Por Marvin Palacios
Por considerar que es humillante y es una violación a los derechos humanos, 31 campesinos y pescadores de Zacate Grande, entre ellos una mujer, rechazaron la pretensión de firmar una Acta de Conciliación que les impide ingresar a tierras supuestamente adquiridas por la familia del terrateniente Miguel Facussé, no cultivar granos básicos y tampoco ejercer la pesca como medios de sustento.
En conferencia de prensa, varios de los procesados comparecieron en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para manifestar ante los medios de comunicación, su rechazo ante las pretensiones de los familiares del extinto agroindustrial Miguel Facussé.
Pedro Canales a nombre de los campesinos y campesinas procesadas judicialmente por usurpación de tierras en Zacate Grande, expresó que toda la problemática con la familia Facussé surgió a partir que Carmen Malespín se declaró como dueña de la península de Zacate Grande.
Ella vendió a todos los ricos y políticos de este país quienes después despojaron a todos los pobladores de las playas, aseguró Canales, quien es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
La ADEPZA expuso que el 99 por ciento de las playas de Zacate Grande están en poder de los ricos; una menor parte, y que las playas más feas están en poder de pescadores y campesinos.
La península de Zacate Grande está bajo la jurisdicción del municipio de Amapala, departamento de Valle en el pacifico hondureño.
Canales señaló la familia Facussé envió un documento que fue presentado el 8 de octubre pasado, en donde pide a 31 procesados que aceptemos firmar un documento de conciliación, pero a cambio de no volver nunca a entrar a las tierras de donde nosotros sacamos los alimentos diarios de nuestras familias.
El dirigente comunitario aseguró que el fallecido terrateniente Miguel Facussé dejó este documento en donde menciona que fue elaborado en la comunidad de Novillo, “cosa que nosotros nunca nos reunimos con el señor”.
Al documento “nosotros lo consideramos como una humillación, hostigamiento y violación a los derechos humanos, porque exigir que se firme un documento de estos, significa que nosotros ya no vamos a poder vivir en Zacate Grande y los 31 procesados por el delito de usurpación que fuimos enjuiciados en el 2005 por esta familia (Facussé); algunos hemos sido encarcelados y humillados, y esto viene a profundizar más la crisis de división y de desprecio por parte de las autoridades judiciales, policía y Ministerio Público en contra nuestra”.
Pedro Canales
Canales añadió que el documento dice que quien va a dictar las pautas de este proceso es el juez de Amapala y aparte de eso piden 6 años de prueba, que quiere decir que nosotros como imputados tendríamos que sembrar árboles en los lugares donde nosotros cultivamos el maíz, sandía, maicillo y todo lo que comemos.
Por eso es que nosotros consideramos que esto es una humillación y queremos denunciarlo ante los organismos de derechos humanos, principalmente al COFADEH y a los medios de comunicación, sostuvo Canales.
“Rechazamos totalmente esta propuesta, y la rechazamos a tal grado que les hemos dicho a nuestras familias allá en Zacate Grande que esto no lo podemos firmar, la mayor parte de imputados que estamos dentro de esto; rechazamos totalmente esta propuesta y no la vamos a firmar”.
Le decimos al estado de Honduras, cómo es posible que el 99 por ciento de la población de Zacate Grande no tiene documentos, los ricos y políticos vana al Instituto de la Propiedad (IP) y sacan escrituras como cuando un campesino va al Registro de las Personas a sacar una partida de nacimiento; así lo hacen los ricos escriturando playas y escriturando la tierra de Zacate Grande, preguntó el presidente de la ADEPZA.
Hasta JOH posee tierras en Zacate Grande denuncia la ADEPZA
El 99 por ciento de las tierras están en poder de los ricos y lo último que se ha dado es la privatización de la Playa La Guayaba donde el presidente Juan Orlando Hernández ha instalado muros y portones de acero. Playa que pertenecía al pueblo hondureño, está totalmente privatizado así como lo fue la Playa Las Gaviotas.
Ethel Corea que es la única mujer procesada de la ADEPZA y expresó que la situación de las mujeres es un poco complicada porque con este problema de las tierras, nosotras no tenemos acceso a trabajar la tierra, porque las mujeres somos un poco temerosas; porque la policía está a favor de esta gente y cuando miramos la policía nos ponemos nerviosas y tenemos temor a que nos puedan golpear.
“En el 2010 yo fui golpeada muy fuerte en la cabeza, porque los policías estaban ahí, nosotras estábamos en los terrenos en litigio y desde ahí las mujeres se han alejado un poco, porque tienen temor”, denunció Corea.
Ethel Corea tiene 34 años de vivir en la comunidad de Puerto Grande en Zacate Grande y enfrenta un proceso judicial por el delito de usurpación de tierras, por lo que debe gastar 200 lempiras al mes para presentarse a firmar el libro de registro de procesados en los tribunales de Amapala.
Corea señaló que el documento que les ha hecho llegar la familia Facussé “es una amenaza de desalojo, que es brutal para nosotros porque si firmamos este acuerdo que ellos ponen, yo tengo mi casa en los terrenos que están en litigio y si firmamos, prácticamente para dónde voy a agarrar yo”.
La ADEPZA consideró que detrás de la firma del convenio se oculta la intención de instalar en Zacate Grande, una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva dijo que lo expuesto obedece a otra estrategia muy diferente a la que se ha iniciado en el valle del Aguán, pero lo que debemos ver es que son los mismos actores y en contra de la misma población.
“Y esta que se está implementado en Zacate Grande es como muy parecida a la que se vive en algunos sectores de Colombia; y es bastante peligrosa porque tratan de hacer acciones encaminadas a dividir a la misma comunidad; para hacer parecer que no hay ninguna mano oficial, sino que son pleitos y disputas entre comunidades, eso es lo más peligroso que nosotros estamos viendo que se está dando en Zacate Grande”, sostuvo Oliva.
Llamamos la atención de esto porque, por otro lado, sin ninguna justificación fuerte han enjuiciado a mucha gente de las comunidades; y eso juicio que pesa sobre ellos, también los doblega para no seguir haciendo la acción de demanda, de reclamación y apropiación y manda un mensaje claro al resto de la población para que no se aglutine en la defensa de su territorio.
“Ese es otro mecanismo, pero a mi juicio es efectivo, porque la gente sabe en qué sistema de indefensión se encuentra cuando acude ante los tribunales de nuestro país. Los tribunales hasta hoy día no han estado haciendo una acción que nos indique que tienen la mira de ser independientes, los que aplican justicia en nuestro país están con una gran dosis de obediencia a quién los tiene en el poder”, sostuvo la coordinadora del COFADEH.
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