La previa de un Tsunami siempre se caracteriza por tranquilidad en el mar, un pequeño presagio de lo que está por llegar. Las últimas semanas el sector transporte disfrutó de esa calma, generando olvido de los acontecimientos recientes y produciendo confianza para trabajar con un poco más de libertad; al final todo fue un espejismo. La tormenta estaba por llegar y la amnesia junto a la infructuosa política de seguridad cobró factura una vez más.
La marea de violencia desbordó nuevamente sobre cuerpos inocentes, la última semana los transportistas vivieron otro capítulo de terror. Los epicentros de ese sismo sangriento fueron en La Ceiba donde la empresa de Transporte Cristina por segunda ocasión en menos de tres meses fue víctima de un incidente que dejó a tres personas muertas y una unidad incendiada. Mismo destino vivieron tres personas en Puerto Cortés quienes después de un ataque a una unidad de la Empresa “Elias”, fallecieron. Un día después en la Entrada, Copán desconocidos bajaron a los pasajeros de la empresa Tilpa para incendiar la unidad y enviar un mensaje a sus propietarios.
“Después del trueno, Jesús, María”, dice el refrán. En Honduras así se manejan los problemas, solo al presentarse sucesos de impacto, los flagelos vuelven a las mesas del debate. La extorsión, inseguridad y una nueva Ley de Transporte que haga cambios en las reglas actuales del juego se han convertido en temas pendientes por resolver.
La realidad es más dura que los datos. El registro del observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras expone que en lo que va del 2016, se contabilizan 63 homicidios, adjunto a ello siete unidades de autobús han sido incendiadas por rehusarse al pago de extorsión.
Las víctimas aumentan en comparación al año pasado y la dirigencia del transporte gestiona con resultados estériles ante un gobierno que desatinó en la política para combatir la criminalidad.
A la espera de la ley en un país sin justicia
El gobierno responde a cada amenaza con una ley desde el Congreso Nacional. La extorsión y asesinatos de transportistas no fueron la excepción y para ello los legislativos en concordancia con el Presidente Juan Orlando Hernández aprobaron una Ley de Transporte que incluirá medidas preventivas y de auxilio a los afectados.
De la mano a esto, el gobierno ideó una política de combate criminal, que se centra en la militarización, cobro de tasa de seguridad, que sin fiscalización alguna genera dudas sobre el uso de sus fondos, aunado a esas tácticas también se creó una Fuerza Nacional Antiextorsión que pretende desarticular bandas que se dedican a ese delito y hacer bajar los índices de extorsión en el país.
La Ley de transporte según el diputado nacionalista Rolando Bueso y encargado de dirigir el proceso, contendrá medidas preventivas a ser instaladas en las unidades de transporte, entre ellas: botones de alerta, cámaras de seguridad, tarjetas prepagos y vigilancia permanente, entre otros.
Para el vocero de los transportistas Jorge Lanza, la Ley que además de estar retrasada en su aplicación también ha generado debates, no solucionará la problemática, porque no solo se trata de prevenir, sino de combatir la extorsión. Por el momento la Ley no se aplica porque el Presidente no ha nombrado a los 13 comisionados que afinarán la normativa y Rolando Bueso dijo que esa dinámica no pasará del mes de junio.
“Es una Ley bastante moderna y contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas y atacar a los grupos criminales que han causado estragos en las unidades urbanas”, recalcó Bueso.
Para Jorge Lanza es imposible ocultar sentimientos en medio de esta coyuntura: “Estamos tristes por la situación que se vive, ya no aguantamos el ambiente de violencia e indefensión, las autoridades deben poner su esfuerzo, porque no podemos seguir viviendo así”.
Asimismo cuestionó el papel de las autoridades, quienes no han podido resolver la interrogante sobre el método de operación delincuencial, y también el origen de la indumentaria militar para perpetuar sus ataques y como esas múltiples preguntas más.
“El Consejo Nacional del Transporte sigue exigiendo medidas concretas de prevención y combate ante este grave problemática de inseguridad”, continuó expresando el transportista.
Lanza cree que los ataques son producto de la extorsión, lo anterior a pesar de las declaraciones de autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión quienes aseguraron que los tres sucesos de esta semana no tienen vinculación alguna.
Por su parte el analista en temas de seguridad Celso Alvarado dice que el momento violento que vivimos es el reflejo de una política de seguridad fracasada.
“Realmente lo que se invierte en materia económica en seguridad no se ve reflejada en la realidad, desde el momento en que los asesinatos se incrementan y podemos decir que la política que implementa el gobierno no ha dado resultado.
Es una política fallida que tiene muchos espacios y en realidad la militarización, la tasa de seguridad y la orientación del combate a la inseguridad no tiene lo resultados que a esta fecha esperaría la población”, culminó el analista.
No se puede negar la campaña mediática que hay alrededor de los flagelos hondureños. El gobierno se empecina en mostrar cifras que reflejan descensos en la violencia, pero la realidad palpita otro contexto.
“El gobierno insiste que la criminalidad ha bajado y es porque estamos en un gobierno que aprovecha las plataformas mediáticas que tiene, entonces quiere hacer creer a la gente que ha bajado y que hay más seguridad, que al final es una realidad poco proporcional a lo que se vive día a día”, sentenció Alvarado.
La extorsión se ha convertido en una rama de la violencia que el gobierno no ha podido contrarrestar mediante ninguna política de seguridad aplicada.
La industria del poder
Siempre hay curiosidad por conocer cómo funciona la extorsión y de qué forma llegó al transporte. El analista Javier Canales experto en estos temas relata generalidades que muestran la historia del origen de este problema que tiene contra las cuerdas al transporte, población y gobierno.
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Según Canales la extorsión la inició la pandilla “MS” entre 1998 y 2000, en ese momento se comenzó con prácticas que incluso hasta la fecha se aplican y es que los jóvenes de esa pandilla en sus primeras experiencias pedían uno o dos lempiras para ellos.
La evolución fue inminente y el segundo momento donde se practicó fue en los barrios y colonias controladas por las pandillas, y ahí vieron en los carros repartidores de productos una mina inmediata para explotar.
El transporte fue el tercer lugar donde llegó la extorsión a lo largo de su desarrollo, y fue ahí cuando se dieron cuenta que existía un gran negocio, finalmente ampliaron su industria a los negocios y comercios.
Fue más tarde, en el 2010 cuando la Pandilla “18” se sumó a la faena. Ahí se origina otro conflicto y es la disputa de territorios, la “18” en medio de su inexperiencia empieza a introducirse en el mundo de la extorsión organizada y a pesar del retraso con que lo hicieron también sacaron capital de ese trabajo.
En esos 10 años de retraso, la disputa fue desigual, pues la “MS” ya había acumulado además de experiencia, poder económico, influencia política y policial, así que la “18” llega de forma confusa a meterse y quitar terreno y agudizar las disyuntivas con la “MS”.
Todo este periodo hasta el 2016, la extorsión se ha posicionado y ha girado a tal punto que las pandillas no sólo piden extorsión, sino que ahora llegan a puntos de buses y les dicen la cantidad que pagarán a la semana por cada vehículo, asimismo le dan instrucciones y operan de esa forma, en ese sentido obligan a sus víctimas a no entregar dinero a otro grupo que no sean ellos y respeten el territorio que dominan.
Una fuente que conoce a profundidad el tema de la extorsión pero que prefirió omitir su identidad por motivos de seguridad, la duda de quién o quiénes están detrás de ese delito no puede responderse, pues además de los pandilleros también se sospecha de la policía. Él en medio del temor que lo rodea nos brindó datos generales entre tarifas y totales.
Y es que la extorsión es una ostentosa industria de poder y dinero, solo para citar un ejemplo, San Pedro Sula calificado como una de las ciudades más violentas del mundo, es un paraíso para el negocio. Cada taxi que se ubica sus terminales en la ciudad, pagan 400 lempiras por taxi a la semana, entregando un aproximado de 1 millón 280 mil lempiras al mes a los extorsionadores.
Mientras que cada unidad de autobús paga 600 lempiras semanales, generando un capital para los extorsionadores de cuatro millones 320 mil lempiras mensuales, todo esto según los cálculos sobre la cantidad de unidades de autobús existentes y la cuota de sobrevivencia.
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La extorsión tiene muchas formas de funcionar, desde la distribución de municipios, barrios y colonias, hasta las visitas rutinarias de los cobradores. Todas estas generalidades ya las conocen las autoridades de investigación, pero han sido incapaces de combatir el flagelo que cada día cobra además de dinero vidas inocentes.
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