Partiendo de la grave situación de las minas en El Corpus, Choluteca y los proyectos hidroeléctricos a nivel nacional, que no generan ni el uno por ciento del producto interno bruto del país, economistas latinoamericanos señalan que la industria extractiva se ha convertido en paraíso fiscal.
Rodolfo Bejarano, director de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, explica que a nivel latinoamericano los gobiernos otorgan a las empresas de la industria extractiva muchos privilegios y beneficios fiscales que permiten desregular las actividades comerciales y financieras.
“Hay una facilidad para trasladar recursos hacia afuera sin que se ponga mucho control sobre ello, es un paraíso de utilidades porque además de que reciben estos beneficios tributarios no pagan impuestos y los trasladan a otros lugares”, detalló Bejarano.
Durante un foro llamado “Fiscalidad e Industrias Extractivas en Latinoamérica”, los especialistas analizaron la intencionalidad de los gobiernos de continuar explotando recursos no renovables que no dejan más que el detrimento del ambiente y un aporte no significativo en el Producto Interno Bruto y la recaudación tributaria.
En ese sentido, Mauricio Díaz, coordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras –FOSDEH, recordó que en el país existe la necesidad de revisar las leyes fiscales para que las empresas transnacionales paguen lo justo al fisco hondureño.
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“Su contribución a la economía es tan grande como se sopesa, por otro lado tampoco da ni siquiera el uno por ciento del empleo, y también, algo que es muy delicado, no logra aportar la cantidad de recursos que el Estado gasta para tener la direcciones de fomento minero, las de supervisión, etcétera, en otras palabras es algo que económicamente no es bueno”, explica Díaz.
Carlos Patiño, representante de la Pastoral Social –Cáritas-, manifiesta que los impactos de los proyectos extractivos pasan por diferentes niveles: “hay una responsabilidad de los gobiernos locales en el tema de control y seguimientos de la explotación de los recursos, y pasa también por el tema legislativo de poder generar una modificación o generación de un nuevo proceso legal que nos permita hacerle frente a esta problemática”.
El último estudio del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC- se revela que a nivel nacional existen 950 concesiones para la puesta en marcha de proyectos extractivistas de empresas nacionales y transnacionales.
Según los economistas, en el caso de Honduras, se subestima en lo local la actividad minera, resultado de la falta de “personal suficiente en los órganos contralores”.
Un claro ejemplo es la situación de exclusión, de acuerdo a una publicación del Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, que vive los pobladores de la comunidad de Chiquila, departamento de Santa Bárbara, con la empresa Energía Renovable S.A. de C.V., GERSA, que dirige el proyecto “Chamelecón 280”.
De acuerdo a los resultados del estudio la empresa hidroeléctrica GERSA recibirá un aproximado de 163 millones de lempiras como ganancias anuales, “cantidad suficiente como para compartir sus beneficios a través de la ejecución de obras sociales”, que prometió y sigue sin cumplir a los habitantes de Chiquila.
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