Por Giorgio Trucchi
El 2 de mayo pasado, el periodista hondureño Félix Molina sufrió un doble atentado que casi le cuesta la vida. La bala disparada a quemarropa atravesó las dos piernas sin lesionar huesos ni arterias. “Tal vez me asaltaron para robarme el celular, pero sería irresponsable no considerar una relación directa con mi profesión”
Sin duda sería muy ingenuo tratándose de Honduras.
Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-Felap), después del golpe de Estado del 2009 fueron asesinados 57 periodistas y comunicadores sociales. Más del 90 por ciento de estos asesinatos ha quedado impune.
Una masacre silenciosa en medio de ataques cada vez más violentos contra periodistas y medios que se atreven a investigar y denunciar la corrupción gubernamental, así como los vínculos entre política, proyectos extractivos, grupos económicos nacionales e internacionales, criminalidad organizada, militares y policías.
En 2015, C-Libre ha elaborado 218 alertas y ha denunciado 219 agresiones contra la libertad de expresión y 18 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales. En los últimos 13 años, dicha organización ha documentado 1.200 agresiones contra la libertad de expresión.
A la campaña mediática y los feroces ataques de las últimas semanas contra observadores y defensores extranjeros y periodistas nacionales e internacionales, se suma ahora el cierre del canal Globo TV, el principal medio opositor del país, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
En marzo, su director David Romero Ellner fue sentenciado a 10 años de prisión luego de encontrársele culpable de seis delitos de injurias por difamación contra Sonia Gálvez, esposa del Fiscal General adjunto Rigoberto Cuéllar.
Tanto Globo Tv como Radio Globo han venido denunciando los escándalos de corrupción que han sacudido al partido de gobierno y al mismo Ejecutivo -como por ejemplo el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)- en medio de una institucionalidad cada vez más débil y desprestigiada.
Radio Globo, en particular, fue uno de los pocos medios nacionales que levantaron su voz de protesta contra el golpe de 2009, contribuyendo a romper el cerco mediático impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Su sede fue militarizada, todos los equipos de transmisión fueron secuestrados y la radio quedó meses fuera del aire. Félix Molina en aquel entonces era conductor del programa “Resistencia”.
Igual que la radio, el actual director técnico de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) sufrió la violenta censura del régimen despótico.
Apología de la vida: “Irresponsable no pensar en un atentado”
Tras el atentado que casi le cuesta la vida, Félix Molina habló con La Rel y dijo sentirse ‘resucitado’.
“La resurrección equivale a resurgir, renacer y en algún modo así me siento. El disparo pudo haberme matado como les ha ocurrido a tantos hondureños y hondureñas. Pero tampoco hay que morir físicamente para tener el chance de resucitar”, dijo el periodista.
“Cuando perdemos la esperanza, cuando nos acobardamos y dejamos de luchar, cuando nos encuevamos en el espacio íntimo de una casa llena de barrotes también estamos muriendo.
Por esto estoy aquí, con gana de seguir trabajando, celebrando y haciendo apología de la vida”, agregó Molina.
Para él no es fácil hacerse preguntas sobre lo que le ha tocado vivir.
“Es difícil hacer conjeturas sobre si hay una relación entre los ataques y mi trabajo, pero también sería irresponsable no considerar esta opción. ¿Cuántas veces hemos visto disfrazar un crimen político como delito común?”, se preguntó el periodista hondureño.
Fuerzas represoras y proyectos extractivos
El mismo día de los ataques, Félix Molina había denunciado en su muro de Facebook el involucramiento de políticos, empresarios, militares y policías en proyectos extractivos, entre ellos el controvertido proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Dicha empresa es señalada por la familia de Berta Cáceres y por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) como la principal responsable del asesinato político de la dirigente indígena lenca.
“Durante todo el día me dediqué a escribir sobre el asesinato de Berta. Inicié con las reacciones de su familia en mi programa en RDS Radio y continué con un post en mi muro de Facebook, donde cuestionaba la presencia de militares y policías activos o en retiro en varios proyectos extractivos”, explicó Molina.
Para el reconocido periodista, esta situación genera una creciente militarización de los territorios y constituye una amenaza real para las comunidades que se oponen a estos proyectos.
“Luego escribí sobre la presencia de al menos un pariente directo del ministro de Seguridad y de militares en la estructura de DESA, así como del perfil de los militares acusados del asesinato de Berta. Y eso mientras las Fuerzas Armadas están desarrollando una campaña para dar a la nación una buena imagen de sí mismas”, señaló Molina.
En muchos han asociado los ataques del 2 de mayo con estas publicaciones, tal vez no para asesinarlo, sino para mandar a Molina y a los demás periodistas un mensaje inequivocable.
“Me cuesta creer que esto pueda ser cierto. Me cuesta creer en la lógica de la persecución contra la libertad de expresión… pero sería irresponsable no pensarlo”, reflexionó el también director de la Asociación Alternativas en Comunicación (Alter-Eco).
“Ojalá el Estado tenga la voluntad de investigar y castigar a los responsables. Si no lo hará, todos tendremos el legítimo derecho a pensar que fue una estructura criminal vinculada a intereses privados y públicos, la que decidió enviar este mensaje a través de mi cuerpo”, indicó Molina.
Honduras herida: Impunidad genera más violencia
Finalmente dijo que Honduras necesita cuanto antes romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad. El periodismo puede y debe ser una herramienta imprescindible para generar debate y revelar los elementos ocultos que contribuyen a generar este contexto.
“El contexto en que ocurren estos hechos contra mi persona es absolutamente desfavorable para ejercer una profesión pública como es el periodismo y la comunicación.
La impunidad abona para que se genere más violencia, y este gobierno propone como única solución más militarización y más presupuesto para militares y policías.
Debemos iniciar un debate muy serio y profundo, cuestionando el papel del sistema de comunicación en Honduras frente a los desafíos de la sociedad”, concluyó.
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