El director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora compareció este sábado 15 de junio al programa “Voces contra el Olvido”, que se transmite por radio Globo, para exponer sobre la defensa conjunta que han asumido varias organizaciones y el acompañamiento a la familia del joven docente Rommel Valdemar Herrera Portillo, que se ha convertido en el nuevo preso político del actual régimen.
Tábora dijo que Honduras tiene un sistema de justicia muy precario, sin independencia de poderes, sin independencia judicial y con un Ministerio Público (MP) que ha retrocedido muchísimo, especialmente después del golpe de Estado de 2009, y más tarde con el tema del conflicto post electoral, se ha agravado la situación.
“Es un Ministerio Público muy coercitivo, entonces eso no permite hacer una defensa técnica de acuerdo a los parámetros del debido proceso, pero a esto se suma la situación de interés del estado de mantener, de controlar y de generar miedo, manteniendo presos políticos en el país”, sostuvo.
Tábora, en su condición de profesional del derecho de la Coalición contra la Impunidad, señaló que han conformado un equipo y diseñado una estrategia de defensa, junto a las abogadas Dora Oliva y Karol Cárdenas del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y María Elena Fonseca, con el fin de acompañar legalmente el caso del joven Herrera Portillo, que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad localizada en el municipio de Morocelí, El Paraíso, denominada La Tolva.
Actualmente ya se presentó el recurso de apelación que estaba pendiente para esta semana, siguiendo el estado procesal, pero las Cortes de Apelaciones tardan de 4 a 6 meses para resolver, “y sobre este tema hay un reto en donde a veces se sale de una coyuntura que ha generado una crisis y quedan olvidados los presos políticos. Actualmente hay 3 personas privadas de libertad del conflicto post electoral y el régimen no quiere soltar estas personas que ya cumplieron un año cinco meses de prisión, y todos los procesos están aún pendientes, con alrededor de 20 casos que deben ir a juicio”.
Los presos políticos son parte de esa ciudadanía que luchó y que está luchando por un estado de derecho, siguen manteniéndose en sus convicciones y no han aceptado que el régimen los doblegue, explicó el defensor de derechos humanos.
Mantener privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad a los presos políticos, significa el interés que tiene el régimen de Juan Orlando Hernández, de generar temor en la población y por supuesto que lo generan.
Por eso es muy importante la solidaridad y los aportes que se pueden dar más allá de lo técnico, con los acercamientos hacia la familia, el reivindicar de manera permanente a los compañeros y compañeras que están como presos políticos y creo que sí necesitamos, que cuando se genere la captura de un compañero o compañera debemos reaccionar en las primeras horas, recomendó el profesional del derecho y director ejecutivo de C-LIBRE.
Tábora también señaló que los impactos que se generan en las familias de los presos políticos, van desde el daño emocional, el control mental, con la angustia que experimentan las familias, los gastos en que incurren y la carga económica que una situación como ésta representa.
“Los centros de detención, se han convertido en centros de edad media, con el control total de la persona, entonces ya la creación de estos es ilegal, pero ahora vemos que el funcionamiento ha agravado la situación porque hay restricción de muchos derechos, aparte del derecho de la libertad física. Creo que así como estamos reivindicando la situación del derecho a la salud; el derecho a la educación, realmente tenemos que avanzar para reivindicar todos los otros derechos que se han restringido en el país, como los derechos de más de dos mil privados de libertad del país”, apuntó Tábora.
En horas de la mañana de este mismo sábado 15 de junio, Edy Tábora sostuvo una reunión con la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, así como con los maestros Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo (padre y madre de Rommel Valdemar) y las abogadas Dora Oliva y Karol Cárdenas, en la sede del comité, con el propósito de diseñar la estrategia a seguir en la defensa del joven Rommel Valdemar Herrera Portillo, acusado de incendio agravado y daños, en perjuicio de la embajada de Estados Unidos.
Por la tarde, Bertha Oliva visitó la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), para constatar el estado de salud y el ánimo de los maestros Ruy Díaz y Wilton Gómez, que se mantienen en huelga de hambre como parte de la lucha emprendida por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, y por la liberación de Rommel Valdemar Herrera Portillo y los demás presos políticos, que se manifestaron por el retorno al orden constitucional de Honduras y por la salida del régimen usurpador del nacionalista Juan Orlando Hernández.
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