“Nosotros venimos aquí sin armas, mi única arma es la bandera, mi valor y el amor por Honduras. En cambio ellos vienen bien armados, con bombas, nos atacan, Servir y Proteger la verdad no sé a quién”, fueron las palabras agitadas que Jacky, una ciudadana del municipio de El Progreso, al norte de Honduras, pronunciaba al momento en que la policía reprimía a la población que se manifestó en contra del peaje el pasado miércoles.
La Mesa de Indignación de El Progreso, una instancia que nació al calor del rechazo antorchero contra la corrupción, hizo la convocatoria. Los ciudadanos y ciudadanas que se oponen a la instalación de las casetas de peaje a la altura del municipio de San Manuel, Cortés, fueron convocados a las 7 de la mañana del pasado 8 de junio.
La caravana inició desde el puente La Democracia. Al llegar al lugar donde se construyeron seis casetas de peaje, 3 de ida e igual número de regreso, era más que notable la presencia de agentes policiales que esperaban a la población con tolete, bombas y hasta arma en mano.
Sin mediar palabra el ataque inició. El mensaje dirigido a la población en protesta era claro: cualquier acercamiento a la construcción es la oportunidad para reprimir. Fue así que los agentes del orden se olvidaron de su obligación de garantizar la vida de la gente y comenzaron una brutal represión que dejó a decenas de manifestantes con golpes y afectados por los gases.
Igual episodio vivieron 4 días atrás, cuando la persecución y bombas fueron lanzadas de forma pareja.
Jorge Diaz representante de la Mesa de la Indignación dijo que la protesta no se va a detener y que exigen al presidente de Honduras y al ministro de obras públicas que detengan este peaje ya que es ilegal. "No queremos que haya incidentes, no queremos poner los muertos, pedimos que esto se pare y no nos van a detener", dijo tras ser constantemente perseguido por efectivos policiales y su tanqueta de agua a presión. Díaz mantuvo, junto a varios ciudadanos una huelga de hambre en las cercanías del peaje durante 9 días, la huelga culminó tras una represión policial el pasado sábado 4 de junio.
Le recomendamos: Protesta contra peaje se intensifica, Estado responde con represión
Contribución por mejoras
En una entrevista para el programa Directo al Grano que produce Radio Progreso, el diputado por el departamento de Cortés, Walter Banegas dijo que el concepto de peaje nace a través de la Ley de Municipalidades, que incluye la contribución por mejoras. Así las autoridades imponen un nuevo impuesto asegurando que será para la construcción de una nueva obra. “Este es un derecho que tienen las municipalidades de cobrar a los ciudadanos aquellas construcciones que le generen un beneficio a la población”.
Lastimosamente vemos que la situación ahora es a la inversa, dice el diputado Banegas, tenemos ya la construcción y el gobierno concesiona las vías e impune una tasa, en este caso el peaje, en nombre del mantenimiento que se dará a las carreteras.
“El problema radica en que el gobierno entregó en concesión carreteras que ya están construidas, es el caso de la CA5 que une la zona central con la norte y ahora con el Corredor Seco. Para nadie es desconocido que esa carretera se construyó con fondos de la Cuenta del Milenio y ahora le imponen un cobro a la población”, dijo el congresista.
Mecanismos de consulta
Ante la pregunta qué hacer frente a estas imposiciones gubernamentales, el diputado Banegas asegura que se deben utilizar los mecanismos que ya establecen las leyes. Desde la Ley de Municipalidades es necesario exigir la realización de cabildos abiertos donde se consulte a la gente si está de acuerdo o no con el concesionamiento de las vías terrestres.
En el caso de las carreteras nacionales, hoy se cuenta con mecanismos de consulta a través de la Constitución de la República. “Aunque el camino jurídico es espinoso la población debe de abordarlo junto a movilización social.
El abogado Joaquín Mejía del área de Investigación del ERIC-SJ dice que esa movilización social está garantizada por el derecho a la petición y de recibir pronta respuesta, reconocido en el artículo 80 de la Constitución de la República, aunque este se ha convertido en ilusorio, ya que los canales tradicionales de la institucionalidad se han enmudecido y ensordecido ante las demandas de la ciudadanía.
Por tal razón, hoy más que nunca el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la participación ciudadana y ejercer el derecho colectivo a la libertad de expresión concretado en la manifestación pública y pacífica.
En este sentido, la protesta y la movilización social se constituyen en herramientas de petición a la autoridad y también en un canal de denuncias públicas sobre violaciones a los derechos humanos.
Le recomendamos: Autoritarismos y movilización social
Iniciativa para la suspensión
La bancada del Partido Anticorrupción (PAC) anuncia que luego del receso en que se encuentra el Legislativo, introducirán una iniciativa de ley encaminada a la suspensión del cobro en todas las casetas de peaje hasta que el gobierno construya vías alternas.
El diputado Walter Banegas dijo que la iniciativa está amparada por las garantías constitucionales que tiene la ciudadanía, ya que con las casetas de peaje se violenta el derecho a la libre circulación. “El recurso busca que se suspendan todos los cobros, pero aclaramos que para su aprobación es necesario del apoyo de todas las fuerzas políticas, que lastimosamente estas no responden a los intereses de la ciudadanía. Pero creemos que ahora la lucha se debe librar dentro del Congreso, para que la gente rete a sus diputados”
Banegas aclara que durante los dos años que llevan en el Congreso Nacional, el PAC ha introducido unas 80 iniciativas de ley, de las cuales sólo han sido aceptadas dos. “No hay oportunidad para los partidos de oposición”.
“Es necesario que la gente entienda que únicamente la organización, protestas y demandas lograrán parar estos proyectos privatizadores que inician con las carreteras pero su fin son todos los bienes y servicios del país”, concluyó el diputado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario