Ninguno de los beneficios que prometieron los desarrolladores del proyecto hidroeléctrico Aurora 1, fue cumplido. Por el contrario, decenas de familias perdieron sus tierras y centenares de éstas, se quedaron sin acceso al agua y a la electricidad.
Así lo dieron a conocer representantes y líderes comunitarios de las comunidades de San francisco, El Esfuerzo, Granadillo, Zapotal y Aguacatal, en un encuentro que sostuvieron con una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) e integrantes de la Red de Defensores y Defensoras Indígena Lenca de La Paz (REDHIL-Paz).
El proyecto hidroeléctrico que entró en operaciones en 2014 para la generación de energía eléctrica, fue impulsado por la diputada nacionalista Gladys Aurora López y manejado por su esposo Arnold Castro. Sin embargo ha trascendido que ahora es otra compañía la que está en poder de Aurora 1.
Tras escuchar las denuncias de las comunidades, el equipo de procuradoras y procuradores de derechos humanos del COFADEH, se comprometió a dar seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público (MP), en vista que han transcurrido años, sin que el ente estatal brinde respuestas a los denunciantes.
Siguiendo la matríz energética creada por políticos y empresarios que salieron favorecidos por el golpe de estado de 2009, Aurora 1 se convirtió en un proyecto que favorece a unos pocos y condena a la pobreza a centenares de familias.
Las comunidades denunciaron que ninguno de los proyectos que prometieron los impulsadores de Aurora 1, se cumplió. Las familias indígenas lencas de esta región del departamento de la Paz, han esperado en vano la construcción de escuelas, pavimentación de sus calles principales, proyectos de agua potable y saneamiento, letrinas, fluido eléctrico, planes de reforestación y proyectos de vivienda, entre otros.
La situación no termina ahí, al menos 50 familias se vieron forzadas a vender sus tierras para la habilitación de la hidroeléctrica. Campesinos vendieron sus predios a precios por debajo de lo justo y otras familias denunciaron que al vender sus padres, los hijos e hijas no tendrán un patrimonio que les permita salir adelante.
A lo largo de los últimos años, líderes comunitarios, opositores y opositoras a Aurora 1, han sido blanco de amenazas, hostigamientos y atentados. Pese a ello el Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, ha desestimado las solicitudes de protección, como es el caso del sacerdote católico y párroco de la iglesia San José Obrero, José Adán Mártinez o el presidente de la Junta de Agua de El Aguactal, Juan Francisco Vásquez García.
Vásquez García, refiriéndose a compatriotas que por presiones o engaños, vendieron sus tierras, afirmó que “hoy no tienen donde ubicar sus familiares porque tienen hijos y como la empresa ofrecía tantas cosas buenas supuestamente para nosotros, entonces ellos se ilusionaron con el proyecto y entonces ahí fue donde ellos vendieron sus tierras a bajo precio, y entonces ya esos fondos, ya nos le da para comprar una tarea”.
Esta comunidad se ha caracterizado por ser nacionalista, por eso fue que el proyecto entró acá, ya que políticamente se dijo que sería un gran bienestar para esta comunidad, pero yo les decía que era un proyecto de desarrollo empresarial y no comunitario.
El caserío de San Francisco que se ubica en la zona de influencia de la hidroeléctrica, no cuenta con agua potable ni energía eléctrica. Al menos 200 familias son las afectadas.
Una de las residentes en esta comunidad aceptó hablar para www.defensoresenlinea.com a condición de permanecer en anonimato, debido al temor de sufrir represalias, sobre todo de grupos de choque creados por el partido Nacional para amenazar a los opositores del proyecto.
La mujer expresó que cuando llegó la empresa, “nos ofreció centros de salud, una escuela, centro básico, kínder, mejoramiento de calles, trabajo para las personas, pero no hay ningún trabajador de nuestra comunidad, de todo lo que nos ofrecieron, no hay ningún proyecto”.
Quedamos abandonados, no contamos con proyectos de energía eléctrica, no contamos con proyectos de agua, porque en el caserío San Francisco no hay ni un proyecto de saneamiento.
Nunca nos enteramos de la aprobación del proyecto, no tuvimos quien nos asesorara y no hubo una consulta libre, previa e informada, nosotros estábamos ciegos, afirmó la mujer indígena lenca del caserío de San Francisco.
Pobladores afirman que las autoridades edilicias de San José, apoyadas por el partido Nacional, habría aprobado el proyecto en cabido abierto, trayendo gente y activistas nacionalistas de municipios aledaños como Santa María, Chinacla y Tutule.
Los proyectos extractivos como Aurora 1 han generado la división, la discordia y hasta la violencia en las comunidades. Para tratar de ganarse la confianza del pueblo, la hidroeléctrica construyó una ermita para el culto católico, pero la comunidad de El Aguacatal la rechazó. En su lugar, con el aporte de las familias, está casi finalizada la ermita en honor a San Juan Bautista que será inaugurada muy pronto por el padre José Adán Martínez.
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