A la luz de los últimos acontecimientos de represión por parte de policías y militares, no es de extrañar que lo concerniente a la Policía Nacional se encuentre en el solitario artículo 293 de la Constitución de la República, en el capítulo X destinado a la defensa nacional.
En otras palabras, ni siquiera la Constitución separó de raíz a la policía de la lógica militar, lo cual se ve reflejado en el absoluto fracaso de contar con una policía democrática, puramente civil, ética, solidaria, profesional y respetuosa de los derechos humanos.
La policía que tenemos actualmente ha desnaturalizado su función de velar por la conservación del orden público y la ha convertido en la conservación de los privilegios de una clase política y económica que permanentemente atenta contra la dignidad humana.
Da vergüenza cómo unos hondureños pobres, como la mayoría del mismo pueblo, vestidos de uniforme policial y militar, y armados hasta los dientes, actúan como criminales frente a la población indefensa que en el ejercicio de sus derechos constitucionales se manifiesta pacíficamente contra los abusos del poder.
Pero cuando andan de civil, sin sus uniformes y sus armas, ni siquiera se atreven a mirar a los ojos porque en el fondo saben que son unos simples guardianes de quienes tienen al país en la miseria.
El comisionado Gustavo Pacheco reflejó claramente a quien protege y sirve la policía, cuando el sábado pasado reprimió violentamente una manifestación pacífica contra el peaje entre El Progreso y San Pedro Sula. Para él y en sus propias palabras, su obligación era mantener las vías despejadas y para ello se sentía con el poder de usar gas lacrimógeno indiscriminadamente y ejercer excesivamente el uso de la fuerza.
El comisionado Pacheco se olvida o desconoce que de acuerdo con la Constitución de la República, su verdadera obligación es tomar las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades del resto de la comunidad.
Este policía represor se olvida que el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social imperativo y que no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión de las personas manifestantes si no existe una amenaza cierta y verificable de disturbios graves.
A esos policías se les olvida que de acuerdo con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, su verdadera obligación es respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos de todas las personas.
A este agente se olvida que el uso de la fuerza debe ser excepcional en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla.
¿Pero podemos esperar más de una policía vinculada a las desapariciones y torturas en los años 80? ¿De una policía que violó, asesinó, torturó y detuvo ilegalmente para defender a quienes dieron el golpe de Estado en el 2009? ¿Se puede esperar algo acaso, de una policía cuyos miembros están vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico? Es democráticamente doloroso saber la respuesta.
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