Por Marvin Palacios
En el foro “Estado de la Dictadura”, convocado por la Coalición contra la Impunidad, expertos coincidieron que Honduras está a un escalón de convertirse en un régimen totalitario, debido a su débil institucionalidad democrática, la falta de independencia judicial y la cooptación de los tres poderes del estado.
El proyecto de Justicia Global que publicó el índice sobre el estado de derecho en el mundo, estableció que Honduras es uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respecto a la legalidad, independencia judicial y ocupa el lugar 28 de 30 en América Latina y es el peor en Centroamérica.
Estamos en una permanente anormalidad democrática desde el 2009 hasta la fecha, porque en 2009 hubo un golpe de estado contra el poder ejecutivo, que hasta el momento está sin resolverse, afirmó el Dr. Joaquín Mejía experto en derechos humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras.
“En diciembre de 2012 hubo un golpe contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando fueron destituidos 4 magistrados y magistradas que fueron sustituidos por afines al régimen que en 2015, ejecutaron otro rompimiento del orden constitucional cuando a través de una sentencia espuria , permiten de facto la reelección presidencial, a pesar que es un artículo pétreo que sólo puede ser modificado por el poder constituyente”, explicó.
Mejía indicó que en 2017 se da un fraude electoral evidenciado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se impone por la fuerza el régimen de Juan Orlando Hernández.
El experto en derechos humanos expuso que el régimen se caracteriza por un cinismo estructural, un creciente deterioro de la institucionalidad democrática y el aumento de la desconfianza ciudadana y por otro lado el uso político perverso de la violencia y la criminalidad, con el objetivo de remilitarizar la sociedad y el estado, así como la creación de una serie de normas para ejercer un control social hacia la oposición ciudadana.
El Dr. Mejía destacó que la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en un informe de este año sobre Honduras, destaca que las personas que defienden los derechos humanos son estigmatizadas a través de campañas de desprestigio y que el gobierno los equipara con terroristas y delincuentes.
El expositor citó que de acuerdo con el índice de la democracia realizado por el diario inglés The Economist, Honduras es un régimen híbrido porque el estado de derecho es débil, no existe libre división de poderes y se encuentra a un escalón de convertirse en un régimen totalmente autoritario.
Por otro lado, Joaquín Mejía señaló que dentro del índice de estados débiles y frágiles, elaborado por el Fondo para La Paz, registró que Honduras es un país en estado de elevada advertencia de convertirse en un estado fallido debido a la erosión de la legitimidad, la incapacidad de proveer servicios básicos y la falta de independencia judicial.
El experto también citó que el proyecto de Justicia Global que publicó el índice sobre el estado de derecho en el mundo, reflejó a Honduras como uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respeto a la legalidad, independencia judicial y ocupa el lugar 28 de 30 en América Latina y es el peor en Centroamérica.
En torno a una realidad que experimentan los más pobres y excluidos del país, la coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) Bety Vásquez, destacó que durante el actual régimen no se ha atendido las necesidades de las mujeres indígenas y que incluso permanece una brecha de exclusión para la mujer en su condición, de indígena, de escasos recursos y analfabeta.
“Incluso ese dictador Juan Orlando Hernández se declara hijo de Lempira, que es una ofensa muy fuerte pero es una manera también de someter y de hacer creer que es parte de ese pueblo”, sostuvo.
Vásquez apuntó que tierra adentro aún se palpa el racismo y la discriminación en contra de las comunidades indígenas, que son consideradas de tercera y cuarta categoría.
La defensora de derechos humanos resaltó que en los últimos años, se han aprobado leyes que convocan al despojo y al desalojo de los pueblos originarios, y ahí está el ejemplo de la Ley de Minería aprobada el 23 de enero de 2013, dos días antes que Juan Orlando Hernández dejara la presidencia del Congreso Nacional.
“Una ley que desconoce los títulos ancestrales y en las cuales se apoyan los pueblos originarios para defender sus territorios, pues como desconocen los títulos ancestrales, son leyes agresivas que promueven el despojo”, aseguró.
En el foro, participaron también como expositores el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora y la abogada Nelly Moreno de la organización Asociadas por lo Justo (JASS).
La Coalición contra la Impunidad aglutina a unas 50 organizaciones del movimiento social hondureño enfocadas en la defensa de los derechos humanos.
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