Persecución, desplazamiento y amenazas han sido parte de las constantes violaciones a los derechos humanos en los últimos seis años, señala un informe que organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron a las autoridades del Ministerio Público (MP) esta semana.
El informe es parte de una acción de demanda de justicia y pronta respuesta a las víctimas de dichas transgresiones, explica Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). Méndez dice que existen múltiples denuncias, hasta por crímenes de lesa humanidad, que las organizaciones defensoras de derechos humanos han interpuesto en el Ministerio Público “y sucede que no hay reacción, no hay investigación alrededor de estos agentes criminales, y recuerde que ahí hay generales, políticos de alto nivel y empresarios que se vincularon con el golpe de Estado”.
El “II Informe de Respuesta del Estado”, que se presentó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, tiene como punto de partida el análisis de acciones constitucionales y denuncias presentadas por las violaciones a derechos humanos durante y después del golpe de Estado de 2009.
En ese contexto, apuntan que existen 19 denuncias sobre asesinatos con características de ejecución extrajudicial, de esas 19 denuncias sólo una ha sido judicializada -asesinato de Walter Trochez. De otras 31 denuncias, para el año 2012, contra
miembros de las Fuerzas Armadas por detención ilegal, únicamente habían sido concluidas dos.
Se agrega que existen 29 denuncias pendientes, vinculadas al golpe de Estado de 2009, que de ellas sólo están judicializadas y las 18 restantes (62%) están sin investigación.
Juan Almendares, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), señala que la situación que no ha cambiado desde 2009: “en ese sentido, creo que tenemos que hablar con todas las estructuras de este gobierno. Por ejemplo, el Congreso Nacional sólo hace leyes represivas para este país: Ley de Trabajo
Temporal, Ley Marco de Seguridad Social que va contra los derechos humanos, una Ley de Transporte donde no se consulta a los peatones y a los derechohabientes, son leyes que violentan los derechos humanos presentes y futuros”.
La comunidad de la diversidad sexual es un claro ejemplo de los abusos, vejámenes, crímenes y detenciones ilegales que se han registrado durante los últimos seis años; abusos y crímenes que el 96 por ciento están en la impunidad, comenta José
Zambrano, activista de la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGBT) en Honduras. “Solo un cuatro por ciento de los casos a nivel nacional están en investigación, entonces creemos que ahí hay falta de compromiso de esta institución -Ministerio Público- que fue creado para investigar y de alguna manera respaldar los derechos fundamentales de los hondureños”.
Urge una política estatal e integral en materia de derechos humanos
Ante la situación de impunidad en todas las agresiones a los derechos humanos en post golpe de Estado, las organizaciones
de sociedad civil y defensoras de los derechos humanos piden al Estado elaborar e implementar una política integral en la temática para garantizar que las víctimas cuenten con acceso oportuno a la justicia.
“Una política de persecución penal en la que se identifique como prioridad la acción persecutoria de violaciones a Derechos
Humanos, sobre todo, las caracterizadas por graves y emblemáticas”, sugieren las organizaciones de sociedad civil en defensa de los derechos humanos, en el informe y petición presentada a las autoridades del Ministerio Público.
Lo anterior lo sustentan en que, de acuerdo a las investigaciones, la mayor parte de los casos (48%) de violaciones a los derechos humanos durante los últimos seis años se reportan como “sin dato”.
Los representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos -CIPRODEH, CPTRT y la comunidad LGTB- manifestaron a los funcionarios de la Fiscalía de derechos humanos que los sistemas de justicia no polarizados por la política y la ideología deben velar por: “la protección de los derechos de las víctimas, la consolidación de Estados y democracias, para no dar espacio a la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando constituyen crímenes internacionales”.
Honduras, de acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, estudio practicado por investigadores de la Universidad de Las Américas, es el séptimo país del mundo con mayor impunidad (64.1%).
No hay comentarios:
Publicar un comentario