Texto y fotos: Sandra Rodríguez
Para las once de la mañana de este jueves 23 de mayo, fueron citados defensores y defensoras de derechos humanos, por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el tiempo fue insuficiente para exponer la criminalización impulsada desde el régimen de Juan Hernández.
A eso de las 11:15 de la mañana, Joel Hernández García, Primer Vicepresidente de la CIDH y relator para Honduras, dio inicio a la reunión en la que expresó se hicieran referencia al accionar de Mecanismo Nacional de Protección.
Entre los asistentes había defensores de la tierra y el territorio, campesinas, periodistas, feministas, ambientalistas e indígenas criminalizados, procesados y perseguidos por su labor de procuración en unos de los países más peligrosos para los y las defensoras de derechos humanos.
Desde Tocoa, departamento de Colón, a 500 metros de Tegucigalpa, llegó Leonel George, quien le expresó a la CIDH, que estuvo preso por defensor el río Guapinol, junto a otros compañeros, entre los cuales (incluyendo él) hay beneficiarios de medidas cautelares.
Soy beneficiario de medidas cautelares, y más bien estuve preso en Támara, declaró George, quien está amparado en la ampliación de la MC 50/14 emitida por la CIDH, en favor de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
El defensor German Chirinos, del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), detalló que es beneficiario de medidas de protección, pero que, “hace tres meses no voy a mi casa, por la persecución”, asimismo que le han ofrecido sacarlo del país y reubicación, “pero eso significa no seguir con mi labor de defensor y para eso mejor es haberme ido del país”.
Hace algún tiempo Chirinos denunció persecución por la labor que emprende en favor de la defensa de los bienes comunes, en ese momento el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) medió para que estuviera fuera del país tres meses, y volvió en agosto del 2018.
La CIDH escuchó que “ser feministas y ambientalista en el país es un delito”. Fue la representante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Betty Vásquez, que lo expresó, agregando que la mayoría de las personas denunciantes en esa reunión, eran mujeres, en quienes impacto las mayoría de las violaciones a los derechos humanos.
Santa Bárbara ha logrado avanzar en la declaración de municipios libres de hemos logrado minería, pero la consecuencia es que están militarizando el departamento, sobre todo en zonas de instalación de proyectos extractivistas, que de igual forma, el impacto es los cuerpos de las mujeres.
En el caso de la represa El Tornillito, en el municipio de Chinda, hay una declaratoria de NO al extractivismo y represas hidroeléctricas, pero –la construcción- del proyecto avanza. Mientras que “a las compañeras les dicen que son otras Bertas” haciendo referencia a la defensora del pueblo indígena Lenca, Berta Cáceres, asesinada en el 2016.
A mi hijo de 15 años, le han dicho: decile a tu mamá que se cuide, que va terminar en El Pozo (explicó que es una cárcel de tortura y máxima seguridad), las amenazas provienen de activistas políticos del partido de turno, por lo que “tenemos miedo”, finalizó Vásquez.
Otra mujer que expresó su preocupación por el contexto para los y las defensoras fue Albertina López, lideresa de la comunidad de Pajuiles, donde hay un campamento por la dignidad, en Tela, departamento de Atlántida, donde hay señores de 80 años que tienen que pagar por el viaje para ir a formar a los juzgados, hasta 800 lempiras, y no tienen empleo. Ella misma, en estado de embarazo estuvo privada de libertad, en el 2017.
Al llegarle turno de expresar su situación, el periodista Jairo López, de Choluteca, detalló que “me acusan de ser criminal, pero yo no soy familia de políticos” –detallando algunos nombres y cargos de influencia en el régimen-.
Al menos 80 personas asistieron a la cita convocada por la CIDH de 11:00 a 01:00 p.m.Al menos 80 personas asistieron a la cita convocada por la CIDH de 11:00 a 01:00 p.m.
Hizo referencia al encuentro con la CIDH, “quiero que esto tenga eco, porque este país es corrupto. Me corrieron del canal donde trabajaba por orden de Juan Orlando Hernández, quien para congraciarse con la CIDH y al saber que ustedes venían, no quiso que yo siguiera firmando medidas sustitutivas a la prisión, y el pasado lunes en el Tribunal de San Lorenzo, Valle, me dieron libertad definitiva.
A López se le acusaba de daños en perjuicio de la Empresa de Energía Honduras (EEH), en esa ciudad del sur. Y cuando lo arrestaron fue frente a su esposa e hija menor, al amanecer del 10 de noviembre del 2018, y por estar cubriendo una protesta social, lo volvieron a requerir en enero anterior. El periodista quien goza de medidas de protección, tiene tres meses sin escolta.
Jessica Trinidad, representante de la Red de Defensoras, expuso que “es una verdadera lástima que se invierta fondos y que se tenga tanta fe es este aparato (Mecanismo Nacional de Protección), porque tienen representadas amparadas con medidas que son constantes víctimas de hostigamiento.
Desde Las Vegas, Santa Bárbara, Ovidio Enamorado manifestó a la CIDH que estuvo preso 90 días en El Pozo, y que en Honduras, aunque se tenga medidas de protección, no se nos respetan, lo que vivió en prisión, acusado de incendiar la alcaldía municipal, durante protestas contra el fraude electoral, no quiere ni recordarlo. El día que lo capturaron no valió el carnet que le facilita el Mecanismo de Protección.
Al finalizar la audiencia, dijo en tono muy fuerte “aquí nos van a matar”, dirigiéndose al Relator Hernández. Otras voces se le unieron en rechazo a las reuniones y visitas de este nivel, por considerarlas no provechosas.
La problemática del Valle de Siria, está afectando directamente a los y las defensoras del ambiente, así lo dejó saber Olga Velázquez, cuya vivienda está siendo vigilada por hombres vestidos de negro, durante la noche.
Ella es parte del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), al norte del departamento de Francisco Morazán, donde permanecen los desastres que hizo la empresa minera “Entremares”, y en el 2016 el Congreso Nacional dio una concesión para la instalación de una empresa geotérmica, y nuevamente se reactivaron las amenazas contra los y las defensoras que se oponen a dicha explotación.
“Siento que es más protocolo estar en esta mesa a lo que pueden hacer ante este gobierno maldito y usurpador”, finalizó la defensora del ambiente.
Del 22 al 24 de mayo estuvo en el país la visita de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento a la visita in loco realizada al país en 2018. Estuvo, además del Relator de país el Comisionado Joel Hernández, la Relatora para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz; y dos técnicos.
El COFADEH acompañó a un grupo defensores de derechos humanos criminalizado y en riesgo, para que expusieran desde su experiencia lo que enfrentan en Honduras.
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