Por Guillermo Castillo Ramírez *
“La gente del gobierno dice que los derechos humanos si se cumplen y que todos somos iguales, que nadie es más que otro. Pero, la verdad, no es así, nuestras vidas, las de los migrantes que salimos porque no hay de otra y todo está en contra nuestra, nuestras vidas valen menos, casi nada. Mire nada más cuantas muertes y agresiones aquí en la frontera, y no pasa nada. Nosotros no les interesamos, sólo nos ven como problemas y no como personas. Nos tratan como delincuentes sólo porque salimos a buscar una vida mejor”. Migrante centroamericano, diciembre, 2015.
“Los migrantes centroamericanos son una de las expresiones más dolorosas y agudas de la exclusión y la desigualdad, dentro de Estados y sociedades donde importa más el dinero y el poder que las vidas humanas”. Dedicado a la memoria de Manuel Antonio Ventura -salvadoreño muerto en Tapachula el 10 de mayo de 2016- y de los migrantes centroamericanos en tránsito por México que han perdido la vida en el arduo camino por buscar una vida digna.
La migración, cadenas de exclusión e impunidad
La migración de centroamericanos en tránsito por México tiene varios lustros y desde hace más de una década tiene proporciones masivas y representa uno de los procesos regionales de exclusión y violencia contemporáneas más acentuados y graves en Latinoamérica. Es una migración que sobre todo concentra a hombres, mujeres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, y que tiene diferentes causas relacionadas a la desigualdad y la marginación, los cuales van desde contextos de acentuación de la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida relacionados a las reformas económicas estructurales aparejadas al neoliberalismo, hasta situaciones de violencia crónica ligada a grupos delictivos y pandillas –como los casos de Honduras y El Salvador-. Detrás de la migración se asoman Estados nacionales que no han podido garantizar derechos sociales a sus ciudadanos, así como la intervención política y económica del gobierno norteamericano y las multinacionales en la región desde finales del siglo XX a la fecha. Los migrantes, antes que individuos en la larga y peligrosa travesía a Estados Unidos (EU), fueron y son campesinos depauperados, jóvenes sin empleo en la ciudad, personas amenazadas y agredidas por delincuentes y pandillas, niños y adolescentes cuyos padres trabajan en EU.
La migración, en estos drásticos escenarios de adversidad, representa, más que sólo personas sin papeles en movilidad geográfica a través de las fronteras internacionales, los rostros de aquellos que no tienen un lugar digno, ni la esperanza de una mejor vida en el sitio donde viven y nacieron; para ellos la ilusión de un futuro distinto está en otro sitio, lejos de la permanente precariedad y zozobra. Más que individuos en situación migratoria irregular, los centroamericanos en tránsito son excluidos y olvidados, tanto en sus países de origen, como en los Estados nacionales de tránsito y destino.
En esta travesía por el sur de México repleta de adversidades y de agresores –grupos delictivos, pandillas, autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano-, decenas de miles de migrantes han padecido diversas agresiones, muchos sufrieron lesiones permanentes y graves derivadas de los agravios y no pocos han perdido la vida. Los delitos que han sufrido los migrantes comprenden un amplio espectro, donde, si bien el robo y la extorsión son dos de los más comunes, también ocurren el abuso de autoridad, amenazas, abuso sexual, violaciones sexuales, asalto, cohecho, homicidios, intimidación, lesiones, privación ilegal de la libertad, secuestro soborno y tráfico de personas [1].
Narraciones de la indiferencia y la impunidad
Desde la entrada en vigor del Programa Frontera Sur por parte del gobierno mexicano a mediados de 2014, el flujo migratorio no ha decrecido y, en contraparte y según datos de la Secretaria de Gobernación en México, se observa un incremento en 2015: cerca de 300 mil personas trataron de cruzar México para llegar a EU y, de este total, las autoridades mexicanas detuvieron a casi 200 mil y de éstos deportaron alrededor de 140 mil [2]. De este modo, como lo han señalado diversas organizaciones no gubernamentales y albergues para migrantes de corte religioso –como La 72-, el número de detenciones, deportaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes ha crecido de manera vertiginosa [3]. Y dentro de los migrantes centroamericanos ya de por si vulnerables -tanto por su situación socioeconómica y nivel de educación escolar como por su condición migratoria irregular y el desconocimiento de sus derechos humanos como personas en tránsito-, hay particularmente dos grupos sociales aún más susceptibles de sufrir delitos y padecer agresiones, se trata de las mujeres y los niños –especialmente los que van solos-. Particularmente en lo referente a la migración de menores centroamericanos no acompañados –principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador- algunos medios de comunicación han señalado que ha habido un incremento del 330% en los últimos dos años y, sólo el año pasado (2015), las autoridades de México deportaron a más 14 mil niños y adolescentes de esta región del continente [4].
Migración y violencia
Las nuevas acciones gubernamentales en el extremo sur de México que enfatizan y apuntalan el control fronterizo y las políticas de seguridad no sólo no han dado una solución a las causas de la migración centroamericana, sino que de facto han acentuado la criminalización de los migrantes, contribuyendo, tanto al detrimento de los derechos humanos de los centroamericanos en tránsito, como a un aumento notorio de la vulnerabilidad físico-emocional y socioeconómica a la que ya estaban expuestos. El cierre de fronteras no resuelve el problema humanitario, ni atiende las razones y casusas por las cuales salen de sus lugares de origen. Por el contrario, estas medidas sólo contribuyen a postergar una solución de fondo y coadyuvan a la invisibilización de los migrantes. De este modo, estos centroamericanos, más que ser vistos y atendidos como sujetos que padecen situaciones de precariedad material y violencia estructural, son tratados como criminales por las autoridades mexicanas.
A semejanza de lo que ocurre con otros grupos sociales excluidos en México, los centroamericanos en tránsito, en tanto no les son respetados sus derechos humanos en su país de origen ni en México, padecen en carne propia un ejercicio selectivo, parcial y discrecional de ley por parte del gobierno mexicano; en lugar de ser tratados como refugiados que en la búsqueda de otras opciones de vida huyen de múltiples y complejos contextos de adversidad –en donde está en juego su vida e integridad física y un proyecto de futuro digno-, son etiquetados como infractores de la ley y delincuentes. A esto, además, habría que añadir que, en la medida en que el gobierno mexicano no hace valer la ley para que se castiguen los delitos contra los migrantes, propicia entornos de impunidad y violencia que permiten que el crimen organizado y ciertos funcionarios públicos lucren con los migrantes y se aprovechen de su indefensión; de facto, se posibilita y alienta la violación de los derechos humanos de estos centroamericanos.
Bibliografía
[1] Migrantes invisibles, violencia tangible, Informe 2014. REDODEM.
[2] Cifra record de migrantes detenidos en México; casi 200 mil al cierre de 2015. La Jornada, 27 de diciembre, 2015.
[3] El programa frontera sur dispara deportaciones y riesgos para migrantes. La Jornada, 19 de octubre, 2015.
[4] En dos años aumentó 330 por ciento la migración de menores no acompañados. La Jornada, 7 de abril, 2016.
* Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM
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