Esta semana, la vida, sueños e ilusiones del pequeño Justin Isaac Murillo de 11 años, se esfumaron en manos asesinas. El cuerpo de este pequeño fue encontrado sin vida en las cercanías de la colonia Fesitranh en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Autoridades policiales informaron que el pequeño desapareció el martes, un día después fue encontrado sin vida, con una soga amarrada al cuello por lo que se presume que fue asfixiado.
Los hechos mantienen consternada a la ciudadanía que desde hace varios meses ha visto el incremento de muertes de niños y niñas en diferentes circunstancias y hechos violentos.
Wilmer Vázquez director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, Coiproden, condena el asesinato de menores registrados en el país. “Son hechos abominables que la sociedad en general repudia y que hacemos este llamado para que evitemos estos casos”.
Para Vázquez, los niños y niñas son víctimas del sistema y de la sociedad en general. Es por esa razón que urgen que en nuestro país se construya una verdadera estrategia de seguridad.
Ante este clima de violencia y criminalidad que ahora se ensaña con niños y niñas, es momento de crear acciones de seguridad, consensuadas con los diferentes sectores, que sea realista y que responda a lo que vive el pueblo hondureño, afirma Wilmer Vázquez.
“No podemos olvidar las estadísticas, en los últimos 15 años, se registran 9,725 asesinatos de personas menores de 23 años”, señala la Red Coiproden.
Recientemente José Guadalupe Ruela director de Casa Alianza Honduras, dijo que en los primeros siete meses del gobierno de Juan Orlando Hernández, cerca de 700 niños y niñas habían sido asesinados.
“Y el patrón de muertes de menores es similar, hay personas que andan en carros caros, con armas caras, y según nos dicen en algunos barrios y colonias, también con equipos caros como chalecos antibalas, gorros pasamontañas, botas, celulares y con armas intimidantes, y son ellos quienes están matando niños.
Llegan, agarran a un niño y a los tres días aparece ejecutado en costales. Son asesinatos a sangre fría”, dijo Ruela.
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Sin embargo es evidente la falta de voluntad política del gobierno de Juan Orlando Hernández de proteger a la niñez hondureña y a la población en general de las garras de la inseguridad y violencia. Ahora es común escuchar en los hogares hondureños “ahora ni a la pulpería mando a mi hijo”, “mi niño tiene prohibido salir a jugar a la calle”, entre otras expresiones que deben decir los padres y madres de familia para evitar que sus pequeños sean las próximas víctimas de este sistema.
Vázquez asegura que en reiteradas ocasiones tanto Juan Orlando Hernández como el ministro de seguridad, Arturo Corrales, se han comprometido a elaborar y ejecutar estrategias de seguridad, “pero existen explicaciones a los resultados que vemos nosotros ahora mismo que tienen que ver como la respuesta que el crimen organizado está teniendo frente al ataque directo que desde el Estado se les está haciendo”.
Y si esa es una respuesta del crimen organizado ¿Cuál es la respuesta que tendrá el Estado? Se preguntan analistas del país. Y es que mientras la sangre de inocentes sigue derramándose, no se ha visto acciones del gobierno para investigar y castigar a los responsables, las víctimas se quedan únicamente en cifras y las hipótesis no pasan de ser por robo o porque se negaron a integrar las pandillas.
“Nosotros creemos que si existe tantos recursos destinados a las fuerzas de seguridad del Estado y se han creado tantas fuerzas de seguridad, no entendemos cómo pueden seguir incrementándose el número de muertes,” concluyó el representante de Coipodren.
Los culpables
Al no tener respuestas concretas, tanto el Estado como el gobierno son los responsables del clima de violencia que cobra la vida de 19 personas al día en Honduras. Porque el responsable de darle seguridad al pueblo hondureño es el gobierno, y son ellos los que deberán dar explicaciones. Evidentemente si no hay respuestas, existe una responsabilidad compartida del crimen y la ineficiencia e incapacidad que han tenido los diferentes gobiernos para poder responder al tema de violencia y de inseguridad, concuerdan analistas.
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