El pasado 9 de agosto fue celebrado con la usual fanfarria el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el que forma parte del santoral de Naciones Unidas desde 1994. Casualmente días antes el Banco Mundial sacó a relucir sus nuevas salvaguardas sociales y ambientales, las que no son más que una amenaza para el futuro de los pueblos indígenas y el retorno a un pasado cercano, plagado de desalojos, despojos y masacres en nombre de un desarrollo neocolonialista
Como parte de esa historia escrita con sangre y el financiamiento del Banco Mundial, está el capítulo nesfasto de Guatemala, donde en el año de 1984 el ejército de ese país procedió a exterminar a la población maya-achi de Río Negro, Baja Verapaz. En las masacres de la capilla de Río Negro, Aldea Xococ, el cerro Pacoxom, los Encuentros y Agua Fría, fueron liquidados alrededor de 400 indígenas y desplazados 3445. El etnocidio cometido contra el pueblo Achi fue producto de la construcción de la represa del Chixoy, Financiado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de las denuncias presentadas en contra del gobierno de Guatemala y los llamados efectuados tanto al BM como el BID, la construcción de la represa continuó y la obra fue finalizada en 1985. No obstante la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 2012, condenando al Estado de Guatemala por las violaciones a los derechos humanos, hasta la fecha continúa evadiendo su aplicación.
Además de las masacres del Chixoy, el BM concedió un empréstito de más de $450 millones para la construcción de la represa de Sardar Sarovar en el río Narmada, India, la que afectó al pueblo Adivasi, desplazando a más de 200 mil personas.
El B.M. además financió las plantaciones de palma africana en Indonesia durante la dictadura de Suharto, con resultados fatales para los pueblos indígenas. De igual manera respaldó entre 1979 y 1988 en el Paraguay a la dictadura de Alfredo Stroessner con la construcción de la megarepresa del Yacyreta, El monto de la obra ascendió a us $ 11mil millones y desplazo a mas de 100 mil indígenas y campesinos, los que nunca fueron compensados por los daños causados.
El retorno a las masacres y los desplazamientos
El BM a través de su historia a tenido una serie de cambios en sus operativas (1987,1997, 2004) con las cuales supuestamente ha tratado de mitigar los efectos adversos de sus proyectos de “desarrollo”. El pasado 30 de julio, el Banco Mundial (BM) reafirmó la ambigüedad de sus políticas en referencia a los pueblos indígenas, y optó por descartar las sugerencias de un sinnúmero de organizaciones, que alertadas por las filtraciones de los borradores de las nuevas salvagurdas, alzaron sus voces señalando el grave retroceso para los pueblos indígenas, los que tememos una avalancha de megaproyectos que arremeterán contra nuestros pueblos y territorios.
El paso que pretende dar el BM, implica un retroceso de décadas de negociaciones. Para el año 1991 el BM publicó la Operativa Direccional 4.20 sobre Pueblos Indígenas, dirigida a orientar al personal del Banco y de los gobiernos de los países prestatarios sobre las reglas a seguir en la materia. En el año 2005 el BM sustituyó la Operativa Direccional 4.20 por una nueva y diluida versión, la que para muchas organizaciones representó un retroceso en comparación a su operativa predecesora.
Sin embargo con la nueva política denominada el Estándar Ambiental y Social 7 (ESS7) se retrocede aún más y permite a los estados-nación descartar la aplicación de la salvaguarda, en situaciones "donde la identificación como pueblos indígenas podría exacerbar las tensiones étnicas o sea incompatible con las disposiciones de la Constitución nacional". De esta forma el BM se sustrae de sus obligaciones referentes a pueblos indígenas y el derecho internacional, tal como lo indica el punto 9 de la salvaguarda ESS7
La diluida aplicación del derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI) se convierte en una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas, ante las inconsistencias en materia de derechos humanos que plaga a las mayoría de los estados-nación, los que rehúsan en múltiples ocasiones reconocer los derechos de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobe los derechos de los Pueblos indígenas. Los puntos B.19 y especialmente el B.20.D, anulan la aplicación del CPLI ante la enorme experiencia que poseen los estados de dividir a los pueblos a través de dádivas o amenazas.
Es de temer que el BM iniciará una etapa de sistemática desprotección de los pueblos indígenas, y masacres como las del Chixoy retornarán. Aparentemente existe un fondo de 60 mil millones de dólares del BM, el cual se supone será destinado a megaproyectos, muchos de ellos relacionados con represas hidroeléctricas. La aparición en el panorama del nuevo Banco de los BRICS y el auge del Banco de China y sus empréstitos en todos los confines del planeta, aseguran una fuerte competencia para el BM y los bancos regionales, situación que sirve de pretexto para invalidar los avances en materia de derechos humanos y ambientales por parte del BM.
Otras de las operativas que sufre un enorme retroceso es la de reasentamiento involuntario, ahora denominado el Estándar Social y Ambiental (ESS5). En el punto 27 indica que el prestatario no recurrirá a usurpación forzosa, no obstante conociendo el historial del BM, es de temer que situaciones como las de los desalojos de los pobladores de la rivera dellago Boeung Kak en Camboya, o las del pueblo anuak en la provincia de Gambella, Etiopia se repetirán de forma más frecuente.
La experiencia de OFRANEH con las operativas 4.20 y 4.10 y el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH)
La OFRANEH ante la imposición del proyecto PATH y el desconocimiento por parte del Estado de Honduras de la consulta comunitaria efectuada por el pueblo Garifuna en el año 2003 y el rotundo rechazo a los borradores de Ley de propiedad presentados por el estado, nuestra organización recurrió al Panel de Inspección del BM para tratar de remediar lo que avizorábamos como una ley destinada a diluir los títulos comunitarios.
El panel presentó un exhaustivo informe en el año 2007, donde señaló como el estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT al no tomar en cuenta los resultados de la consulta comunitaria y las observaciones presentadas por la asamblea Garífuna. Como de costumbre la Gerencia del BM desatendió el informe presentado por el Panel de Inspección, y hasta la fecha vemos como los títulos comunitarios son diluidos a través del artículo 100 de la Ley de Propiedad
El caso del PATH en Honduras no es aislado, el BM repitió la historia en Panamá, donde el pueblo Naso presentó una petición ante el panel de inspección y posteriormente unasegunda petición fue introducida por el congreso de Area Anexa de Bocas del Toro. Los proyectos de administración de tierra a pesar de sonar inofensivos, están dirigidos contra la propiedad comunitaria, la cual es considerada como fuente de subversión y un impedimento para el "desarrollo".
Es de temer que las nuevas salvaguardas del BM se convertirán en un holocausto para mucho de los pueblos indígenas, o por lo menos para aquellos que se oponen a los planes de despojo y desalojo de los estados-nación, y no se doblegan ante la falacia de un desarrollo basado en la acumulación de capital y la destrucción del planeta.
Sambo Creek, 29 de Agosto del 2014
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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