Por Marvin Palacios
La pretensión del gobierno de instalar Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), el acaparamiento de tierras por parte de familias poderosas, la militarización, los proyectos solares y eólicos, las concesiones mineras y la concentración de licencias para exportar camarón en pocas manos, amenaza a centenares de familias de escasos recursos de los departamentos de Valle y Choluteca y pone en riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos de esta región.
Estas fueron las principales conclusiones del foro: “Situación de Derechos Humanos en la Zona Sur”, desarrollado en la ciudad de Choluteca y organizado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva se mostró sorprendida de que poblaciones de Choluteca y Valle desconozcan la persecución, criminalización y amenazas a muerte que experimentan defensores y defensoras de derechos humanos de la Península de Zacate Grande.
Oliva resaltó sobre la necesidad de acompañar a Abel Pérez y Santos Hernández, miembros de la ADEPZA y defensores de derechos humanos que guardan prisión en el centro penal de Nacaome, acusados de usurpación de tierras y daños por parte del terrateniente Jorge Cassís.
Oliva dijo que “hay dos defensores de territorios presos, hay que planificar acciones para visitarlos o que cuando sean llevados a los tribunales que haya acompañamiento. Hay que definir líneas a seguir y conocer sobre los proyectos de muerte que se van a enfrentar”.
En relación a las pretensiones del gobierno que en asociación con grupos económicos pretenden convertir a la Península de Zacate Grande en una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Bertha Oliva dijo que debemos alimentar nuestras conciencias en la apropiación de derechos, debemos leer lo que se está preparando en el país.
La Coordinadora General del COFADEH también resaltó el tema de la militarización del país, a la que calificó como una política de intimidación para que los pueblos no sean liberados.
Oliva dijo que la militarización ha vuelto a posicionarse como sucedió en los años ochenta y hay participación de militares extranjeros en el país, y esto es una mala señal para una nación que se crea democrática.
Por su parte el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA, Pedro Canales, que existe riesgo para la vida de Abel Pérez y Santos Hernández, encontrarse privados de su libertad en el Centro Penal de Nacaome, Valle.
“La cárcel para Abel Pérez y Santos Hernández se debe a la defensoría de derechos humanos que ellos han realizado y a la lucha por la posesión de 12 manzanas del sector de Playa Blanca” que reclama como propias el terrateniente Jorge Cassís, explicó Canales.
Están entregando los territorios
Canales comentó que Jorge Cassís les dijo a las 64 familias que habitan a solo 20 metros de Playa Blanca que “el que quiera vivir aquí me tiene que comprar a mí, si no se van”.
En la Península de Zacate Grande viven en zozobra unas 6 mil personas, debido a que familias de terratenientes como los Facussé, los Cassís y Malespín están empecinadas en sacarlos de la zona, donde han vivido por más de 100 años.
“La Bahía de Chismuyo está entregada, los Malespín han regresado y el gobierno les ha dado claves catastrales para pagar impuestos, de ahí van donde las familias de Zacate Grande y les dicen que el lugar donde viven ellos ya se han pagado los impuestos y que si quieren vivir ahí; les tienen que comprar. ADEPZA tiene documentación y escrituras mal habidas que han sido obtenidas por los Malespín”, sostuvo el dirigente comunitario.
Luego de mencionar que el tribunal de justicia de Amapala envió a prisión en forma injusta a Abel Pérez y a Santos Hernández, el líder comunitario sostuvo que ellos guardan prisión por influencia de la familia Facussé y que por esta misma familia se ha perseguido y golpeado a comunicadores sociales de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
Canales señaló que actualmente 31 pescadores de la ADEPZA enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación de tierras y daños al medio ambiente en perjuicio de la familia Facussé.
Al dirigirse a los asistentes al foro, el presidente de la ADEPZA expresó: “debemos unirnos y hacer acciones para lograr la liberación de Abel y Santos”.
En relación a las pretensiones del actual gobierno y de sectores económicos de instalar “ciudades modelo” o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), Pedro Canales afirmó que tanto la Isla del Tigre como la Península de Zacate Grande en el municipio de Amapala; están siendo focalizados como lugares donde funcionarán estos proyectos que violan la soberanía nacional, donde un Comité denominado de Buenas Prácticas, que gozará de total autonomía en relación a los poderes del Estado, tendrá amplios poderes y absoluta autoridad para definir las políticas económicas, laborales, culturales y sociales a seguir.
Entretanto de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), participó como panelista, Danilo Corrales quien explicó la labor que realiza esta red que ha sido capacitada y acompañada por el COFADEH en los últimos 3 años.
Corrales explicó que la REDEHSUR ha estado enfocada en dar a conocer su existencia visitando a autoridades judiciales y policiales y realizando foros y talleres en los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazán.
El defensor de derechos humanos de la zona sur expresó que los medios de comunicación tradicionales, muchos de los cuales son afines del gobierno, son los que se han encargado de volver “invisible” la labor de la REDEHSUR en esta región.
En el foro, varios asistentes mostraron su desacuerdo por la instalación de ciudades modelo en la zona, la privatización de las playas que antes eran públicas, así como las concesiones otorgadas para las extracciones mineras, proyectos solares y eólicos y la concentración de licencias de exportación de camarón que están en poder de familias pudientes.
Los representantes de las organizaciones asistentes también hablaron sobre la necesidad de articular una estrategia que permita la liberación del defensor de derechos humanos Abel Pérez y del labriego Santos Hernández, quienes guardan prisión en el centro penal de Nacaome desde el pasado 19 de mayo, acusados por la fiscalía de los delitos de usurpación de tierras y daños en perjuicio del terrateniente Jorge Cassís.
Luego de concluir con el foro, la coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva se dirigió junto a su equipo de trabajo y la corresponsal de Telesur, periodista Gilda Silvestrucci al Centro Penal de Nacaome para visitar a Abel Pérez y Santos Hernández.
El periódico digital del COFADEH, www.defensoresenlinea.com constató el grado de hacinamiento que existe en dicho centro penitenciario, que solo cuenta con 5 celdas en la que guardan prisión 200 reclusos cada una. De ahí que la población privada de libertad sobrepasa los mil reclusos.
Las autoridades penitenciarias les han prohibido a Abel y a Santos contar con una estufa para cocinar sus alimentos y además enfrentan problemas para bañarse diariamente porque existen requerimientos económicos para recibir tal beneficio.
Abel Pérez y Santos Hernández temen por sus vidas ya que en este centro penal hay individuos que adversan la ideología política que ellos profesan y en otros casos, porque este centro penal alberga a reclusos violentos y a peligrosos criminales.
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