Nadie duda que en Honduras la institucionalidad se encuentra en una situación precaria y con altos niveles de desconfianza por parte de la población que ve cómo la corrupción y el absolutismo en manos del poder Ejecutivo ha hecho pedazos la separación de poderes que debe caracterizar a un Estado democrático de derecho.
Así las cosas, el derecho de petición y de recibir pronta respuesta, reconocido en el artículo 80 de la Constitución de la República, se ha convertido en ilusorio, ya que los canales tradicionales de la institucionalidad se han enmudecido y ensordecido ante las demandas de la ciudadanía.
Por tal razón, hoy más que nunca el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la participación ciudadana y ejercer el derecho colectivo a la libertad de expresión concretado en la manifestación pública y pacífica.
En este sentido, la protesta y la movilización social se constituyen en herramientas de petición a la autoridad y también a un canal de denuncias públicas sobre violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, haciendo muestra del autoritarismo que permea a prácticamente todas las instituciones del Estado, la respuesta oficial frente a las manifestaciones pacíficas se caracteriza por el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza por parte del Ejército y la Policía; (b) por la falta de controles con respecto al uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en las manifestaciones; y (c) por la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.
Este tipo de represión que criminaliza cualquier manifestación de disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado y su impunidad se ha institucionalizado de tal forma que representa la amenaza más grande para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas, y en consecuencia, para la existencia misma de la democracia.
¿Cómo hacerles entender a unas autoridades represoras, ignorantes y autoritarias que la protesta social pacífica es de suma importancia para el fortalecimiento del proceso de construcción democrática?
¿Cómo hacerles entender a unos aprendices de dictadores y fascistas que manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública e implica ejercer colectivamente el derecho a la libertad de expresión y los demás derechos civiles y políticos que vigorizan la ciudadanía?
¿Cómo meterles en sus mentes reaccionarias que no es posible considerar que el derecho a la libertad de circulación tiene prioridad sobre el derecho de libertad de expresión, si este último no es un derecho más, sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que requiere de una atención privilegiada?
Si las autoridades quisieran dar muestras de un mínimo nivel de democratización, deberían entender que la restricción de las manifestaciones pacíficas sólo puede justificarse cuando se trata de medidas estrictamente proporcionales que se adoptan para garantizar que las protestas se desarrollen pacíficamente, y no para frustrar la expresión de las opiniones.
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