Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron de los bienes de la naturaleza durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y en el actual gobierno de Juan Orlando Hernández. Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con una licencia en mano para instalar una minería, una represa o talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla.
Ahora es normal y casi cotidiano escuchar que se han iniciado acciones de defensa de los ríos, de los bosques en comunidades de los departamentos de Lempira, La Paz, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, Cortés, entre otros. Todo el país está concesionado.
Y la defensa de los bienes comunes de la naturaleza se hace aún sabiendo que le puede costar la vida a los líderes que la impulsan porque ese fue el mensaje que también mandaron a los líderes ambientalistas con el asesinato de la guardiana de los ríos y lo bosques, Berta Cáceres.
Como resuenan, cobran fuerza y se ensaña como un mandato para todos y todas las palabras de Bertita cuando nos manda a decir “despertemos humanidad, ya no hay tiempo”. Palabras que calan en la vida de las comunidades pero que aún no hacen efecto en nuestros gobernantes que siguen poniendo el territorio hondureño a disposición de la industria extractiva para que venga a explotar los minerales que tiene nuestra tierra sin importar las consecuencias que estas prácticas generan en la población.
No sólo se trata de los desplazamientos y expulsiones de las familias de sus comunidades, sino que se atenta contra la salud y la vida de los habitantes, se desmejora la calidad de vida y se atenta contra la relación y conexión que tienen las familias con el ambiente. Se destruyen las fuentes de agua, los bosques y se destruyen los nutrientes de la madre tierra llevándola hasta la esterilidad. El único objetivo de las mineras es llevarse nuestros recursos dejando más miseria, luto y dolor entre las familias.
Pero hay, hoy por hoy, y van a seguir surgiendo muchas comunidades que se van a declarar en lucha permanente. Las comunidades han dejado muy clara su postura que aunque el gobierno entregue los bienes comunes de la naturaleza, los explotadores no podrán entrar a las comunidades. Ese es el grito en contra de la industria extractiva que se convierte en un grito por la vida.
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