado debe estar limitada para no afectar ni la libertad económica ni la libertad política. En palabras del Milton Friedman “la libertad es una planta rara y delicada. Nuestra mente nos dice, y la historia nos lo confirma, que la gran amenaza a la libertad es la concentración del poder”… (...) la concentración del poder en manos políticas es una amenaza a la libertad”. (Chicago; 1982; pág., 18).

Aunque a Milton Friedman se le ha querido sacar del saco en la experiencia de monetarismo neoliberal autoritario en Chile con el gobierno del General Pinochet, achacándose los fracasos y logros a sus discípulos, es evidente que sus opiniones, recomendaciones y teorías influyeron en el diseño y operación de las políticas económicas, ignorándose sus postulados referidos a la libertad. Los trabajos realizados por el CIEPLAN en Chile, en especial de Alejandro Foxley, Ricardo Davis, Patricia Vergara y Oscar Muñoz, lo demuestran.

En el caso de Honduras, la oposición política representada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido de Innovación y Unidad (PINU) y una parte no despreciable de diputados del Partido Liberal, en una alianza vergonzosa con el Partido de Gobierno por cargos públicos que sus bases esperan termine pronto, han denunciado el autoritarismo del gobierno de Juan Orlando Hernández. Se denuncia el control que tiene en la Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral, Congreso de la República y en los recursos del Estado al llevarse a casa de gobierno la asignación, reasignación y traslado entre partidas  recursos de presupuesto como una competencia de Secretaria de Finanzas (SEFIN). 

Desde la vuelta a la democracia electorera en 1982, todos los gobiernos sin excepción no han cumplido con los convenios suscritos con el FMI, ya que, entre otras cosas, la disciplina fiscal se abandona por los problemas de bajas recaudaciones tributarias, evasión fiscal, corrupción generalizada y uso de los recursos de las instituciones de gobierno para financiar las campañas políticas; sumado a los problemas estructurales cuyo reflejo es el creciente déficit crónico en la balanza de pagos.

En el gobierno de Zelaya Rosales, el activismo de la política económica con subsidios generalizados, bajas tasas de interés y encaje diferenciado, baja tasa de política monetaria, cumplimiento del Estado del docente, aumento de salarios a empleados públicos y policías, ajuste en exceso del salario mínimo, endeudamiento interno, etc., aumentó el gasto publico y afectó las metas de déficit fiscal al representar 2.7%/PIB en 2007 frente a 2.2%/PIB en 2005; lo que fue mal visto por el FMI ya que generó en el lenguaje monetarista, inestabilidad, serias distorsiones en el sistema económico, cambios en las reglas del juego y desconfianza en los empresarios.

Lo anterior, aun cuando las instituciones multilaterales y otras agencias de cooperación como el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) destacaron los logros obtenidos en los primeros años de gobierno, como la tasa de crecimiento del PIB arriba del 6%, del PIB per cápita y en la reducción de la pobreza, ya que el gobierno pudo disponer de recursos condonados en el marco de la Iniciativa del Países Pobres Severamente Endeudados (HIPC) para financiar la inversión productiva y el gasto social, en especial el denominado compensatorio.

Durante el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti Bain, el endeudamiento interno se usó para mantener el aparato militar operando, clientelismo político y cumplir parte de los compromisos financieros con proveedores, incluso para honrar deudas externas y dar continuidad al pago de las transferencias a los gobiernos municipales; el déficit alcanzó el 6.2%/PIB a finales de 2009. Tanto la cooperación bilateral como multilateral se congeló en el orden de unos 280 millones de dólares, pero era evidente que Honduras enfrentaba fuertes desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, solo compensado por la contracción de la demanda de importaciones e inversión publica que impactó negativamente en el PIB.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa tuvo que enfrentar el aislamiento internacional y la falta de recursos de la cooperación externa, por lo que siguió endeudándose internamente y no paró incluso después de las elecciones de 2013. El Acuerdo de Cartagena, suscrito con el aval de los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela, que posibilitó al país volver a ser miembro del concierto de naciones y sus instituciones, fue uno de los logros del gobierno, pero también invisibilizó el golpe de Estado y desmovilizó la protesta pública al retornar Zelaya Rosales al país, participar en política con las reglas del juego establecidas ¿léase fraude electoral? y meter al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en el saco democrático confeccionado por Thomas Shannon, Subsecretario de Estado de EEUU.

Pepe Lobo hizo lo posible para firmar un acuerdo con el FMI de 18 meses, el cual se logró a finales de 2010, lo que significó para Honduras la disponibilidad de 202 millones de dólares, orientado a estabilizar las finanzas publicas e introducir reformas económicas para lograr el crecimiento sostenido y reducir la pobreza; pero también darle credibilidad a una política de ajuste y profundización de reformas neoliberales contrarias a la impulsada por su antecesor, o sea restaurar la confianza de los agentes privados y eliminar las distorsiones de precios como ejemplo los encajes diferenciados.

A finales de 2011, se evidenció que el gobierno no cumpliría con el acuerdo, ya que se mostró muy anuente a satisfacer las demandas de empleo de los activistas políticos, aumentar la burocracia y el gasto público con la creación de nuevas Secretarias de Estado y cumplir demandas de sectores populares como ejemplo la compra de tierras para los campesinos. El gobierno integró la participación de connotados dirigentes de los partidos políticos de oposición como Secretarios de Estado para cumplir el slogan de la reconciliación nacional, pero que operó como un drenaje adicional de recursos del presupuesto nacional.

 De compadre hablado o con cartas marcadas, un gobierno paralelo se gestó desde la presidencia del Congreso Nacional, al grado que la mayor parte de las leyes aprobadas que son música para el oído del FMI, fueron generadas en su seno, caso de la Ley del empleo por hora, promoción y protección de la inversión, alianzas público/ privadas, zonas especiales de empleo y desarrollo, ley fundamental de educación, seguridad publica, tarjetas de crédito, otras. Pero, además, se ejerció un mayor control en los recursos del presupuesto que restó autonomía a la SEFIN, al funcionar como un apéndice de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica.

Las cifras muestras que el gobierno no pudo cumplir con la meta de déficit fiscal, el cual representó el 6%/PIB en 2013 y 7.9% PIB en 2013; además no se cumplió con la meta de recaudación de impuestos con desfases de hasta 20% y de la relación deuda pública/ PIB menor del 30% ya que cerró según cifras oficiales, con cerca del 40%.; contener también el crecimiento de la masa salarial y mejorar las finanzas de las empresas publicas fue una inocentada.

En complemento a ello, tal como ha sido la constante desde la firma del CAFTA-RD, el déficit en balanza comercial se ensanchó al alcanzar los 3,500 millones de dólares, presionando para la promoción y el uso de más endeudamiento externo, remesas de los inmigrantes, inversión extranjera y exportaciones de ciertos rubros como aceite de palma, camarón, café y maquila.

Después de las elecciones generales en noviembre de 2013, con la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de la Republica, una nueva “tanda” de canciones preferidas por el FMI se tocó con la diarrea de leyes aprobada por el Congreso de la Republica con la mayoría aplanadora de diputados del Partido Nacional. Destacan la llamada Ley “Hipoteca” que había sido cuestionada por enajenar y vender los bienes públicos y recursos naturales del país y de las generaciones futuras para pagar cuentas pendientes y nivelar el flujo de caja de Tesorería, ley de privatización de bienes y servicios públicos como las emisión de placas de vehículos, tarjeta de identidad, pasaportes, mapas, etc., poniendo en riesgo la seguridad del país y las personas; pero sobre todo, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de Exoneraciones y Medidas Anti evasión, que aumenta el impuesto sobre ventas de 12 a 15%, bebidas alcohólicas de 15 a 18%, elimina el subsidio a la energía eléctrica a 75 kilovatios hora por mes, exonera a los Cal Center del pago de impuestos, introduce un sobre pago de impuesto sobre la renta para empresas que reportan perdidas, aumenta el pago por registro de propiedad de bienes inmuebles, reduce el numero de productos de la canasta básica exonerada del pago de impuestos, permite que la empresa privada participe de la administración tributaria, entre otros.

Los aplausos del FMI no se han hecho esperar, acompañado de felicitaciones ya que  los funcionarios del gobierno dieron “chascada”, tocaron otras canciones gratis, como la aprobación de la nueva ley de IMJUPEM, aceleración de la vigencia de los fideicomisos en la ENEE y el plan de rescate de HONDUTEL con la participación de bancos privados, contratación de préstamos zopilote ¿pariente de los buitre?, cárcel para algunos de los implicados en el atraco de los fondos del IHSS ¿falta meter preso a los verdaderos actores intelectuales/proveedores que vendieron equipo sobrevalorado por 68 millones de dólares?, y envío al Congreso de la República de la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social, para permitir la incorporación del sector no cotizante y la vigencia de un modelo de aseguramiento con la participación de aseguradoras privadas.

Sobre esto último, es de reconocer que los Institutos de Previsión Social (IHSS, IMPREMA, IMJUPEM e IMPREUNAH) son los principales acreedores del gobierno, ya que el endeudamiento superó en 2013 los 50,000 millones de lempiras, por lo que las nuevas leyes permiten hacer uso de dichos fondos para financiar proyectos productivos, incluyendo los de COALIANZA.

A lo anterior se debe el creciente optimismo de los funcionarios del gobierno por alcanzar la firma de un nuevo acuerdo con el FMI a finales del 2014 o principios de 2015, solo restando cumplir con el compromiso de reducir el gasto publico (léase despido de empleados), ajustar aún más las tarifas de la energía eléctrica para reducir perdidas y cerrar la brecha financiera en HONDUTEL, que será parte de la condicionalidad del nuevo convenio; el gobierno todavía no se atreve a  “tocar” la devaluación acelerada ya que puede ser abucheado, aunque sea una de las canciones preferidas del FMI.

Tegucigalpa, Septiembre de 2014.