Por Javier Suazo
Hay una gran expectativa en el pueblo hondureño sobre el trabajo que realiza la Misión de apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Macchi) de la OEA, pero sobre todo en la efectividad de este trabajo en cuanto a reducir los niveles de corrupción e impunidad que existen el país, combatiendo principalmente sus causas institucionales explicativas. La Macchi, según el convenio de creación, no está facultada para perseguir el delito cuya competencia es de operadores de justicia como la Fiscalía, pero puede hacer recomendaciones a dichos operadores y supervisar su desempeño en el cumplimiento de las funciones asignadas.
Este es quizá el principal cuello de botella de la Misión, ya que los operadores de justicia son controlados por el Presidente de la República, incluyendo además de la Fiscalía, el Tribunal de Cuentos y la Corte Suprema de Justicia.
Inicialmente se quiso desviar la atención del trabajo de la Macchi, asignándole el caso del asesinato de la dirigente ambientalista Bertha Cáceres, pero los familiares de la víctima lo rechazó y sigue pidiendo una Comisión Independiente de las Naciones Unidas en tanto todavía no se ha capturado a los actores intelectuales del crimen. Igual los miembros de la Macchi están dispuestos a entrarle al caso del robo del IHSS, pero todavía no existe una agenda de trabajo que considere como objetivo publico acelerar el proceso de juzgamiento a los funcionarios capturados, revisar la situación financiera antes y después del saqueo, análisis de los casos donde se involucran a connotados dirigentes políticos y empresarios, las empresas de maletín y el financiamiento de campañas políticas con dichos fondos, el involucramiento de políticos en la suscripción de contratos de compra de equipos, el robo de medicamentos y la muerte por falta de atención de pacientes.
Otro frente de trabajo es la certificación de jueces para combatir la corrupción e impunidad. Se pensó que los miembros de la Maccih deberían certificar dichos jueces, pero después se llegó a la conclusión que está se realizaría en forma conjunta con miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad uno de los magistrados de dicha Corte, miembro del partido de gobierno y acusado de actos de corrupción, ha sido propuesto para presidir dicha Comisión de selección y certificación de los Jueces; los miembros de la Macchi son del criterio que el Presidente de la Corte Suprema tome la decisión de nombrar a dicho magistrado. Se espera que la Fiscalía concluya las diligencias del caso, y si sale limpio debe ser nombrado, aun cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tiene todas las pruebas que involucran al Magistrado y a otro diputado del Congreso Nacional.
El CNA goza de credibilidad en la ciudadanía, al grado que frente a una denuncia de sobrevaloración de una compra de vehículos sin licitación por la directora del CNA, la Embajada Americana y otras agencias de cooperación y organizaciones de sociedad civil se aprestaron a apoyarla. Lo recomendable en este caso, es que se nombre a otro miembro magistrado de la Sala Penal para presidir la Comisión aunque sea de afiliación liberal; total existe una alianza entre ambos partidos para la “gobernabilidad democrática” del país.
La Maccih trabaja en la elaboración de una propuesta de Ley para regular el financiamiento de los partidos políticos, para que no sean copados por el Narcotráfico y funcionarios corruptos del Estado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha prestando una propuesta a la Maccih para que sea evaluada, donde se establece un techo de cerca de 1 millón de lempiras de financiamiento privados a cada partido, la cual se suma a la presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo y otra por el diputado Edwin Pavón del partido “bisagra” UD.
Este es quizá el único tema consensuado entre miembros de las bancadas de los partidos políticos en el Congreso de la República, no así la aprobación de una nueva Ley Electoral exigida por LibRe, PAC y el PINU-SD, que permita mayor participación de las fuerzas de oposición frente al control tradicional del bipartidismo y los partidos bisagras, modernice el Registro Nacional de las Personas (RNP) donde se denuncia a diario el tráfico de tarjetas de identidad, un mayor control de las inscripción de los nuevos partidos y aplicación inmediata de penas por violaciones de principios democráticos.
En las elecciones pasadas estos partidos sacaron menos votos de los requeridos para seguir vigentes, pero la Corte Suprema en clara violación a la Ley Electoral, los habilitó de nuevo para participar en la próxima contienda electoral de 2017. El coordinador del PAC, Salvador Nasralla, denunció que su inscripción es promovida por el Partido de Gobierno para que sus dirigentes entreguen credenciales a militantes del partido nacional y sean estos los que participen en las mesas electorales.
La Maccih debería al menos pronunciarse sobre esta práctica antidemocrática y corrupta, caso contrario sin quererlo puede avalar desde ya un nuevo fraude electoral en las elecciones generales, lo que supondría su retiro de Honduras antes de tiempo.
El problema del financiamiento de las campañas políticas tiene otras “aristas”, ya que además de poner un techo a los recursos financieros aportados por privados, es urgente regular el uso de los recursos de Estado para objetivos políticos en el caso particular del partido en el poder; ello es más evidente cuando los tambores “bwna” dicen que la reelección del presidente Hernández va y nadie la detiene. En tal sentido, los partidos de oposición competirán en desventaja frente a la maquinaria azul-gubernamental. Una muestra de ello, es la calidad del papel, diseño y organización de la consulta ( más de 30,000 activistas se movilizan en todo el país) que realizan los nacionalistas para avalar la candidatura única del Presidente Hernández y exigir al Congreso Nacional su reglamentación en las próximas elecciones y la que promueve el ex presidente Zelaya para ver si el pueblo de LibRe está de acuerdo en que se lance también como candidato a la presidencia de la Republica en caso que Juan Orlando Hernández también lo haga.
El proceso de depuración de la Policía Nacional avanza en forma lenta, especialmente las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito de Comisionados y Subcomisionados separados, suspendidos y reintegrados, ya que el trabajo del Tribunal Superior de Cuentos sobre evacuación de expedientes e informes camina a paso de tortuga; aducen que la Ley de Secretos les prohíbe brindar información clasificada como confidencial a los miembros de la Misión. Hay un clamor nacional para que está Ley sea derogada; caso contrario, la Macchi tiene poco margen de acción en este campo. Igual, urge la llegada de los expertos en lavado de activos y manejo de fondos ilícitos por la banca privada.
Hay que agilizar el paso y construir una hoja de ruta en función de los objetivos y metas propuestos, incluyendo otros casos adicionales de posibles actos de corrupción en la negociación de los contratos, por ejemplo el contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola donde diputados del Congreso Nacional y empresarios están pidiendo su derogación.
El Reunionismo burocrático y la publicidad de los miembros de la Maccih abona muy poco a esto, ya que el pueblo lo que espera son resultados concretos en los llamados casos emblemáticos como el del IHSS. Caso contrario, estaremos cumpliendo el primer año de la Maccih en Honduras sin nada que celebrar.
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