La UNAH en los últimos años dio muestras claras de que las cosas podían hacerse de otra manera; resolvió algunos problemas históricos relacionados con la transparencia presupuestaria, inversión en infraestructura y la vinculación con la sociedad.
Las autoridades universitarias fueron tan proactivas que hasta fueron invitadas a buscar soluciones a los conflictos de otras instituciones estatales del país. Sin embargo, ese capital acumulado no se supo canalizar en la dirección y proporción adecuadas para resolver el conflicto estudiantil.
Desde nuestro punto de vista, las autoridades universitarias cargan con la cuota más alta de responsabilidad en el conflicto estudiantil, y en este proceso logramos identificar al menos los siguientes cinco errores:
Primer error: No abrir desde el inicio un proceso de diálogo para escuchar, revisar, socializar e impulsar las reformas académicas. Un diálogo donde los profesores, las autoridades administrativas y el estudiantado consensuaran los tiempos y los contenidos de las reformas académicas.
Segundo error: La descalificación y predisposición hacia las motivaciones de los estudiantes, y hacerlo de manera incluso primitiva a través de los medios de comunicación. Esta actitud de prejuicio ha dejado al menos la percepción de que las autoridades universitarias adolecen de las mismas actitudes inmaduras de las que acusan a los estudiantes.
Tercer error: Criminalizar la protesta estudiantil a través de la denuncia penal, dejando en la bandeja de salida órdenes de captura para estudiantes conductores del movimiento. Esta criminalización también se evidenció en la expulsión de estudiantes protestantes. Aunque existan estos actos delictivos, las autoridades universitarias debían al menos emparejar las acciones penales con la decisión del diálogo.
Cuarto error: Violentar la autonomía universitaria al autorizar el ingreso de policías y militares a desalojar a estudiantes de la máxima casa de estudios.
Quinto error: Descalificar el movimiento estudiantil acusándolo de estar patrocinado por partidos políticos. En vez de buscar las causas del conflicto las autoridades se han inclinado por la búsqueda de chivos expiatorios. ¿No tienen acaso el mismo derecho los estudiantes de acusar de manipulación a las autoridades universitarias por parte del gobierno?
La solución del conflicto actual debía pasar por el retiro de órdenes de captura a estudiantes, corregir la representación estudiantil en el Consejo Universitario y abrir un verdadero espacio de diálogo entre la comunidad de estudiantes, la comunidad de profesores y autoridades administrativas para definir e impulsar las reformas académicas que la universidad requiere para responder a los actuales desafíos.
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