El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, comunica.
Hemos tomado nota con seriedad de las amenazas directas lanzadas contra la población por parte del militar que comanda las operaciones de la policía nacional, el cuestionado general Julián Pacheco.
“… Esto se acabó, no lo vamos a permitir, la Policía va actuar (…) porque la gobernabilidad y la estabilidad del Estado de Honduras no es negociable”.
No se trata del tono ni de los matices de esta declaración, se trata del cinismo del señor Pacheco, y del momento en que profiere su amenaza, justo cuando la plataforma social ha reiniciado su confrontación al proyecto de privatización del FMI y la demanda del fin de la dictadura militar.
Ese anuncio de tragedia equivale a balas de plomo que no de goma, a torturas, perfilación de liderazgos, seguimiento y crimen, como ha venido sucediendo desde 2009 hasta nuestros días. Es decir, no es una advertencia, es una confesión.
En consecuencia, el COFADEH considera que este cuerpo armado, uniformado y desequilibrado que llaman policía nacional siempre ha actuado en los últimos 10 años, concretamente contra el derecho a la libre manifestación del pueblo hondureño.
Las policías, que son lo mismo que el ejército, y que equivalen a la misma fuerza militar presidencial bajo denominaciones de PMOP, Guardia de Honor, Fusina u otros escuadrones oficiales y encubiertos, siempre han actuado con excesiva fuerza y violencia directa contra las y los manifestantes, infiltrados o en forma visible, torturando y asesinando personas.
Esta nueva amenaza de detenciones masivas con epítetos políticos e ideológicos sesgados, y abusivos, recae directamente en Pacheco y en el secretario del impostor, Ebal Díaz, reiteradas veces citados en cortes de Estados Unidos como operadores locales del crimen organizado en Honduras.
Por tanto, hacemos un llamado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que actúe con facultades supranacionales y detenga a este tipo de soberbios que ponen en grave riesgo la integridad física de la población y el ejercicio de su derecho a la libre expresión en las calles del país.
Un oficial que tiene a su cargo más de 30 mil hombres y mujeres armadas es, sin duda, una amenaza letal para la sociedad. E, igualmente, un señor que tiene a su disposición un ejército de medios supeditados a la factura presidencial, es una amenaza perturbadora.
“Todos los encapuchados ya sabemos quiénes son y vamos a capturarlos donde quiera que estén, porque la policía no puede permitir que el país se caiga por un grupo que cree que el país les pertenece”.
Eso agregó el señor militar, creyendo que la población ignora que los disonantes encubiertos que provocan los excesos en paralelo y a destiempo de las manifestaciones, tienen formación y entrenamiento policial y militar. Lo sabemos.
Por tanto, las organizaciones defensoras de derechos humanos no permitiremos que delincuentes con entrenamiento, que anden encapuchados o uniformados para destruir física y moralmente las manifestaciones, sean maltratados después de ser capturados y, más bien, abogaremos siempre porque sean entregados a los patrulleros a fin de ser protegidos en su integridad.
De los Hechos y de los Hechores, Ni Olvido Ni Perdón
COFADEH
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