martes, 16 de septiembre de 2014
El Gobierno de JOH no tiene estrategias para garantizar los derechos de la niñez
Un estudio, realizado por Casa Alianza Honduras, evidenció que de los 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes hondureños al menos un millón no van a la escuela, 500 mil están siendo explotados laboralmente, ocho mil viven en las calles y cerca de 13 mil han abandonado el país en busca de mejores oportunidades y huyendo de la violencia que generan los grupos del crimen organizado.
Las anteriores estadísticas sólo evidencian las constantes violaciones a los derechos de los niños y las niñas y la falta de estrategias y/o políticas públicas del gobierno central, los gobiernos municipales y el Estado en general, en favor del sector niñez.
Elías Villalta, un niño que participó en el Primer Foro sobre los derechos de la niñez, que se realizó en Tegucigalpa, en el marco del día del niño y la niña hondureña -10 de septiembre-, demanda al gobierno de Juan Orlando Hernández respeto a la vida y menos gasto en armas y en creación de fuerzas de seguridad.
“Le exijo que se respete nuestro derecho a la vida, y también le exijo que no invierta tanto dinero en armas y en ejército que no necesitamos; que invierta en educación que es lo que nos va a dejar algo en el futuro, porque con armas sólo vamos a cosechar muerte y destrucción”, expresó Elías.
Gobierno violador de derechos de la niñez
Recientemente, el gobierno de Juan Orlando Hernández instituyó la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia –DINAF-, para que la misma cumpla con un rol de rectoría en políticas para los niños y las niñas hondureñas, sin embargo, Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones por los Derechos de la Niñez –COIPRODEN-, señala que dicha dirección carece de un sistema de protección integral para la niñez, y por lo tanto en Honduras se torna difícil ser niño y niña.
“Se es difícil en Honduras ser niño porque es un sector que históricamente ha estado colocado en una posición de vulnerabilidad y porque hasta la fecha en Honduras no contamos con un sistema nacional de protección integral, que permita una atención directa especializada y con los suficientes recursos para la implementación de políticas públicas”, dijo Vásquez.
Niñez migrante retornada
Estadísticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos apuntan que hasta mayo de 2014 se calculaba que 47 mil niños y niñas centroamericanos habían cruzado la frontera entre México y Estado Unidos, huyendo de las condiciones de violencia, crimen organizado y pobreza.
Del total anterior se estima que unos 13 mil son hondureños y que hasta inicios de junio de 2014 más de 1, 400 fueron deportados por la vía aérea y vía terrestre desde México.
Para Dennis Múñoz, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH–, el éxodo de niños y niñas hondureñas, pero también las deportaciones desde Estados Unidos y la frontera mexicana, únicamente evidencia la crisis de país y el fracaso de la política social del actual gobierno y sus predecesores.
“Lo único que decanta es que, efectivamente, estamos en un Estado fallido, que lo que hay es una institucionalidad literalmente colapsada que no responde a los intereses de la sociedad y, obviamente, termina expulsando a sus niños y a sus niñas que buscan una reunificación familiar y mejores oportunidades que no las han encontrado en Honduras”, expresó Múñoz.
En julio pasado, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, en una reunión con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, solicitó el otorgamiento de visas humanitarias y asilo político para los niños hondureños detenidos en la frontera, solicitud que no fue aceptada.
“Es una acción cínica. Es una pena y una vergüenza que un alto funcionario del Estado solicite de esta manera tan vergonzosa que ampare a través del asilo político o humanitario a las niñas y los niños, es una pena profunda”, expresó Núñez.
Luis Chávez, niño de la comunidad garífuna, exige que el actual gobierno cumpla con sus promesas de generación de empleo, pues de esa manera los adultos no tendrían que emigrar para lograr una vida mejor para ellos.
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“¿Dónde está el apoyo para las personas de escasos recursos? Un lápiz puede costar cinco lempiras, pero el problema es que no tenemos ni cinco lempiras, no tenemos ni para estudiar; esa es la situación que nosotros atravesamos. La falta de educación y trabajo es la clave por la que muchos garífunas y personas estén emigrando”, cuestionó y reflexionó, Luis.
Roberto Bussi, gerente de programas en Plan Internacional Honduras, asegura que los albergues que ha improvisado el gobierno de Hernández, para los niños y niñas deportadas de Estados Unidos y la frontera con México, deberían ser un componente de un programa más integral y de prevención.
“El primer paso –para darles una calidad de vida- es la prevención, ver qué municipios son los expulsores para evitar la salida de los niños y niñas; y en el tema de la atención crear un sistema de protección integral, para que el niño regrese a un ambiente seguro a su comunidad”, propone Bussi.
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