Por Sandra Rodríguez
Abogados defensores de derechos humanos interpusieron hoy en el Ministerio Público, MP, una denuncia contra fiscales de esa institución y agentes de la Agencia Técnica de Investigación criminal, ATIC, involucrados en la criminalización de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, y que emplean datos falsos.
Según la denuncia, los funcionarios han utilizado datos falsos, acusando a dos universitarios que no están en Tegucigalpa e involucrando a un diputado muerto como el que trasladó a manifestantes durante la reciente protesta en la Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, que rectora Julieta Castellanos.
Uno de los togados que presentó la denuncia, es el ex fiscal de DDHH, y ahora dirige el Comité por la Libre Expresión C-Libre, Edy Tabora, quien expresó que los agentes de la ATIC comenzaron a hacer investigaciones y vigilancias a estudiantes de la UNAH que habían sido acusados el año pasado y argumentan que se les daba vigilancia para comprobar si cumplían las medidas cautelares impuestas de no acercarse a los predios universitarios.
Cabe mencionar, según Tabora, quien es del equipo que representa legalmente a los estudiantes judicializados, que esa medida no estaba contemplada en las dictadas por el Tribunal respectivo y eso es un claro abuso de autoridad porque se están atribuyendo facultades que no le corresponden y además el decreto de la creación de la ATIC no contempla la investigación de los delitos de usurpación.
Resalta el hecho de que los fiscales presentaron una acusación contra Dayanara Castillo, quien hace un año no se encuentra en el país, ya que se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR) por lo tanto no ha participado en ninguna manifestación, afirmando que la acusación es nula y reitera un abuso de autoridad. Asimismo acusan en el expediente 1566-2016 del 7 de junio del 2016, a otro estudiante que estaba en el occidente del país.
La denuncia también expresa la gravedad que conlleva el que se está haciendo uso del delito de usurpación para criminalizar la protesta pública y ese derecho tiene una finalidad que consiste en que para acusar a alguien esa persona debe apropiarse del bien inmueble, ese no es el propósito de la lucha estudiantil, sino que pretende la reivindicación del derecho a la educación pública, por lo cual el tipo penal no se configura.
Entonces hay varios hechos que se conjugan para configurar el delito de violación a los deberes de los funcionarios o de abuso de autoridad, explicó Tábora.
Diputado muerto les facilitaba transporte
En las acusaciones presentadas por los fiscales del Ministerio Público también se menciona al diputado Wilfredo Paz, como facilitador del transporte para los estudiantes para realizar las protestas y el congresista falleció unos meses atrás, lo que demuestra que la investigación del MP está totalmente sesgada, manipulada y dirigida a criminalizar a ciertas personas.
Las actuaciones del MP y la ATIC demuestran que ambas instituciones están participando en la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada por el actual gobierno de Juan Hernández.
El martes 7 de junio, el Ministerio Público emitió orden de captura contra Moisés David Cáceres, Cesario Alejandro Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo, quien desde hace un año se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR), obligada por la misma persecución desde la UNAH, que rectora Julieta Castellanos, y aparece el nombre de Izhar Isael Alonzo, quien es desconocido por la comunidad estudiantil.
Ante el estado de injusticias que vive el pueblo hondureño en general, el movimiento social está saliendo a las calles a protestar, haciendo uso del derecho que le concede la Constitución de la República y los convenios internacionales de los cuales Honduras es signatario.
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