Por German Reyes
Foto: Radio Progreso
Honduras es el país donde existe mayor cantidad de armas que libros y medicinas, más batallones que hospitales y cárceles mejor equipadas que las escuelas y colegios. La educación, la salud y los servicios públicos, los encamina el gobierno a la total privatización y provoca malestar en los pobladores, que salen a protestar en diversas regiones del país.
El titular del Poder Ejecutivo que dice cuidar mucho la imagen del país, no le gustan las protestas y las reprime con soldados y policías armados, que para dispersar a los manifestantes les tiran cantidades industriales de bombas lacrimógenas y en reiteradas ocasiones hasta bala viva. Los persiguen, los torturan, los encarcelan y los criminalizan.
El 27 de enero pasado una protesta por el primer aniversario del segundo mandato ilegal de Juan Orlando Hernández fue reprimida por la policía y el ejército, con disparos de armas de fuego y el lanzamiento de gases lacrimógenos, que no solo afectaron a los manifestantes sino a los vecinos de las comunidades cercanas, tal como ocurrió en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
La Policía le infirió un balazo y mató a Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada, mientras participaba en una manifestación en Choluteca, el 11 de abril de este año.
Wilfredo era un joven de 17 que su casa fue allanada ilegalmente en meses anteriores tratándole de involucrar en drogas, pero el objetivo principal era amendrentar a los marchistas del Sur del país que se manifiestan contra arbitrariedades del gobierno desde el 27 de noviembre de 2017.
El 12 de abril un día después de la muerte del joven que murió en el hospital por la gravedad de las heridas de bala, la misma policía les lanzó gases lacrimógenos a la multitud que acompañaba en el entierro de este joven. Aún el Ministerio Público no ha enjuiciado a ninguno de los responsables.
Defensores de derechos humanos de la zona informaron que no hubo enfrentamiento, pero que los policías desenfundaron sus armas de fuego y amenazaron a los parientes y los pobladores que iban en el sepelio.
De igual manera, el 01 de mayo pasado, en Tegucigalpa, la policía reprimió a miles de personas que participaban en una marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajador. Allí, lanzaron bombas lacrimógenas y persiguieron a estudiantes, que alegremente coreaban esta canción, “Y va a caer y va a caer, la dictadura va a caer”, que era acompañada de la ya tradicional consigna, “Fuera JOH”.
En las últimas tres semanas la represión ha estado a la orden día por las manifestaciones que han realizado maestros, médicos y estudiantes, que defienden de la privatización, los sistemas de salud y de educación. En esta lucha se ha denunciado la infiltración de la policía y han detenido, incluso a niños, que estudian en secundaria.
Y para no perder la costumbre, el pasado domingo, en un partido de la final del futbol hondureño, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, unos aficionados gritaron “Fuera JOH” y ese fue el motivo para que la policía lanzara gases lacrimógenos en el interior del coliseo, donde se encontraban más de 20 mil hondureños, entre hombres, mujeres y niños.
“Y esa represión se está legalizando para evitar que la gente proteste”, dijo a pasosdeanimal grande.com, la coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), María Luisa Regalado.
CODEMUH es un organismo de derechos humanos, con más de dos décadas, defendiendo los derechos laborales de las trabajadoras de la maquila en Choloma Cortes. Y en su labor, en el clamor de justicia, la CODEMUH moviliza a las obreras, una situación que se ve perjudicada con la criminalización de la protesta, legalizada en el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en noviembre próximo.
Regalado dijo que es lamentable que el Congreso Nacional además de criminalizar la movilización también apruebe decretos encaminados a privatizar la salud y la educación.
Para ella, esos decretos criminalizan a los estudiantes, las madres y padres que se toman los centros educativos, y además amenaza a los maestros con despedirlos para contratar a otros.
Regalado cuestionó que paralelamente a la criminalización de todos los sectores, el Congreso disminuye las penas para los delitos por violencia doméstica, el narcotráfico y demás crimen organizado.
Asimismo denunció que antes su organización no tenía problemas para realizar manifestaciones en el parque central de San Pedro Sula, pero que últimamente han sido reprimidas y les exigen un permiso de la municipalidad. “Y si dejamos que nos impongan reglas represivas después viene la esclavitud y la privatización de todos los servicios”, indicó Regalado.
En el mismo sentido, se refiere al tema la catedrática universitaria y diputada del Congreso Nacional, Patricia Murillo. Ella confirma que la criminalización de la protesta es uno de los pilares en que se basa este gobierno al que determina como dictadura.
“El pueblo ya no aguanta, sale a manifestarse y para continuar un régimen están institucionalizando la criminalización de la protesta”, expresó Murillo.
Para ella la dictadura se trata de enraizar usando acciones legales o de intimidación, interviniendo las comunicaciones, ocultando la verdad ,omitiendo opiniones y buscando perfeccionar un esquema único del pensamiento, “de que todo está bien y que vivimos una vida mejor”.
Afirmó que para mantener la masa humana adormecida, el régimen ha instaurado una represión con una sociedad vigilada y con un riesgo que va desde perder un trabajo hasta la vida. Y como ejemplo mencionó el Congreso Nacional que más parece un retén policial, con hombres armados que reprimen a la gente para instaurar una cultura de sometimiento.
“Pero esa represión perversa también incluye el descalificar a las personas para hacerle creer a la sociedad que todo está bien”, señaló Murillo.
Agregó que en Honduras la calidad de vida se ha deteriorado por la falta de empleo, de educación y salud y que esa situación reproduce malestar y protesta, que el gobierno resuelve con la represión.
Una situación aberrante
Murillo expresó que reprimir la libertad de expresión es hacerlo contra la naturaleza humana, que las personas nacen crecen y se van de este mundo, pensando en algo, pero que este gobierno no solo atenta contra este derecho fundamental a fuerza de las armas, sino también con las leyes que se aprueban inconsultamente en el Congreso Nacional.
“El Parlamento ha aprobado decretos que los diputados de la oposición no los han conocido antes, que bien por ellos, hacer eso en una dictadura, tal vez menos violenta, que las anteriores, pero más perversa y represiva. Ahora tienen un nuevo Código Penal donde cualquiera está sujeto a penas graves por expresarse”, aseveró Murillo.
Destacó que al mismo tiempo en que elaboran leyes lesivas y aplican métodos de represión, también hacen más visible la publicidad oficial y desarrollan programas como el de los Guardianes de la Patria, encaminados a ir creando en las escuelas la idea de un pueblo militarizado y la figura del hombre armado que desplaza la imagen y pensamiento de los próceres, como Francisco Morazán.
Sostuvo que a esas acciones también se suman las opiniones de las cúpulas religiosas afanándose por victimizar el sistema explotador ante el reclamo de la población.
Semana de protestas por el derecho a la educación y la salud
Ante la convocatoria a una semana de protestas entre el 27 y 31 de mayo por los colegios magisteriales y los médicos, la virulencia con que se aborda el derecho a la protesta por parte del gobierno, se avizora mucha represión contra los manifestantes.
Se han anunciado por este movimiento denominado Plataforma en defensa de la Eduación y la salud, una serie de acción para detener la privaticación de los servicios del ramo. Al mismo ya se unió el movimiento social.
Mientras el gobierno anunció su propia plataforma integrada por personajes que han sido usados desde siempre para deslegitimar el derecho a la protesta e iglesias que llaman a orar pero se quedan calladas ante le represión salvaje contra la población.
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