Journal Notre Amérique
Por Christine Gillard
Desde el 26 de abril de 2019, Honduras ha experimentado un movimiento de huelgas y protestas de maestros, estudiantes y estudiantes de secundaria, así como de trabajadores de la salud. Los funcionarios públicos y, en general, los usuarios de los servicios públicos, solicitan la derogación de los Decretos PCM 026-2018 y PCM 027-2018 por los que se crea la Comisión Especial para la Transformación de los Ministerios de Salud y Educación, en el marco de la aplicación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Educación y Salud. La movilización es muy importante en todo el país porque es el futuro de dos sectores clave de la sociedad cuestionados por la opción ultraliberal del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH).
Diez años de ultraliberalismo
Desde la década de 1990, Honduras se encuentra en un proceso de reorganización administrativa que consiste en la desvinculación del Estado de los servicios públicos. En primer lugar, el Estado ha iniciado un proceso de descentralización que podría haber permitido a los Territorios hacerse cargo del desarrollo social lo más cerca posible de las necesidades de los usuarios. Pero la situación política ha decidido lo contrario. La crisis institucional bajo la presidencia de izquierda de Zelaya condujo a un golpe de Estado en 2009. El autoproclamado Presidente Juan Orlando Hernández, apoyado por los Estados Unidos de América y reconocido por la comunidad internacional, es un ultra liberal. Las elecciones fraudulentas le permitieron ser reelegido en noviembre de 2017.
Honduras se está hundiendo en una profunda crisis social. Es uno de los países más violentos de la región. Cualquier oposición es reprimida por una violenta policía nacional. El fenómeno de las maras se ha desarrollado, en relación con el tráfico de drogas. Estos delincuentes forman bandas ultra-violentas, que reclutan entre jóvenes sin formación y sin futuro. La tasa de homicidios está en su punto más alto: 93.11/100,000 en 2011; 63.8/100,000 en 2015. Atrapados entre la pobreza extrema y la violencia, sin perspectivas de cambio político, económico y social, los hondureños han estado saliendo aislados durante una década, pero el número de salidas aumenta considerablemente a partir de 2014, alcanzando su punto máximo a finales de 20181.
El Estado hondureño es un Estado débil y corrupto. Las inversiones en educación y salud se encuentran entre las más bajas de América Central. En cuanto a la educación, el gobierno gasta apenas mil dólares al año por niño, mientras que los países de la OCDE gastan diez mil dólares. El gasto público en educación representa sólo el 6% del PIB. Hoy en día todavía hay 4.500 escuelas con una sola clase, con un solo maestro para los seis niveles de la enseñanza primaria obligatoria. Además, las condiciones materiales son deplorables: el 75% de las escuelas están en muy malas condiciones, o incluso parcialmente destruidas, y no proporcionan un alojamiento adecuado, sin agua ni letrinas.
Esta situación es particularmente frecuente en las zonas rurales. Visité escuelas en Olancho, en un radio de unos diez kilómetros de La Unión, un pequeño pueblo de cinco mil habitantes. Una escuela servía a varias aldeas de las que estaba a igual distancia, en el campo, una sola clase, una joven amante. Para todos los muebles una pequeña tabla y dos bancos para los estudiantes. Los bancos estaban a ambos lados de la pared para evitar que la lluvia cayera a través del techo perforado. El campo para todas las instalaciones sanitarias. Otra escuela, en una aldea, en mejores condiciones, pero cerrada por falta de maestros.
Si el nivel secundario parece menos deprimido, es porque los colegios están ubicados en zonas urbanas. Pero muy pocos estudiantes acceden a él, alrededor del 29%, por falta de transporte y porque no es gratuito: uniforme, suministros, comedor.
La situación de los hospitales públicos es igualmente preocupante. No sólo el número de escuelas es muy insuficiente, sino que las condiciones materiales son muy precarias. Incluso hay establecimientos donde falta agua y electricidad, incluso en los quirófanos.
Desde hace mucho tiempo, las clínicas privadas ofrecen sus servicios a los pacientes más ricos. Las fundaciones, en su mayoría estadounidenses, financian clínicas en zonas rurales y periurbanas, con costos accesibles a la clase media. Por ejemplo, en la ciudad de La Unión, ya mencionada, hay una clínica norteamericana ubicada en las afueras de la ciudad, que ofrece atención de rutina en condiciones técnicas e higiénicas normales para una clientela de empleados promedio. En la propia ciudad hay un dispensario público: dos grandes habitaciones con un armario (vacío), un sillón, un lavabo y ¡sin personal!
Una reforma educativa inexistente
En 2014 se aprobó una Ley Fundamental. La aplicación de esta Ley es objeto de debate en la comunidad educativa:
– La obligación de asistir al último año de jardín de infancia cuando esta obligación no pueda cumplirse por falta de recursos: según UNICEF, 78.000 niños en edad preescolar no están matriculados en la escuela. Al mismo tiempo, 2,5 millones de niños en edad escolar no están escolarizados.
– La gratuidad de la educación desde el último año de jardín de infantes hasta el final de la escuela primaria contenida en la ley no tiene realidad en la práctica, ya que las escuelas que participan en la operación de educación gratuita no recibieron los fondos necesarios del Ministerio, que entonces suspendió la operación!
– La descentralización de la gestión de personal a nivel departamental ya no garantiza el pago de salarios, ni su nivel, cuando el Estado «olvida» transferir los fondos necesarios.
– Las becas, aunque previstas en la ley, fueron suspendidas sin previo aviso.
– La abolición de un nivel de educación en la escuela primaria. De hecho, de esta manera, todavía quedan 9 años, incluyendo el año preescolar.
– Se reforma el bachillerato. Desaparecen las Cartas de Bachillerato y de Bachillerato agrupadas en Ciencias y Humanidades, así como los títulos de bachillerato de las especialidades profesionales, en particular el que preparan los futuros alumnos de las Escuelas de Formación del Profesorado, que han sido abolidas.
De hecho, el sector de la educación pública no se ha dotado de los medios para garantizar la matriculación de todos los niños en la escuela obligatoria entre los 5 y los 14 años, ni el acceso a la educación secundaria para los niños de 15 a 17 años. La brecha entre las intenciones contenidas en la Ley y la realidad de su aplicación por el Departamento es obvia.
Una respuesta liberal
La única respuesta del Estado a estas críticas y manifestaciones que se inician el 26 de abril es la promulgación el 30 de abril de 2019 de dos decretos: PCM 026-2018 y PCM 027-2018. Es un procedimiento de urgencia que evita el debate en el Congreso, ya que los decretos emanan directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se trata de un procedimiento previsto en caso de guerra, epidemia o …disturbios. Los decretos de emergencia tienen una duración de dos años, prorrogables indefinidamente, durante los cuales se pueden despedir funcionarios y transferir servicios al sector privado.
Los decretos en cuestión prevén la creación de una Comisión Especial para la Transformación del Sistema Educativo Nacional y una Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud. Los objetivos son transformar completamente estos dos sectores, es decir, reorganizar la administración de la salud y la educación, desarrollar un nuevo modelo de prestación de servicios, establecer mecanismos de articulación y colaboración con la cooperación nacional e internacional, en términos oficiales.
A medida que el Estado se retira, también permite que otros actores asuman la responsabilidad de capacitar a la juventud hondureña: dado que los Departamentos no tienen los medios, es el sector privado el que se precipita en la brecha.
Por ejemplo, el Estado no ha construido ninguna clase adicional para implementar la escolarización obligatoria a la edad de 5 años. El sector privado ha aprovechado esta oportunidad para establecerse en el sector preescolar, a través de una fundación, FICOSHA, que trabaja en asociación con otros grandes grupos norteamericanos.
La escuela privada compite con la escuela pública respecto a la gratuidad. Primero porque el sector público no respeta esa gratuidad, y segundo porque el sector privado está estableciendo escuelas muy asequibles en los barrios populares de las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. La brecha entre la educación pública y la privada se ampliará en la escuela primaria, pero también en la secundaria. El sector privado está construyendo escuelas secundarias en las zonas rurales deficitarias y en las zonas urbanas desfavorecidas, centrándose en la educación manual y técnica y, por ende, en la desigualdad de oportunidades y la reproducción social.
Además, el sector público ya no garantiza el estatuto de funcionario del personal mediante la contratación de personal con contratos de derecho privado, lo que permite flexibilidad y menores costos de sueldos y pensiones.
Los padres, al igual que los pacientes, se convierten en clientes, capaces de evaluar al personal, por ejemplo, a través de aplicaciones en teléfonos inteligentes.
La privatización progresiva se ha convertido en un proyecto social, patrocinado por Organizaciones Internacionales (FMI) y el Gobierno de los Estados Unidos de América, al que el actual Presidente de Honduras está totalmente endeudado.
La movilización
En 2016 se creó un sindicato para garantizar la aplicación de la Ley de educación básica. Sus principales objetivos son defender las escuelas públicas, laicas y de calidad, participar en la búsqueda de soluciones, cooperar con el Estado para mejorar y democratizar la educación nacional. Se trata del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño.
En 2017, dio la voz de alarma en una conferencia de prensa, denunciando la falta de aplicación de la Ley de Educación por parte del Estado y recordando la falta de clases, escuelas y profesores y su falta de formación, en particular en informática e inglés para las escuelas secundarias. También denuncia el incumplimiento de las garantías contenidas en la Ley sobre el estatuto del personal docente.
En abril de 2019 tres expertos en educación publicaron un informe, encargado por la Internacional de la Educación, titulado «La Educación en Honduras, entre la privatización y la globalización». Es un informe de 98 páginas que ofrece un análisis profundo de las estrategias del gobierno hondureño, dictadas por actores no gubernamentales, en un contexto de pobreza en el país.
El 26 de abril comenzaron las primeras manifestaciones de maestros, estudiantes y trabajadores de la salud. Después de la promulgación de los decretos, el personal salió a las calles para exigir su revocación, y luego se declaró en huelga el 20 de mayo. A partir del 23 de mayo comienza una huelga general, con manifestaciones en las calles de la capital y de las principales ciudades de la provincia. La represión está teniendo lugar.
Un proyecto global
Lo que está sucediendo en Honduras es muy representativo del movimiento liberal globalizado que afecta a todos los continentes. En Europa, las recomendaciones de la OCDE sobre los servicios públicos están en consonancia con la apertura al sector privado, con los valores de rentabilidad específicos de este sector. Se pide a los Estados que lleven a cabo reformas estructurales, en particular en los sectores de la salud y la educación, donde los presupuestos son elevados, debido a la importancia de la masa salarial. Se están creando instrumentos para fomentar la privatización, cada vez más generalizada: supresión de los concursos de contratación de personal de la administración pública, cierre de las Grandes Escuelas Nacionales, contratación no titular del personal, etc.
Finalmente, el concepto de «servicio público» está siendo sustituido gradualmente por el de «servicios al público».
Nota:
1. Christine Gillard «Migration de masse au Honduras», Journal Notre Amérique décembre 2018.
Referencias:
Fuente: Journal Notre Amérique n° 44, junio 2019
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