Por Flor Ragucci
Un jubilado grita consignas durante un mitin organizado por el PAME, afiliado a los comunistas, que conmemora el 1 de Mayo en Atenas. | Reuters
La salida de una crisis que dejó a más de un tercio de la población en paro y a cientos de miles de jóvenes en el exilio es la principal carta de Tsipras ante las elecciones de mayo y octubre. Syriza y la Unión Europea se congratulan por “el triunfo” de ocho años de rescates financieros y drásticos ajustes en el gasto público. Sin embargo, son muchas las voces que en Grecia relatan una historia no tan optimista.
Lejos han quedado las explosiones ciudadanas en Plaza Syntagma, los titulares de todo el mundo preguntándose por el destino de Grecia o las imágenes desoladoras de largas colas para un plato de comida… ¿Lejos? El mensaje que desde el Ejecutivo de Alexis Tsipras se difunde es el de “la recuperación”, sobre todo a partir de la salida oficial del rescate, en agosto del año pasado. También el Eurogrupo y la banca internacional se muestran satisfechos: “Grecia está ahora en el buen camino”, afirmaba el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, al celebrar en Bruselas el supuesto final de una crisis que hizo tambalear a toda la UE.
Sin embargo, otra es la opinión que circula entre trabajadores de sanidad y educación, pensionistas, autónomos, el 18,5% de la población que aún se encuentra en el paro, el 40% de jóvenes de entre de 15 a 24 años que tampoco encuentra trabajo o las 550.000 personas que han tenido que emigrar en su búsqueda. En pleno año electoral -en mayo son los comicios municipales y en octubre los nacionales- la principal carta del Gobierno de Syriza es la de haber cumplido todas las condiciones impuestas por la troika de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI para la obtención de 289.000 millones de euros y la culminación de la serie de rescates que en 2010 se iniciaron bajo el mando de los conservadores.
“Estamos ganando puntos para la libertad económica”, ha remarcado el primer ministro griego esta semana en una entrevista a una cadena nacional, blandiendo el que es su principal lema de campaña: la consecución de los objetivos de superávit impuestos por la troika y su redistribución en políticas sociales. La economía registró en 2018 un crecimiento real del 1,4% debido, sobre todo, al repunte de las exportaciones y el turismo, con un superávit primario del 4,2%, lo cual supone una cifra récord y la superación con creces de los objetivos marcados por los acreedores (1,75%).
Gracias a este excedente, Alexis Tsipras acaba de anunciar un paquete de medidas de alivio fiscal que se aplicará a lo largo de los próximos dos años destinado a “los que en la crisis han ayudado con su esfuerzo, para que puedan beneficiarse de la recuperación económica que empieza a sentirse”, según declaró en rueda de prensa el pasado martes. Se trataría de la reducción inmediata del IVA del 24 al 13% en la restauración, la alimentación y la bebida; en los servicios de luz y gas, que bajaría del 13 al 6% y en el IVA reducido en las islas, que pasaría del 13 actual al 11%. Además, el Primer ministro prometió restaurar la decimotercera paga de los jubilados -abolida en 2012- y anular el recorte de las pensiones de viudedad.
Sin embargo, la lectura entre líneas de estos grandes titulares lleva a economistas como Leonidas Vatikiotis a un trasfondo que no es tan alentador. Según quien fue uno de los fundadores de la Comisión por la Auditoría de la Deuda Griega y asesor del reconocido documental Debtocracy (Deudocracia), estas cifras de superávit se están obteniendo solo a costa de la inversión pública.
“No se están haciendo las inversiones que han sido aprobadas por el Parlamento para los presupuestos nacionales. De 2012 a 2017 el programa de inversión pública era de 38.000 millones de euros, de los cuales se robaron 6.460 millones para automáticamente cubrir el superávit”, denuncia Vatikiotis. “El Gobierno va a dedicar a políticas sociales, entonces, solo un 0,7% del presupuesto original, pero ellos lo venden como un gran gesto de justicia”, remata el economista.
En el acuerdo suscrito en junio con sus acreedores para finalizar con el rescate, Grecia aceptó la obligación de mantener esta senda de crecimiento económico del 3,5% hasta 2022 y del 2% hasta 2060. Semejantes previsiones a 40 años vista despiertan mucho recelo entre los expertos, teniendo en cuenta que el país arrastra una deuda del 180% de su PIB, la más alta de toda la Eurozona (era del 109% al empezar la crisis).
“Con estos tremendos niveles de deuda, nada de lo que digamos cuenta, estamos endeudados por sobre todas las cosas”, advierte Vatikiotis. “Aunque tengamos superávit y por tanto no creemos nueva deuda, las tasas de interés serán cada vez más altas para pagar esta que ya tenemos, lo cual es imposible de asumir. Seguiremos acorralados, pues, ante la amenaza de bancarrota”.
Desde el punto de vista financiero, agencias internacionales como Bloomberg han celebrado el regreso de Grecia a los mercados -excluida de ellos desde que empezó el programa de rescate en 2010- la subida de sus acciones un 26% en 2019 y el alto rendimiento de sus bonos a 10 años, anunciados también con bombo y platillo por el ministro de Finanzas heleno, Euclides Tsakalotos.
Este éxito en los mercados, que “devuelven a Grecia no solo a los niveles previos a la crisis, sino a los del año 2000”, según declaró Alexis Tsipras tras su última reunión de Gabinete, se traduce en un hipotético aumento de las inversiones extranjeras que desde Moodys recalcan con la subida de Grecia de dos niveles en su escala de calificación de riesgo internacional. “Lo que no dicen es que ese nivel lo compartimos con Vietnam, Albania, Armenia, Etiopía, Honduras, Jordania, Kenya, Nigeria, Suriname o Angola y que, desde ese nivel B1, nosotros tenemos que subir 4 niveles para alcanzar el rango de un país susceptible de inversiones... ¡Este es el éxito de Grecia!”, puntualiza el economista Leonidas Vatikiotis.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, recibe un aplauso de los ministros de su gobierno tras un discurso durante una sesión parlamentaria. | Reuters
Este panorama macroeconómico que tanto Syriza como Europa y los bancos pintan de colores, tiene su contrapunto lleno de matices en la calle, donde cada día miles de personas se enfrentan a una realidad que poco tiene que ver con números grandilocuentes y especulaciones financieras. Las cifras de desempleo han bajado y ya no son las del alarmante 27,6% que alcanzaron en el pico de la crisis en 2013, sino de un 18,5% que, de todos modos, todavía es la tasa más alta de la UE (le siguen España con un 14,1% e Italia con un 10,5%, según datos recientes de Eurostat).
“Somos conscientes de que, pese al optimismo que muestran las cifras del paro y la innegable mejoría de nuestra situación económica, el problema sigue siendo grave en cuanto al nivel salarial, que cada vez es más bajo, y al aumento de trabajo a tiempo parcial sin ninguna garantía de continuidad”, afirma Iorgos Petrópoulos, miembro del Comité Ejecutivo de ADEDY, la Confederación de trabajadores públicos de Grecia.
“Todo el mundo sabe que este Gobierno es chantajeado por la UE y por ello toma medidas de las que estamos completamente en contra, como los recortes al derecho de huelga o la falta de nuevas contrataciones de trabajadores públicos. La situación es muy grave, sobre todo, en los sectores de educación y salud donde necesitamos con urgencia el aumento de los salarios”, reclama Petrópoulos, en referencia al sueldo de aproximadamente 800 euros que un maestro recibe por un trabajo a jornada completa o de 700 que gana un médico en un hospital público.
“Las cosas han ido a peor en todos estos años. El personal que se jubila no se sustituye, las contrataciones se congelaron desde 2010 hasta 2017 y a partir de entonces los nuevos puestos que se cubren son mínimos en comparación con las necesidades”, explica Panagiota, enfermera y comadrona en la planta maternal de un hospital público de Atenas. “La situación se agravó mucho, además, con la llegada masiva de refugiados porque no contamos con los empleados ni con el material suficiente para atenderlos a todos”, alerta. “Nuestra carga de trabajo se multiplicó y nuestro sueldo se redujo, con lo cual el servicio ofrecido a la población en algo tan importante como la salud es cada vez peor”, concluye Panagiota.
El salario mínimo ha subido por primera vez en febrero de este año desde que en 2012 se viera reducido un 22% a instancias del FMI, cuando pasó de 752 euros a 586 euros brutos, 510 en caso de los menores de 25 años. En la actualidad alcanza los 650 euros, el 11% más, y ya no existe la distinción por edad. Este aumento se espera que tenga un impacto significativo en un país donde el 72,8% de los empleados percibe un salario mensual neto inferior a los 1.000 euros y que, según los últimos datos de Eurostat, ocupa la segunda posición de la Unión Europea en pobreza laboral (14,1%), sólo por detrás de Rumanía (18,9%) y seguido de cerca por España (13,1%).
“Grecia es el país con mayor porcentaje de parados que no reciben ninguna prestación. Según el organismo de ocupación estatal, OAED, solo el 18% de los desempleados cobra el subsidio de desempleo porque los requisitos para recibirlo son muy estrictos y la mayoría se queda afuera”, alerta el economista Leonidas Vatikiotis.
Estas condiciones de extrema vulnerabilidad han favorecido la creación durante los años de crisis de “un mercado negro de trabajadores”, en el cual la gente cobra 300 o 400 euros mensuales por un empleo a jornada completa sin ningún tipo de contrato (y por lo tanto sin acceso al nuevo aumento del sueldo mínimo anunciado por el Gobierno). “Estamos hablando de esclavitud ”, exclama Vatikiotis, remarcando que el coste de vida en Grecia es como el de cualquier país del sur de Europa, por lo que la subsistencia con esos ingresos es prácticamente inviable.
El objetivo marcado por la UE y el FMI era, a través de un primer rescate de 110.000 millones de euros en el año 2010, reducir los elevados índices de déficit que el Ejecutivo griego había anunciado y frenar el pánico en los mercados. El precio del préstamo era también alto: recortes en la inversión pública, los salarios y las prestaciones sociales.
El resultado: dos nuevos rescates para compensar la pérdida de un 25% del PIB, la contracción de la economía debida al cierre de más de 87.500 pequeñas y medianas empresas desde 2010 y la disminución, por consiguiente, de los ingresos fiscales y el aumento de la deuda pública. “La imagen de éxito que se pretende difundir es una cuestión política: Europa y los mercados quieren dejar claro que su modelo ultraliberal funciona, a la vez que el partido de Syriza quiere ganar las elecciones”, sostiene Vatikiotis.
La movilización ciudadana, en tanto, también se ha visto mermada después del “batacazo” que supuso para la izquierda la firma del último memorándum por Tsipras , tras su asunción del Gobierno en 2015. La decepción que provocó en muchos de sus antiguos simpatizantes el acatamiento de las condiciones de la troika, habiendo obtenido un rotundo “no” en plebiscito, es algo que aún hoy no se ha podido superar. Y las últimas encuestas sobre los inminentes comicios del 26 de mayo lo reflejan: la ventaja de la derecha por sobre Syriza se estima en más de 10 puntos y la abstención en niveles récord.
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