martes, 25 de junio de 2019

Sistema penitenciario sigue sin garantizar rehabilitación y seguridad en Honduras



El pasado 12 de junio la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán, fue escenario de una riña que dejó como resultado un muerto y por lo menos 25 personas heridas.

Para el padre Agustín Lara, capellán de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica, es alarmante la situación que Honduras atraviesa en materia penitenciaria. “La realidad es que los centros penales están sobre saturados, el nivel de hacinamiento es extremadamente grande. Penales, que fueron construidos para 80 personas ahora albergan a 300, esas condiciones ya no son nada saludables para los privados de libertad”, expresa el sacerdote.

Por otra parte, Orle Solís, presidente del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), señala que les preocupa la realidad de todos los centros penitenciarios del país.  “Constantemente hemos estado recomendando al Estado de Honduras, mejorar la seguridad y las condiciones de los centros de reclusión, sin embargo, no hay respuesta”, señala.

Agrega que, para un buen funcionamiento del sistema penitenciario, es necesario no solo terminar con el problema del hacinamiento, sino por la formación de hombres y mujeres en la Academia Nacional Penitenciaria que tengan sensibilidad y capacidad de tratar con privados de libertad, que se le de las visitas tal y como debe de ser, un buen sistema de salud y educación, entre otras cosas, servirán para ir terminando paulatinamente con la crisis en los penales.

Más penales no es la solución
El gobierno de Juan Orlando Hernández en los últimos cinco años construyó dos centros penales, denominados de máxima seguridad: El Pozo en Ilama, Santa Bárbara y la Tolva en El Paraiso. Orle Solís no cree que su apertura logre acabar con la crisis penitenciaria. “Crear centros penitenciarios no es desarrollo.  Se requiere fortalecer un buen sistema de educación y salud, además de crear mayores oportunidades, sobre todo para la juventud, para que no sean absorbidos por grupos irregulares. Desarrollo es abrir escuelas, universidades y hospitales” apuntó.

Las  condiciones  de  hacinamiento y  falta de los servicios básicos en los  centros  penales  de  Honduras y  Centro América representan una constante violación a los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad constituyendo una especie de tortura.

Los principales problemas que afronta el sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento, la existencia de cárceles con sistemas de autogobierno en las que son los propios privados de libertad quienes ejercen el control efectivo de lo que ocurre intramuros, en las que algunos tienen poder sobre la vida de otros, las disputas entre internos o bandas criminales por el mando de las prisiones o por el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas; la tenencia de armas de todo tipo por parte de los reclusos, el consumo de drogas y alcohol por parte de los internos entre tantas otras cosas.

Además de la corrupción que existe entre los custodios y las autoridades penitenciarias.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que el sistema penitenciario de Honduras sea eficiente, el Estado debe de tomar control absoluto de las 24 cárceles que operan en el país. Asimismo, debe llevar a cabo la implementación efectiva de toda política penitenciaria, y de los objetivos de la privación de libertad, lo cual depende en definitiva de aquellos funcionarios directamente encargados de la administración de los centros penitenciarios.

El informe realizado por  una visita desarrollada por una delegación de la CIDH en el 2012, concluye que “El sistema penitenciario en Honduras es deshumanizado, paupérrimo y corrupto. Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana”. “Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras, en todas las ramas de Gobierno, impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que éste atraviesa”.

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