Honduras sustentará su segundo informe de Estado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, el 8 y 9 de junio en Ginebra,Suiza ; en ese sentido una comisión de la Plataforma EPU (Examen Periódico Universal), tendrán participación directa presentando un informe alternativo durante dicho examen.
El Estado retoma así su obligación de presentar examen ante el DESC, luego que en el 2006, cuando debía presentar su segundo informe, no cumplió. “Nos interesa participar en este espacio en el cual divulgaremos nuestras consideraciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras”, indicó Juan Mejía de la Plataforma EPU.
A renglón seguido aseguró que de esta manera inician un ciclo de acciones de incidencia ante el sistema universal de derechos humanos para exponer sobre la falta de voluntad del gobierno para atender con políticas públicas efectivas, las necesidades de salud, empleo, vivienda, alimentación y combatir la violencia y discriminación contra las mujeres, las comunidades indígenas y grupos vulnerables.
El comité DESC es el que da seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde está contenido el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la alimentación, entre otros. El estado de Honduras suscribió este pacto en 1980 y lo ratificó en 1981.
“Es apenas la segunda evaluación a la que va a ser sometido el estado de Honduras ante el comité DESC, y La Plataforma EPU (conformada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos en Honduras) ha preparado un informe paralelo al informe del Estado hondureño”, manifestó Juan Mejía.
¿Gobierno cumple?
“Como ya es una costumbre impresa por el presente Gobierno, es nuestra responsabilidad acudir en tiempo y forma para mostrar los avances y enfrentar los desafíos que como Estado tenemos en materia de derechos humanos”, indicó en comparecencia de prensa en Casa Presidencial, la viceministra de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Karla Cueva.
La funcionaria detalló que un Estado adquiere compromisos cada vez que ratifica un tratado internacional, y en este caso “nosotros retomamos esta obligación”, pues la última ocasión que se presentó el informe fue en 2001. “Desde esa fecha, no se había vuelto a presentar un informe sobre la materia, tuvo que haberse presentado en 2006”, señaló.
Sin embargo, “fue una prioridad presente de este Gobierno el cumplir con esta responsabilidad y se hizo en abril de 2014; es decir, recién iniciada la presente Administración, se honró ese compromiso”, puntualizó.
Por su parte la abogada Tirsa Flores, de la Asociación de Jueces por la Democracia, consideró importante destacar que el Estado Hondureño, ha demorado demasiado en la presentación de los respectivos informes ante los diferentes Comités de Naciones Unidas.
“En los discursos oficiales el Gobierno se presenta como respetuoso de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero en realidad no cumple con las recomendaciones emanadas de los diversos organismos internacionales”, manifestó.
“Es importante acudir ante esta instancia, si bien es cierto, no nos resuelve la situaciones de violencia, de discriminaciones y exclusiones que estamos viviendo en el país, consideramos que sí es importante, porque se evidencia ante la comunidad internacional, que muchísimas veces lo que ocurre en Honduras es que hay un discurso formal de supuesta protección, vigencia y respeto a los derechos humanos; pero la realidad nos está demostrando, que ante muchos avances formales, la brecha entre el avance formal y la aplicación real, es muy grande”, explicó.
País violador de derechos humanos
“Nuestro país es fundamentalmente conocido como un Estado violador de los Derechos Humanos y uno de los países catalogados como los más violentos del planeta”, indicó Luis Alonso Chevez de la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona norte de Honduras.
“Cerca de dos millones de hondureños y hondureñas andan detrás de una oportunidad de empleo para llevar el sustento diario a sus deprimidos hogares. Hace falta personal y no hay medicinas en los centros de salud y hospitales públicos de Honduras. Hay más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, esta es la realidad del país”, indicó.
Después del examen el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, dará una serie de recomendaciones al estado Hondureño para que las ponga en práctica y de esa manera ir mejorando en materia de derechos humanos. “El gran desafió es obligar al Gobierno que cumpla con estas recomendaciones porque si no quedarán solamente como recomendaciones”, indicó Tirsa Flores.
El compromiso de la Plataforma EPU es visibilizar ante las instancias internacionales de la ONU y del sistema interamericano, la situación crítica de la protección de derechos humanos en el país, ya que no basta con avances formales como la Ley de Protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos, sino que es necesario la existencia de políticas públicas reales que remedien la situación de pobreza, de exclusión y de falta de justicia social en nuestro país, sostiene el comunicado divulgado a la prensa.
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