Las mafias las solemos asociar con lo ilegal, con grupos organizados en la oscuridad para desde ella realizar acciones ilícitas como el tráfico de drogas, de armas, la trata de personas, secuestros, robo de carros, el tráfico de recursos naturales, entre otros asuntos oscuros. Las mafias siempre quedan asociadas a lo delictivo, y para mantenerse en ese oscuro mundo de la ilegalidad, utilizan la violencia, casi siempre con el apoyo de socios que se mueven con honorabilidad en la vida pública y oficial.
La mafia ha ido teniendo sus propias mutaciones, y actualmente ha dejado de ser la vulgar referencia al bajo mundo de la delincuencia, para camuflajearse a través de las “corporaciones”, las cuales tienen una presencia que cruza las fronteras y adquieren una característica multinacional. Su poder es tan enorme que los Estados nacionales se quedan chiquitos ante su capacidad para tomar e implementar decisiones. Tienen tanta capacidad como para controlar los comercios formales y jurídicamente intachables, y vincular a los mismos con los negocios sucios de la droga, trata de personas o tráfico de recursos naturales y carburantes.
Para las mafias “corporativas” la línea divisoria entre lo que es legal y lo que es ilegal es tan pequeña que un prominente gerente de una empresa multinacional de la industria textil o turismo, o un funcionario del mundo financiero, puede ser perfectamente parte de un engranaje para el manejo del tráfico ilegal de madera o para blanquear en los bancos dineros que proceden del tráfico de droga. A esas mafias que vinculan por igual a empresarios, políticos, profesionales, funcionarios públicos, e incluso pastores evangélicos, es a lo que suele llamarse actualmente como “corporaciones”, el nombre moderno de las mafias, o mejor conocidas con el genérico nombre de crimen organizado.
La gestión pública, sea municipal, regional o nacional, cada vez suele quedar más subordinada al poder que en la sociedad ejercen esas mafias. La institucionalidad del Estado no es que desaparezca, sigue funcionando. Lo que ocurre cada vez con mayor peso es que el poder de esa institucionalidad no proviene por ser del Estado, sino por el poder que a través de ella ejercen otros sectores con intereses muy distintos a los del Estado. Dicho de otra manera más precisa: la influencia de estas mafias corporativas se ejerce con mayor eficacia en la medida que controlan la institucionalidad del Estado.
Frente a esa cultura de la ilegalidad y de muerte, tenemos tareas a corto y mediano plazo. En el corto plazo hemos de seguir insistiendo en un pacto que permita diseñar la ruta de salida del pantano en que nos encontramos, a mediano plazo tenemos la tarea de rehacer los tejidos sociales y políticos rotos por esta lógica y cultura del poder desde las esferas subterráneas de la ilegalidad y la conspiración.
El asunto de fondo está en cómo avanzamos en procesos reales de organización de nuestras comunidades y municipios para ir rehaciendo nuestro poder de decisión ciudadana, y que vayamos construyendo nuestra propia identidad política y social desde donde ir rehaciendo los tejidos del nuevo país que nos corresponde refundar para el presente siglo.
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