Pareciera que se ha desatado una guerra entre el nuevo Código Penal y los líderes religiosos del país, especialmente los integrantes de las diversas “denominaciones evangélicas”. La nota de prensa dice lo siguiente: “los líderes religiosos que aspiren a cargos de elección popular y no abandonen el púlpito serán obligados a dejar de predicar”, según el nuevo Código Penal que está en discusión en el Congreso Nacional.
El artículo 35 habla de la “pena de inhabilitación especial del ministro religioso para realizar actividades de transcendencia civil”. Esta disposición es interpretada en el sentido que si un ministro religioso, sea sacerdote o pastor evangélico decide participar en actividades político partidarias no podrá difundir su fe. La reacción ha sido más fuerte por parte de los “grupos evangélicos” que han pedido a la comisión de dictamen que se elimine ese inciso o sea redactado de otra manera.
Por su parte Hugo Maldonado, presidente del CODEH es de la opinión que “prohibir, a través de una norma legal, que los pastores o religiosos participen en política para optar a un cargo de elección popular violenta los derechos humanos de las personas que tengan alguna aspiración ya que son excluidos”. Reconoce, no obstante, que Honduras es un estado laico, pero como el mundo va evolucionando tenemos que ver hacia el futuro”.
Su argumentación más fuerte es decir que “el sistema va a permitir en el futuro que un religioso tenga que aspirar a un cargo de elección popular ya que el político tradicional no ha sido respuesta para el país”. Cuando la sociedad está degradada, el país tiene que buscar otras opciones y es donde aparece la Iglesia Evangélica como ente de mayor credibilidad ya que tiene hombres limpios”. La misma sociedad va a abrir espacios y las puertas para que algún día un pastor evangélico o un sacerdote saque adelante este país”.
Lo que están diciendo los grupos evangélicos es que ellos serán los protagonistas de una regeneración de la política y de los políticos. De ahí la consolidación paulatina de irse acercando y afianzando con los grupos de poder y copando todo tipo de puestos y cargos institucionales en el país como un medio para poder realizar su proyecto “político-cristiano”. Se miran en el espejo de los países donde a través de la política han conseguido grandes cuotas de poder.
De todas maneras es un tema de gran actualidad debido al contexto latinoamericano donde cada vez cobra más relevancia la presencia de los evangélicos en la política del hemisferio. Una prueba de ello se ha dado en Brasil con la destitución de la presidente Dilma Rousseff para hacerle un “juicio político”. La verdad es que se le ha denominado “golpe de Estado legal” como nueva estrategia de las oligarquías latinoamericanas y que se fraguó después de haber sido experimentado en Honduras (2009) y en Paraguay (2012). Y donde la participación estrecha de los diputados evangélicos ha sido determinante.
No hay que ser adivino para descubrir el proyecto a corto y mediano plazo de los grupos evangélicos para implementar en nuestro país desde el poder y la política la “nueva evangelización de la sociedad y de la política”.
Lo más contradictorio es que llamen evangelio a lo que no es más una simple alianza con los poderes y señores de este mundo y que por ignorar la historia van a repetir los mismos errores que ha cometido la Iglesia a lo largo de dos milenios.
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