Hágase la luz, y la luz se hizo. Fue así como la organización comunitaria comenzó a iluminar las casas y calles de la aldea Camagüey en Tela, Atlántida, donde lo que comenzó como un sueño se transformó en un ejercicio de soberanía; al proteger y utilizar su territorio y río para la generación de energía.
Los habitantes de esta comunidad aprovechan el caudal del río Camaguey, el cual es desviado a través de un tubo de plástico para ser llevado a la turbina que genera su energía. El agua es devuelta al caudal. El río no se represa, no se contamina y sigue siendo apto para consumo humano. Además, este tipo de proyectos exige a sus habitantes no cortar árboles y permanecer en constante reforestación. El proyecto abastece de energía a más de 20 viviendas, pero que tiene la capacidad de generar hasta 15 kilovatios.
Desde hace 5 meses las noches son diferentes para Juan Hernández y las familias de Camagüey. Un lugar inmerso en olvido y abandono estatal que hasta hace poco conoció la energía eléctrica en vida propia.
Con una sonrisa él cuenta que ahora tienen más oportunidades de almacenar comida, y que sus hijos hagan las tareas de la escuela en horas de la noche.
Además, ya no hay que irse a dormir con el canto de las gallinas. Aunque hay energía en todas las viviendas, muchas familias no cuentan con el dinero suficiente para comprar televisores u otros electrodomésticos. Así que las noches son animadas con las conversaciones de los vecinos y vecinas.
Para llegar a Camagüey se necesitan dos horas en la montaña desde la carretera C-13, que recorre el Atlántico hondureño, y un carro doble tracción para atravesar los ríos y cerros. También se necesita compromiso; pues es una de las comunidades más postergadas en el país, donde su población no cuenta con los servicios básicos, el Estado brilla por su ausencia. Según relata su gente; los políticos únicamente llegan cuando necesitan el voto o cuando han concesionado el río y la montaña a la empresa privada. El resto del tiempo son comunidades invisibles.
Pero a través de la organización comunitaria y el acompañamiento de la iglesia católica junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hoy las familias generan su propia energía, la que les permite acceder a otros servicios públicos, entre ellos un centro de salud y una escuela.
Contexto
Quien visitaba con frecuencia la comunidad de Camagüey era el sacerdote claretiano Elías Ruiz, asignado a la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Arizona, Atlántida. A pesar de su edad, a bordo de una motocicleta, el padre Elías había encontrado una manera fácil de atravesar la montaña para llegar a la aldea. Juan cuenta que el sacerdote repetía en su sermón que sólo organizados podían desarrollar la comunidad, pero sobre todo protegerla de las decisiones que el gobierno tomaba a favor de las empresas privadas.
Corría el año 2010 y el país aún respiraba el gas lacrimógeno, los muertos y la impunidad que dejó el golpe de Estado de 2009. Todo era convulso para las comunidades, sobre todo para aquellas donde se habían identificado sus ríos y montañas para su explotación en manos de la empresa privada nacional y extranjera. En los 7 meses que duró el gobierno de facto de Roberto Michelleti se aceleró el proceso de venta y concesión de los bienes naturales, según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Inmediatamente después del golpe se instalaron en el municipio de Arizona represas hidroeléctricas vinculadas a la familia Abufele; sobre los ríos de Mezapita y Matarras. También se instaló la empresa Contempo de Fredy Nazzer sobre el río San Juan en la Masica, Atlántida. Este último empresario está vinculado a otras empresas de generación de energía eléctrica y posee la concesión de los aeropuertos de Honduras. Es yerno del empresario ya fallecido Miguel Facusse, señalado por las comunidades de los departamentos Colón y Valle del acaparamiento de tierras de forma irregular.
Las comunidades organizadas de Atlántida aseguran que, con la llegada de esos megaproyectos se restringió el acceso a los ríos, se dio una ruptura en el tejido social y decenas de familias fueron desplazadas por amenazas a muerte. Entre ellas la familia de Roberto García, corresponsal de Radio Progreso y militante del Movimiento Amplio. En la construcción de los proyectos las empresas utilizaron dinamita para romper el cerro y derribar los árboles. Provocando deslaves en el terreno y sedimento en los ríos que dejaron de ser para consumo humano.
En Atlántida existen 73 fuentes de agua con capacidad de producir energía para las comunidades a un bajo costo. Pero según explica el abogado Martín Fernández del Movimiento Amplio, el gobierno ha concesionado esas fuentes de agua a grandes empresas que lo único que generan es “muerte y miseria en las comunidades”. Además, señala que en un lugar donde se produce grandes cantidades de energía la gente paga una tarifa alta por consumo eléctrico.
Pero no todo es negativo con la instalación de esos megaproyectos. Según cuenta el abogado Fernández, “hay un despertar ciudadano que ha permitido que la gente se organice, para defender sus bienes naturales y para hacer uso de ellos de forma consciente y en armonía con el ambiente, como es el caso de Camagüey. Y si se ve desde el punto de vista económico la gente pagará por consumo de energía entre 10 y 20 dólares mensuales, tarifa que depende de la cantidad de electrodomésticos que posee cada abonado”, explicó el abogado en la inauguración del proyecto.
En Camagüey el proyecto hidroeléctrico tiene un costo de 2 millones 400 mil Lempiras. Parte de ese dinero fue otorgado por el Programa de Pequeñas Donaciones PPD, de la cooperación Alemana, la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Arizona y el esfuerzo de una ciudadanía que hoy ilumina el camino hacia la soberanía desde la organización.
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