martes, 11 de junio de 2019

Otro preso político en la lista del régimen



El joven Rommel Herrera Portillo (23 años) ha sido recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, luego que la Fiscalía lo acusara de los delitos de incendio agravado y daños en perjuicio de la embajada de los Estados Unidos (EEUU) en Tegucigalpa.

La decisión adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) contraviene la orden emanada por el juzgado que conoció la causa del universitario, al cual se le dictó “detención judicial” por 6 días para inquirir y no “prisión preventiva”.

Tras conocer de la situación, los parientes de Rommel Herrera Portillo se avocaron al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), donde la coordinadora general de dicho comité, Bertha Oliva, giró instrucciones para que el Área de Acceso a Justicia interpusiera un recurso de “Hábeas Corpus Correctivo” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para constatar que no se cumplió con las instrucciones dictadas por los tribunales sobre el caso del universitario; que debió ser recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara.

El pasado viernes 31 de mayo, fecha en que sucedió la quema de llantas en el portón principal de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, durante una gran movilización protagonizada por médicos y maestros aglutinados en la Plataforma para la Defensa de la Educación y La Salud, Rommel Herrera  fue capturado por la Policía, después de que se difundió un video, en el que; que supuestamente habría participado, junto a otras personas, todas encapuchadas.

Herrera, inicialmente fue enviado a la Posta Policial ubicada en el barrio El Manchén y posteriormente a la estación de la Policía Metropolitana más conocida como CORE7. La Fiscalía imputó los delitos de incendio agravado y daños contra el docente y estudiante universitario. Al llegar a Támara, hubo una contraorden para que al joven lo trasladaran a Morocelí, a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.

Llama la atención y además es muy sospechoso, que durante el incendio, el edificio de la delegación diplomática estadounidense, no contaba (aunque sus diversas casetas siempre tienen guardias) ni con agentes de  seguridad privados, ni con efectivos policiales, que de acuerdo con convenios internacionales, es una obligación de todos los países, destinar efectivos policiales para salvaguardar las instalaciones diplomáticas.

La CSJ nombró la tarde del martes 4 de junio como jueza ejecutora a la abogada Sofía Lozano, para que realice las respectivas diligencias y compruebe que en efecto, no se cumplió con la medida de detención judicial  contra Rommel Herrera en la Penitenciaría Nacional de Támara, y que por el contrario el Instituto Nacional Penitenciario decidió enviarlo a La Tolva.

Los parientes más cercanos del joven, su padre Juan Carlos Herrera, su madre,  MariCruz Portillo, su tía Diana Varela, todos docentes, pasaron más de 72 horas sin conocer el centro de detención en el que se encontraba su familiar. No fue sino hasta el martes 4 de junio al filo de las 4:15 pm, cuando acompañados de la abogada María Elena Fonseca y un periodista del COFADEH, los familiares conocieron el paradero de Rommel.

Rommel está recluido en “La Tolva”, cárcel de máxima seguridad donde permanecen privados de libertad los presos políticos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, acusados por el régimen de Juan Orlando Hernández, de incendio agravado, daños y fabricación de explosivos, entre otros delitos.

Tanto Espinal como Álvarez han presentado desde su reclusión en enero de 2018, deterioro en su salud, debido a que no les permiten tomar complejos vitamínicos, alimentación balanceada o frutas, de acuerdo a informes brindados por sus abogados.

Mientras tanto, la audiencia inicial para Rommel Herrera Portillo está prevista para este jueves 6 de junio. Ahí, la Fiscalía y la Defensa  presentarán las pruebas testimoniales y documentales, y la jueza u juez que conozca la causa, decidirá si dicta sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo o auto de prisión contra el universitario.

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