sábado, 15 de junio de 2019

Oficialismo aprueba presupuesto para contratar más policías y endeudamiento con aeropuerto Palmerola



Mientras diputados de oposición soltaban fajazos, reventaban cohetes y se iban a los golpes con la bancada nacionalistas, la junta directiva del Congreso Nacional aprobó una modificación al presupuesto de la Secretaría de Seguridad para la contratación de más policías.

El zafarrancho legislativo, costumbre en las últimas sesiones del Congreso, se dio el pasado 29 de mayo, cuando la bancada del Partido Libertad y Refundación (LibRe) implementaba su estrategia de “insurrección legislativa”.

La denuncia sobre la modificación presupuestaria de la Secretaría de Seguridad para contratar más elementos policiales la hace el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).

“El miércoles anterior, en el zafarrancho, el secretario general del Congreso –Tomás Zambrano-  pidió la modificación del presupuesto de Seguridad para contratar más policías; estas modificaciones presupuestarias se están viendo recurrentemente en estas dos legislaturas”, evidenció Ismael Zepeda, investigador del FOSDEH.

Zepeda dijo que la propuesta de modificación no da una claridad de cuánto es el monto, sin embargo, recordó que la asignación presupuestaria para el sector seguridad 2019 supera los 6 mil 500 millones de lempiras.

“En menos de los 8 ó 9 años que lleva en el actual partido ha duplicado el presupuesto de Seguridad, es decir en el 2010 se le asignaban 3 mil 200 millones de lempiras, y cuando uno ve si es eficaz este presupuesto y lo relacionamos con los indicadores de violencia, sin duda estamos peor que antes”, indicó Zepeda, al señalar que la reducción de homicidios ha sido la bandera del Partido Nacional.

Para el abogado y director del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora, la contratación de más elementos policiales en el actual contexto de país está encaminada a contrarrestar la protesta social.

“Necesitan más personas que salgan a las calles a reprimir las manifestaciones”, reitera Tábora, apuntando que en la modificación presupuestaria al sector seguridad hay un contrasentido porque las autoridades de gobierno han estado sentadas con el Fondo Monetario Internacional y una de las exigencias es reducción de personal.

Más endeudamiento
En la misma sesión del 29 de mayo, catalogada como zafarrancho legislativo, el oficialismo aprobó un préstamo millonario para la compra de un software que servirá para el nuevo sistema de identificación o tarjeta de identidad, pero además votó por la ampliación del contrato de construcción del aeropuerto Palmerola.

Los diputados nacionalistas reformaron el artículo dos del decreto 71-2016 que enmarca el contrato de concesión para la construcción de la terminal área en Palmerola, ubicada en el departamento de Comayagua. Dicha reforma incrementó el financiamiento de 76.1 millones a 122.3 millones de dólares.

En ese sentido, Ismael Zepeda recuerda que las alianzas público-privadas han demostrado que el Estado hondureño coloca todos los recursos y los bienes públicos y quien se queda con las utilidades es la empresa privada.

“Eso se demuestra una vez más ampliando ese contrato –Palmerola- con más de 42 millones de dólares cuando el Estado iba a poner más de 70 millones dólares, entre ellos 56 por la reconversión de la deuda –con España- que no son fondos físicos sino que fondos virtuales”, explica Zepeda, puesto que el gobierno español pidió que los fondos de la deuda pasarán a proyectos de inversión social.

Zepeda comenta que desde el FOSDEH se considera que el aeropuerto de Palmerola es un proyecto faraónico en el que se “habla de cuatro mangas, cuando en El Salvador se amplía a 35, y nos venden la ilusión que con estos proyectos vamos a tener un mega aeropuerto pero no se ve la parte privada con el consorcio alemán”.

De acuerdo a las investigaciones del FOSDEH, la empresa Aeropuertos de Berlín aún no aparece constituida en el consorcio tal y como lo establece la Ley de Alianzas Público-Privadas.

Finalmente, el FOSDEH sugiere que todo lo aprobado en el zafarrancho legislativo debe de declararse nulo, exigencia que debería de mantener todo la sociedad hondureña.

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