Del 23 al 27 de mayo de este año, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, visitó el país con el objetivo de examinar el nivel de protección del derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia y la rendición de cuentas cuando se vulneran tales derechos.
Como producto de esta visita, el Relator Especial publicó una serie de observaciones preliminares, que serán ampliadas y detalladas en un informe que presentará en el año 2017 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para el Relator Especial, a pesar de la reducción de la tasa de homicidios, el problema en Honduras tiene dos dimensiones paralelas: por un lado, el elevado número de personas que son asesinadas y por otro, el bajo número de presuntas personas responsables intelectuales y materiales que son investigadas y sancionadas.
En este sentido, la “impunidad es el distintivo y gran parte la causa de la continua violencia”, y a su vez, “es el resultado de una arraigada corrupción, extorsión y debilidad de las instituciones” que se profundizó con el golpe de Estado de 2009.
El Relator Especial es enfático al señalar que el problema de inseguridad se complica por la creciente militarización de la seguridad pública y los conexos episodios de uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía nacional, de la policía militar y de las fuerzas armadas,“ a veces en confabulación con el crimen organizado”.
A esta misma conclusión llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar en su más reciente informe sobre Honduras que la situación de violencia y criminalidad resulta exacerbada cuando parte de ella proviene “del mismo cuerpo policial, y de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.
El Relator Especial nos da la razón al hacer esta afirmación pues desde hace años hemos venido alertando que la remilitarización de la seguridad provoca más problemas que los que supuestamente pretende resolver y coloca a la ciudadanía en una situación de mayor vulnerabilidad frente a unos soldados que no tienen la capacidad de distinguir entre ciudadanos para proteger y enemigos que eliminar.
Los datos registrados por Human Rights Watch en su informe 2015 son contundentes al respecto: desde que el presidente Juan Orlando Hernández incrementó la participación militar en la lucha contra la criminalidad, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares han aumentado considerablemente.
La violencia y la criminalidad solo podrá ser arrancada de raíz de nuestra sociedad si se adopta una política de seguridad que incluya programas orientados a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión y negación de derechos tan básicos como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etc., cuya intolerable negación provoca que la conflictividad aumente y se ponga en riesgo el régimen democrático.
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