Por Sandra Rodríguez
Su día inicia a las cuatro de la mañana, debe encargarse de las labores del hogar como hacer tortillas, preparar la comida, despachar a sus tres pequeños hijos a la escuela, lavar la ropa y aseo de la casa. Pero también hace tiempo para cultivar la tierra, y participar en las reuniones sociales propias de la defensa del territorio en su comunidad indígena de La Paz, al centro de Honduras.
Ella es Glenda Martínez, una mujer Lenca e integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quien hoy denunció las consecuencias que como mujeres sufren debido a la criminalización de las protestas sociales cuando están procesos de recuperación de tierras apropiadas por quienes tienen el poder político y económico, marginando a los verdaderos dueños y herederos ancestrales de los recursos naturales.
Cuando los policías y militares llegan a las propiedades usan de manera extrema la fuerza, y con las mujeres se ensañan más, al grado que algunas compañeras han sufrido abortos por los golpes recibidos, así mismo, solo en La Paz, uno de los 18 departamentos del país, hay más de 200 mujeres campesinas criminalizadas por esta lucha.
Glenda está en un proceso de defensa de la tierra desde el 2004, pero desde el 2010 está criminalizada con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que debe ir a firmar cada semana al juzgado asignado, debido a la denuncia de terratenientes, “allí los que se dicen dueños son los de apellidos Córdova” dijo Glenda, quien agregó que son parientes del ex presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), quien inició la supuesta era de gobiernos democráticos en Honduras, pero que también presidio en la época donde se instaló por el gobierno de los Estados Unidos la Doctrina de Seguridad Nacional que dejó más de 184 detenidos desaparecidos en Honduras, y cientos de violaciones a DDHH y exilios forzados.
Recientemente Ana Mirian Romero, dirigente indígena Lenca de La Paz, fue reconocida con el premio “Defensores en Riesgo” en Irlanda, por la organización Front Line, ella es un ejemplo de lucha y por eso no nos damos por vencidas, porque estamos defendiendo los bienes para nuestros hijos e hijas, pero también son bienes que sirven a la población en general, expresó Glenda.
La Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, de la cual Glenda forma parte, junto a Ericka Fúnez de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Esperanza Cardona, Emma Fúnez e Irma Martínez, exigen que cese la criminalización en un entorno donde el 70 por ciento de las tierras están en poder de un tres por ciento de terratenientes, con un gobierno excluyente y poder judicial amañado que favorece a quien tiene dinero.
En el comunicado de prensa, compartido este dia, manifiestas que: Nosotras la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras, integrada por representantes de las organizaciones campesinas (ANACH, CNTC, CODIMCA, UCIH-Choluteca y ADROH-La Paz), reunidas en Tegucigalpa, Honduras, hicimos un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres campesina, indígenas y garífunas ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.
El contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de Derechos Humanos, en el agro hondureño, denunciamos que en el país un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos y campesinas que no poseen predios para producir y vivir.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, Honduras es uno de los siete países del mundo con los índices más altos de impunidad y muy poco se hace para revertir la situación, contando con pocos recursos financieros, humanos y técnicos para combatir ese flagelo. En Honduras resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, ya que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera son investigados y es una irrisoria cantidad la que llega a judicializarse, supuestamente el 96% permanecen impunes.
En los últimos tres años el agro hondureño reporta 120 campesinos y campesinas asesinados/as, entre ellas 5 mujeres campesinas e indígenas (2 en Pimienta, 1 en San Manuel, Cortés, Margarita Murillo – Agosto 2014 y Berta Cáceres – Marzo 2016). De igual manera existen más 6,000 procesados/as a nivel nacional, entre ellas 1,700 mujeres campesinas e indígenas por estar exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y el territorio.
Nosotras las mujeres rurales que sufrimos constantemente la criminalización por parte de las autoridades estatales, nos vemos afectadas en nuestra vida personal y familiar. Durante la brutalidad en los desalojos violentos, nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras viviendas, destruyen los cultivos, roban nuestras pertenencias, algunas abortan debido a la represión y los gases lacrimógenos, muchas sufrimos daños psicológicos.
Ante toda la grave situación que estamos viviendo como mujeres campesinas, indígenas y garífunas, Exigimos a las autoridades y alertamos a Organismos Defensores de Derechos Humanos nacional e internacional:
1.- El cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio.
2.- Exigimos procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos, así como determinar los sobreseimientos definitivos a las personas o grupos campesinos con medidas cautelares.
3.- Exigimos al Fiscal General de la República, Fernando Chinchilla la entrega del Informe realizado en el año 2014, donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos realizados por la Fiscalía de DD.HH en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.
4.- Exigimos la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la investigación de los asesinatos de las 5 mujeres campesinas e indígenas.
5.- Demandamos al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 9 de abril del año 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.
Como Articulación de Mujeres de LVC Honduras nos sumamos a las demandas de la familia de la compañera Berta Cáceres: 1) Castigo a los autores intelectuales de su asesinato, 2) La cancelación de la licencia de DESA, 3) La instalación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación y 4) Declarar el Río Gualcarque “Patrimonio Nacional”.
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio, 2016.
Articulación de Mujeres de La Vía Campesina Honduras
Basta de Violencia Contra las Mujeres del Campo
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