El gobierno se enorgullece con ocasión del primer aniversario de “Marca País” pues ha logrado su objetivo: “destacar a Honduras como un país de riqueza natural, gente emprendedora y con ansias de crecer en rubros económicos” o, dicho con otra palabras “atraer inversiones y promover productos hondureños en el exterior”. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de nuestro presidente por cambiar la “imagen del país” la realidad de los hechos va en otra dirección completamente distinta: sequía extendida, aumento de impuestos y trancazos a como dé lugar, inseguridad, violencia, corrupción administrativa y, no digamos nada, de la policial.
Nos pasamos el tiempo haciendo comisiones, redactando reglamentos, estableciendo normativas, estatutos, planes a futuro y dando todo tipo de declaraciones. Pero, a fin de cuentas, “el mandado queda sin hacer” y tienen que venir de fuera para presionarnos y decirnos que tenemos que actuar con eficacia y prontitud. Nuevamente es la embajada americana quien “entregó a la Comisión Especial de Depuración y Reestructuración de la Policía una lista de al menos 60 oficiales involucrados en actividades de crimen organizado y narcotráfico entre otros delitos”.
La entrega de esta lista es resultado de una petición que le hiciera la Comisión de Depuración a la embajada americana. Sigue diciendo la nota de prensa que este listado ha servido de base para efectuar la cancelación y suspensión de más de medio centenar de generales, comisionados y subcomisionados del estamento policial.
Por medio de dicha información sabemos que uno de los subcomisionados cancelados tenía parentesco con los cabecillas de los Cachiros y recibió fuertes sumas de dinero de este grupo criminal. Un alto oficial aparece como el encargado de coordinar los aterrizajes de narcoavionetas en Olancho y se menciona el caso de otro que era informante y escolta de un reconocido capo de la droga.
Si por un lado tenemos esta presión para llegar hasta el fondo, saber nombres, cargos, delitos, fechas y todo tipo de pormenores, la reacción del poder policial no se ha dejado esperar. Hasta el momento ha conseguido neutralizar todos los intentos de depuración pero no así con esta nueva comisión. La respuesta ha consistido en amenazas de muerte a los miembros de la Comisión de Depuración que se ha ido incrementando a medida que se acerca la fecha en que van a revelar los nombres de los comisarios suspendidos, despedidos y ratificados. Las amenazas se han hecho extensivas a las esposas, hijos y familiares de los miembros de la Comisión.
Complementa este panorama de corrupción policial el descubrimiento que se ha dado a propósito de saber quién es el verdadero dueño del Edificio de Casamata. De ser una propiedad del gobierno se ha convertido en la propiedad del ex director policial Salomón de Jesús Escoto quien reclama una indemnización por el alquiler de todos estos años. La misma fuente de información atinadamente comentaba que “informes y comunicaciones a lo interno muestran que la Policía no sólo se volvió una amenaza para el ciudadano, sino que, también, desde adentro atentaban contra los bienes inmuebles”.
Y, por si no fuera suficiente, el comisionado de policía Henry Osorto “responsabilizó a sectores políticos de haber llevado la corrupción, de haber contaminado e incluso de haber formado bandas al interior de la institución policial, encargada de la seguridad del país. Al mismo tiempo que señalaba que los hondureños estamos en manos del crimen organizado”.
Como resumen conclusivo es el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión de Depuración, quien decía que “a nivel de la policía hay de todo: allí hay sicariato, hay robo de vehículos, hay extorsión, hay secuestro y hay narcotráfico. Aquí es un secreto a voces que la Policía ha estado vinculada a políticos y a diversos sectores”.
Terminamos como comenzamos: ¡contradiciendo a nuestro gobernante JOH diciendo que la “Marca País” tristemente caracteriza nuestra realidad social y es algo muy diferente a los bellos discursos emitidos en su primer aniversario!.
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