Por Tomy Morales
El gobierno de Honduras ha mantenido el silencio para cumplir la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en el caso de los tres jueces despedidos por pronunciarse en contra del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.
El proceso fue presentado en julio del 2010 por los despidos ilegales y arbitrarios contra Adán Guillermo López (juez de sentencia), Luis Alonso Chévez (juez contra la violencia domestica), y la magistrada Tirza Flores Lanza (magistrada corte de apelaciones), acción efectuada por la Corte Suprema de Justicia lo que evidencio que no existe independencia jurídica en Honduras.
Tom Pantign de la Asociación de Jueces por la Democracia AJD dijo que “Se deben tomar en consideración por las sentencias en materia de Derechos Humanos en el caso de los tres jueces despedidos versus Honduras, donde se condena al Estado y se establece claramente la independencia judicial en el país y cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para una justicia independiente.
Por su parte Emilio Álvarez representante de la CIDH manifestó que la sentencia fue emitida el cinco de octubre en donde por primera vez la Corte señala con claridad el golpe de Estado y que los jueces y la magistrada cumplieron con su obligación de defender la democracia, remarca la responsabilidad de Honduras en el incumplimiento de obligaciones internacionales.
“Ahora la Junta Nominadora y el Congreso tienen una oportunidad de explicarle a la CIDH, sería bueno saber que han utilizado esa sentencia como un criterio orientador, que la consideración de esta sentencia sea como un ejemplo de cumplimiento de obligaciones internacionales” indico el jurista.
Tirza Flores magistrada informo que el 10 de noviembre el Estado de Honduras fue notificado del resultado de la sentencia que en la parte resolutiva contempla el reintegró de ellos y ella, es de cumplimiento obligatorio y se debe cumplir a la brevedad posible.
“Todavía no hemos hecho gestiones, el Estado no se ha pronunciado ni ha hecho ningún acercamiento con nosotros, debemos ser reintegrados en los mismos cargos que teníamos cuando fuimos despedidos en el 2010”, adujo la profesional del derecho.
Para Guillermo López Long no ha habido ningún avance en relación con el Estado solo tuvieron un acercamiento con el procurador de la republica “nos demuestra que el Estado actuara de manera desinteresada en el cumplimiento de la sentencia”.
López adujo que es una sentencia de carácter vinculante en el cumplimiento de la responsabilidad internacional, las actuaciones del Estado en este caso es como el de todas las victimas que han obtenido sentencias condenatorias contra Honduras, “es una nueva re victimización en cuanto al modo que pudiera traer como consecuencia en el cumplimiento inmediato de la sentencia”.
El plazo para que Honduras responda a la sentencia de la corte es de un año, contado desde el día de la notificación de la CIDH, pero no existe un mecanismo para contactar a las víctimas para iniciar con ellas un mecanismo de cumplimiento sino que son las víctimas las que ven la manera de iniciar el proceso de cumplimiento, “como en nuestro caso nos apersonamos a la procuraduría y nos hemos encontrado con evasivas con respuestas a medias”.
“El poder judicial está involucrado en nuestra sentencia y no nos han invitado, ni el presidente del consejo de la judicatura ni de los otros integrantes del consejo, eso denota por parte del Estado una situación de re victimización”, finalizo López.
La sentencia contempla el reintegro de los tres jueces, una indemnización monetaria y la publicación de la sentencia en medios de comunicación (las disculpas estarían demás viendo el texto de la sentencia, porque deja claro que todo lo que hicieron fue en defensa de la democracia).
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