Por Sandra Rodríguez
La década de los ochentas está marcada por el terrorismo impuesto por la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras, la que atentaba contra la integridad física y emocional de las personas que alzaban su voz en contra de las políticas de Estado violatorias a los derechos humanos.
La situación en la actualidad no ha cambiado, al contrario, con los avances tecnológicos se ha facilitado la persecución, levantamiento de perfiles y ataque mediáticos contra los y las defensoras de derechos humanos, que ejercen su labor en Honduras, país que, según Amnistía Internacional, es de los más riesgosos para los y las defensoras; y donde el Sistema de Justicia se colude con quien ostenta el poder.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) tiene un registro de 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90, cabe señalar que decenas de desapariciones nunca fueron reportadas, y otros casos que fueron desapariciones forzadas temporales, como el de un grupo de seis estudiantes universitarios en 1982.
Dicho caso denominado “Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras”, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se denuncia la detención ilegal, secuestro y la aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra seis estudiantes: Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto, Gilda María Rivera Sierra y Ana Suyapa Rivera Sierra, con registro 12,891.
La CIDH estimó que contra los y las estudiantes universitarias, agentes del Estado de Honduras cometieron violaciones a los artículos 5 (derechos a la integridad personal), 7 (derechos a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A Billy Fernando Joya Améndola, capitán en retiro de la policía, ex-integrante de Inteligencia 3-16 y fundador del Escuadrón élite de represión Lince de los Cobras y primer Comandante de este Escuadrón, se le señala responsabilidad directa en al menos 16 casos y operativos especiales que dejaron más de una decena de personas muertas y torturadas entre ellos, la desaparición temporal de los seis estudiantes, documenta el COFADEH.
Por lo que, el Juez Manuel Cardona le reformó el auto de prisión por considerar que Joya no fue más allá de la detención ilegal. El Capitán retirado que permaneció cuatro años prófugo y se presentó al Juzgado Primero de Letras de lo Criminal en diciembre de 1998; recobró su libertad al pagar una fianza de 2,400.00 lempiras. Joya permaneció dos meses detenidos en el Primer Batallón de Infantería, porque el Juez que conoció la causa inicial le aplicó el Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia de julio de 1996.
Las seis víctimas sobrevivieron a su cautiverio y coincidieron en declarar que sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte sus captores, además reconocieron que la casa donde estuvieron cautivos durante varias semanas era propiedad del general Amílcar Zelaya, en Amarateca, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Defensores sin temor
Cada uno y una de ellas, han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, en temas feministas, institucionalidad del país, integridad personal, democracia, participación política, igualdad, justicia, impunidad y demás, ya sea de forma organizada o individual y sin amedrentarse, de igual forma lo hacen en la actualidad cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre ellos criminalizados y judicializados por defender el derecho a la educación pública y no excluyente.
La lucha sigue siendo la misma que la de aquellos jóvenes de 1982, pero los nombres han cambiado, ellos son: Moisés David Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Isael Alonzo y Dayanara Elizabeth Castillo, ella desde hace un año está fuera del país, por las represalias que tenia de parte de las autoridades de la UNAH, han declarado los mismos estudiantes.
Desde hace dos semanas, se han realizado acciones de parte de la comunidad estudiantil universitaria en Tegucigalpa, quienes exigen un diálogo abierto con la rectora Julieta Castellanos, pero lo que han recibido es una serie de agresiones y ataques de parte de las fuerzas represoras públicas y guardias de seguridad privada que están dentro de la ciudad universitaria, incluso un guardia de seguridad les apunto y disparó con una arma de fuego.
Las acusaciones corresponden, según el requerimiento fiscal por el delito de Usurpación de suelos de uso y dominio público, que según el artículo 231 del Código Penal es penado de 3 a 5 años de prisión. Cabe mencionar que cuatro de estos requerimientos son para estudiantes que tienen medidas sustitutivas a la prisión, ya que en julio del 2015 fueron requeridos por el mismo delito, por lo que podrían ir a prisión tras la orden solicitada por las autoridades universitarias, sin que se les haya probado su participación.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio público, dijo que las actuaciones fiscales son consecuencia de las averiguaciones posteriores a la denuncia interpuesta por autoridades de la UNAH, quienes denunciaron la toma de las instalaciones del Alma Máter a inicios de esta semana, y que entregaron el martes, desde ese día los jóvenes tienen orden de captura.
Los manifestantes son estudiantes generalmente con excelencia académica y por egresar de sus carreras. Son personas con conciencia social que luchan por los derechos de las mayorías, y no sólo por un índice académico que de 60 pasaría a 70 porciento, sino por las reformas integrales que mejoren la calidad educativa, trato digno para los alumnos y docentes, y que no excluya a quienes por razones distintas no aprueban un examen de admisión, o bajan su índice académico, reiteran en declaraciones públicas.
Después de la toma de las instalaciones que fueron entregadas el pasado martes, rodeados de policías y hombres con pasamontañas, se realizó una inspección de los edificios, y las autoridades universitarias denunciaron daños y saqueo de documentos, así mismo los estudiantes desmienten esas acusaciones, ya que ellos no han saqueado nada, mucho menos en lugares que tienen cerraduras las que no están forzadas.
También, se les ha señalado por estar “encapuchados”, y es que los y las manifestantes se cubren el rostro, para protegerse de la criminalización de la que son víctimas, además sus pañuelos les sirven para cubrirse de los efectos de los gases lacrimógenos que lanzan los policías, aclaran.
Los seis estudiantes de la actualidad, hoy se han manifestado diciendo que “no se han ido” ya que, hoy más que nunca están cohesionándose como estudiantes conscientes respecto de la problemática general de nuestro Alma Máter, direccionados en recuperar la academia secuestrada por el régimen nefasto y autoritario de Julieta Castellanos, enfocados en la lucha por la democratización de la UNAH y para que el gasto público se priorice en la academia y ciencia, y no en los lujos suntuosos de la rectora.
Entre los imputados, según los jóvenes hay uno que es desconocido por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), otros están en prácticas profesionales fuera de la ciudad y otra fuera de país.
Una lucha criminalizada desde hace varios años
En el 2011 se puso en agenda estudiantil la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria (ACEU), cuyo fin es democratizar con participación estudiantil los órganos de co-gobierno universitario (comités técnicos de carreras, juntas directivas de facultades y centros regionales, y Consejo Universitario).
En el 2012 impulsaron la primera campaña para organizar las asociaciones de estudiantes de carreras en Ciudad Universitaria, tal como dictan las normativas internas de la UNAH.
En el 2013, los y las estudiantes levantaron la voz en contra de la violación de la Autonomía Universitaria del régimen de la UNAH por hacer uso del tráfico de influencias con el Partido Nacional, con el fin de reelegir a Julieta Gonzalina Castellanos. Además contra la trama de eliminar el proceso electoral estudiantil que le permite actualmente a las autoridades imponer estudiantes "de dedo" para no tener ninguna oposición contra todo el proceso. En este mismo contexto alzamos la voz contra el anteproyecto de Ley de Educación Superior donde pretenden darle "autonomía responsable" a las universidades privadas, agudizando el proceso de mercantilización de la educación en Honduras.
En el 2014 entran las normas académicas excluyentes, acompañadas por un nuevo plan de arbitrios con un aumento indiscriminado de los servicios estudiantiles, el cual se dieron protestas y tomas de edificios. Hay compañeros que ni estuvieron en las tomas y presentaron constancias de ello; hubo dañas algunas instalaciones y culparon a quienes realizaban las manifestaciones, desarrollando un proceso de expulsión viciado y violentando los procesos administrativos internos de la UNAH, denuncian los y las estudiantes.
Para el 2015 se agudizaron los conflictos en la UNAH-Valle se Sula, y además de las normas académicas. Por lo que se ejecutan protestas y tomas de edificios, que desembocó en una toma general de Ciudad Universitaria, UNAH-VS, La Ceiba (CURLA), Comayagua (CURC), Choluteca (CURLP), los compañeros que estábamos expulsados y reintegrados por orden de la Corte Suprema de Justicia, acompañábamos las protestas pero no dirigíamos los procesos –aclaran que- en las audiencias en los Juzgados jamás se les prohibió participar en la protesta ya que es un derecho humano universal. Empero, el régimen autoritario a través de Roger Aguilar jefe de los guardias privados ESPA, comienza un proceso de investigación con instancias y agencias de inteligencia como la ATIC dándonos seguimiento y construyendo historiales de vida, donde este señor Aguilar, y los "relacionadores públicos" de cada facultad, se han dedicado a levantar perfiles de los protestantes, con fotografías, nombres, y otros datos que les sirven.
En estas tomas el régimen arremete con tres estudiantes que fuimos expulsados, dándonos requerimientos fiscales a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, la cual el informe de la DNI no presenta nombres porque todos estaban encapuchados. Pero el Ministerio Público al servicio de Julieta Gonzalina Castellanos presenta a Roger Aguilar con la finalidad de levantar un falso testimonio con el objetivo de imputarnos, cuando Cesario Moisés y Sergio acompañaban a los estudiantes indignados como el comité por defensa de los DDHH en la UNAH, denuncian a través de una carta pública.
En el 2016, los y las universitarias, consideran que se ha llegado al punto más álgido en contra de las normas académicas, en donde a raíz de las protestas y la toma de 24 horas, se libra orden de captura contra seis de ellos, que el único que estuvo presente fue Cesario Padilla como periodista independiente y defensor de DDHH.
Hoy esa lucha la han afirmado con una multitudinaria asamblea, donde el anfiteatro fue insuficiente, y las calles a lo interno de la UNAH se invadieron de gritos demostrando la presencia universitaria, no la mediática, sino la real, la que exige una formación integral.
Mientras que los seis estudiantes criminalizados, afirman que “¡NO! No nos hemos ido, nuestra denuncia, nuestras fotografías, pero sobre todo nuestro compromiso con la academia, realizando práctica profesional, ejerciendo la profesión y en último caso, en el exilio, buscando el acceso a la educación que la UNAH nos niega, a golpes, gaseadas, expulsiones, criminalización, campañas de odio y hasta balas”.
Con amor revolucionario...
Los que estamos firmes por la lucha de la justicia social y la educación pública, gratuita, laica y de calidad.
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