Por Oscar Ugarteche y Ariel Noyola Rodríguez *
Paul Singer, el propietario de NML Capital, le hizo, sin querer, un enorme favor a la humanidad. En un par de meses, deslegitimó por completo las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI) existente y, de paso, fortaleció el respaldo de la mayoría del mundo a favor de Argentina. En ese sentido, la carta dirigida el pasado 25 de agosto al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, firmada por los economistas Joseph Stiglitz, Robert Solow, Dani Rodrik y José Antonio Ocampo, entre otros, y el ex primer ministro canadiense Paul Martin, constituye una parte del comienzo de una campaña global para transformar los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La otra parte es la iniciativa impulsada por el grupo G77 más China (integrado por más de 130 países) para elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas una iniciativa de reforma al respecto.
Por un lado, se ha puesto nuevamente en cuestión la institucionalidad edificada al término de la segunda posguerra bajo mandato estadounidense. En segundo lugar, y más importante todavía, el agravio en contra de Argentina detonó un amplio consenso en torno a la necesidad de realizar una reforma profunda de la AFI, al día de hoy basada en las leyes de Nueva York y sujeta a los tribunales de dicha ciudad, con contratos denominados en dólares y con fallos aplicados universalmente. Es decir, el embate de los buitres contra Argentina precipitó la crisis de confianza en el dólar como instrumento de crédito y de Nueva York como espacio jurisdiccional privilegiado para resolver reestructuraciones de deuda futuras.
Hoy es evidente que los fondos buitres constituyen el sector más agresivo del capital financiero. A través de complejas maniobras jurídicas y especulativas apoyadas casi siempre por funcionarios públicos de alto nivel, los fondos buitres han puesto contra la pared en las últimas dos décadas a varios gobiernos soberanos (República del Congo, Panamá, Perú, Argentina, etc.). El modus operandi consiste en exigir pagos completos más intereses devengados en momento críticos por títulos de deuda comprados en gran descuento. En el caso argentino, en 2005 y 2010 aproximadamente 92% de los acreedores aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno después de la crisis de 2001. Sin embargo, 0.45% del 7% restante de los acreedores que no llegó a un acuerdo (holdouts), compró bonos por un valor de 40 millones de dólares que ahora pretenden cobrar de manera abusiva en más de 1,300 millones de dólares.
Por esa razón, y ante el temor de que los buitres cobren nuevas víctimas, el canciller argentino Héctor Timerman, acompañado del ministro de Economía Axel Kicillof, anunció el viernes 29 de agosto en Buenos Aires que el grupo G-77 más China había aprobado de manera unánime presentar una propuesta ante la ONU a fin de establecer un nuevo marco regulatorio. Kicillof detalló: “el resto de los países nos ha pedido que transmitamos esta experiencia para que nunca más pase lo de Griesa, nunca más pase un reclamo como el que formula Singer […] los fondos buitres son un parásito del sistema financiero internacional que tiene que desaparecer". El próximo martes 9 de septiembre, se presentará la iniciativa: “Si la mayoría vota afirmativamente, en menos de un año Argentina habrá dado al mundo una Convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino con base a lo que resuelvan todos los Estados miembros de la ONU”, detalló el ministro argentino (Xinhua, 30/08/2014).
De otro lado, un día anterior al anuncio del gobierno argentino, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), que integra a más de 450 miembros entre bancos, emisores de deuda e inversionistas de más de 52 países, hizo pública la idea de generalizar las cláusulas de acción colectiva incorporadas en los contratos. De este modo, el nuevo marco regulatorio transformaría de jure las relaciones entre deudores y acreedores. Por un lado, haría valer la voluntad expresa de las tres cuartas partes de los acreedores en situaciones de controversia y por otro lado, neutralizaría de facto los ataques por parte de los fondos buitres. El siguiente paso consiste en que los gobiernos nacionales adopten de manera inmediata la nueva reglamentación. Lamentablemente, los cambios no incluirían a Argentina ya que no son de carácter retroactivo. Hay, por tanto, dos pistas de reforma abiertas, o más Estado a través de Naciones Unidas o más Mercado con el ICMA. Parece imposible para el sistema internacional volver al status quo previo al fallo de Griesa.
Ambas iniciativas ocurren un mes después de que Argentina había sido declarada en default parcial por parte de la Corte de Nueva York. En conclusión, el conflicto entre los buitres y Argentina aceleró el declive de Nueva York como el centro articulador del sistema financiero internacional y puso sobre la mesa la necesidad de implementar reglas más universales, justas y transparentes. Mientras tanto, los fondos de George Soros y Citibank mantienen juicios abiertos con el Bank of New York apreciándose así que la AFI ya no beneficia a los inversionistas mayoritarios ni asegura la estabilidad del sistema global.
*Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
* Ariel Noyola, miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
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