Usted bien sabe que en los últimos años sus gobiernos legislativo y ejecutivo han venido promoviendo un proceso acelerado de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos sin que las comunidades fueran consultadas previamente acerca de su impacto en la vida y en la salud de sus miembros.
Usted bien sabe que esta situación está generando una serie de conflictos que terminan en abusos a los derechos humanos, como amenazas, desplazamientos, atentados, criminalización y asesinatos contra defensores y defensoras ambientalistas. El caso del asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo reciente.
Usted bien sabe que uno de los detonantes de estos conflictos es la falta de voluntad de su gobierno para garantizar la participación ciudadana y respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades.
Usted bien sabe que por lo anterior, el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 4 ocasiones por violaciones a derechos humanos relacionados con la defensa del medio ambiente de las víctimas.
Usted bien sabe que en dos de los casos, las víctimas –Blanca Jeannette Kawas y Carlos Luna- fueron asesinadas por su labor de defensoras ambientalistas y el Estado fue encontrado responsable internacionalmente por no prevenir ni investigar diligentemente los hechos.
Usted bien sabe que en los otros dos, el Estado fue condenado por incumplir su obligación de adaptar las leyes nacionales a los estándares internacionales, lo cual se ha traducido en la violación declarada de los derechos a la consulta y a la propiedad del pueblo garífuna.
Usted bien sabe, señor presidente, que si quiere poner un alto a esta tragedia ambiental y humana, tiene la obligación de adoptar una normatividad y práctica adecuada para efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice a las comunidades una consulta previa, libre, informada y de buena fe.
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