Es el primer viernes de junio y nos juntamos para el plantón de este mes, y los rostros de los desaparecidos y desaparecidas, nos dicen: “aquí estamos exigiendo verdad y justicia sobre nuestros crímenes ejecutados por agentes del estado”.
Esa demanda de justicia se extiende para los desaparecidos del presente, para aquellos y aquellas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para aquellas mujeres cuyas vidas fueron violentadas, para los migrantes que huyen de su tierra producto de la violencia.
Nuestra demanda de justicia abarca también el esclarecimiento del asesinato de la dirigenta indígena Bertha Cáceres. Queremos que enfrenten la ley, no solo quienes halaron el gatillo sino a los que planificaron y financiaron este crimen.
Exigimos justicia para Abel Pérez de la Red de Defensores del Sur (REDEHSUR) y del pescador Tomás Hernández, que guardan prisión en una cárcel de Nacaome, víctimas del poder económico de Coyolito en la Península de Zacate Grande.
Ese grupo de poder compuesto por los Facussé y los Casís que actúan bajo la protección del gobierno y del sistema judicial, están llevando a cabo el plan traidor de apropiarse de Zacate Grande para venderla a transnacionales y convertirla en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En la aldea El Tránsito, Nacaome seis campesinos enfrentan procesos judiciales por oponerse a la explotación de los recursos mineros ejecutada por la Concesionaria Cerros del Sur. Asimismo más de 30 pescadores de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande han sido procesados por defender el pedazo de tierra donde crecieron.
Exigimos la liberación de las tierras y playas, que no haya más permisos de concesión y que se respete el derecho de la población a poder decidir si se avanza o no, con los proyectos de desarrollo sin dañar el entorno.
Recibimos con optimismo la presencia de la experta en derechos humanos, Liliana Andrea Avila, delegada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), para que presencie el juicio que se ventilará en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de esta capital; contra 25 campesinos (entre ellos a 2 mujeres campesinas), acusados por la fiscalía por los delitos de manifestaciones ilícitas y daños a la propiedad en perjuicio del estado hondureño y que a nuestro juicio representa la “criminalización de la protesta social” orquestada desde el estado de Honduras.
Nuestra demanda de justicia también va para los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la que una vez fue la universidad del pueblo, que ventilaba en foros públicos, la realidad nacional y que acompañaba las luchas de las grandes mayorías. Hoy en manos de autoridades plegadas al gobierno de turno, retrógradas e intolerantes; que promueven la exclusión y la privatización de la educación pública.
La comunidad universitaria está siendo brutalmente reprimida por las fuerzas policiales que acuden sin chistar al llamado de la Rectoría, que se olvidó de los derechos estudiantiles para proseguir con el plan privatizador de la UNAH.
De los hechos y de los hechores
¡Ni Olvido Ni Perdón!
COFADEH
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