Esta semana Estados Unidos demostró su poderío para intervenir sobrepasando el sistema de justicia hondureño y
moviendo las aguas de la inestable realidad política en este país. El expresidente Rafael Leonardo Callejas ha sido solicitado en extradición por los norteamericanos y mientras sucedía esto, el embajador de ese país James Nealon intervenía directamente en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El analista político Raúl Pineda asegura que el caso de Callejas, quien fue acusado junto a una red de corrupción que operaba en la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), demuestra una “inédita etapa política de Honduras en la lucha contra la corrupción, impulsada por EE.UU”.
Este fenómeno se materializó aún más cuando por presiones directas de Estados Unidos se hizo la reforma del artículo 102 que abrió el camino a la extradición por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y terrorismo. “De forma apresurada, en una sesión secreta después de que de manera intempestiva el presidente de la república y del Congreso Nacional viajan a EE.UU y esa noche meten la reforma”, dice Pineda.
Puede parecer que hay una especie de “limpieza” en Honduras, uno de los países más corruptos del continente, liderada por Estados Unidos, sin embargo, de fondo está que el sistema hondureño no responde por sí mismo.
“Esto refleja lo que ha pasado con los 8 extraditados anteriormente, que pese a que en EE.UU eran acusados por estar involucrados en actividades de narcotráfico, en Honduras no hubo ningún tipo de investigación, lo que refleja la inoperancia de los entes de investigación: el Ministerio Público y policía. Por otro lado refleja la tolerancia de las autoridades del Estado con este tipo de criminales, por ejemplo a Callejas que se le acusa de sobornos internacionales, lavado de activos y venta irregular de derechos televisivos para la selección nacional a una empresa internacional, en este país no se le había investigado a este, quien además fue uno de los presidentes más corruptos del país a quien se le han dado cartas de libertad, y que además sigue teniendo un poder fuertísimo en el país y en las instancias que deben investigar estos casos”, expresó el experto en derecho internacional Joaquín Mejía.
Este año explotó la indignación popular en las calles por los altos niveles de corrupción e impunidad, exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, parecida a la que en Guatemala mandó a la cárcel a un binomio presidencial por descubrirlos liderando una de las mafias más grandes de ese país. Esta petición popular no se ha cumplido y el gobierno apuesta a un ente nacional impulsado por la OEA llamado Misión de Apoyo Internacional contra la Impunidad en Honduras (MACIH).
Callejas tiene un “AS” bajo la manga
Rafael Leonardo Callejas decidió agotar el proceso de extradición en Honduras. Ha tomado la ruta larga en este proceso que podría durar hasta 6 meses y como parte de su estrategia legal, los defensores manejan la posibilidad de impugnar el auto acordado que establece el procedimiento de extradición para evitar que su defendido sea enviado a EUA.
“Es posible que impugnemos el auto acordado, estamos claros que cabe esa posibilidad, porque los delitos que supuestamente le imputan al licenciado Callejas no figuran en narcotráfico”, dijo Tito Hernández, miembro del equipo de abogados defensores del expresidente.
Pero quedarse en Honduras implica una estrategia en la que la magistrada nacionalista Edith María López podría ser pieza clave. López será la jueza natural que conocerá el caso de extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas. El periodista Armando Villanueva en su programa Foro del 10 en Televisión Educativa Nacional (Canal 10), dijo al respecto:
“Es cierto o no es cierto que Edith López Rivera ha sido miembro de MONARCA (el movimiento político nacionalista de Callejas) y que el exmagistrado Nicolás García Sorto, abogado de Callejas trabajó en el bufete del papá de la magistrada, Raúl López Castro. Hay una vinculación entre la actual jueza natural Edith López Rivera y el equipo de abogados de Callejas y ella ha sido miembro de MONARCA”.
Villanueva era periodista en Diario El Heraldo durante el mandato de Rafael Leonardo Callejas en 1990, según fuentes del gremio periodístico, uno de los más allegados al gobierno del MONARCA, y quien después llegó a ser Secretario de Comunicaciones en el gobierno del también nacionalista Ricardo Maduro.
Sin duda, el partido Nacional sufre un revés al ser uno de sus más importantes líderes acusado por la ley estadounidense pero las acciones del actual gobierno con respecto a este caso son cuestionadas por diversos analistas y políticos de oposición.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (LibRe), Jorge Calix dice que “en Honduras hay dos leyes, una que se aplica al Partido Nacional y otra que se aplica a todos los hondureños. La dura y grosera se aplica a como dé lugar y es para el pueblo pero para los nacionalistas la ley es flexible”.
El caso que se compara con lo que ahora sucede con Callejas es el de la familia Rosenthal. “A los Rosenthal en dos días ya le habían desmantelado el banco y más de diez empresas, pero la mansión que Callejas tiene en El Hatillo no ha sido incautada y eso como ciudadano me molesta. A Fabio Lobo más de 6 meses después de estar preso en EEUU no le han decomisado ninguna cuenta ni asegurado ningún bien, no hay trato igual, eso es lo que molesta, nadie está por encima de la ley ni siquiera un expresidente. Es terrible para la democracia, el Estado de derecho y para la ciudadanía”, agregó Calix.
El abogado Joaquín Mejía expresó al respecto que: “se ve además como las autoridades tienen una actitud discriminatoria con los Rosenthal cuando la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) actuó de manera diligente y con celeridad pero con Callejas ya han pasado varios días. Esto nos vuelve a confirmar que instancias como la OABI y otros entes de investigación siguen en manos de poderes políticos y económicos del país”.
El Ministerio Público ha dado a conocer a medios de comunicación nacional que en los próximos días comenzarían a actuar en base a investigaciones nacionales contra Callejas.
Por su parte el analista Raúl Pineda asegura que aun con el poder de Callejas, su situación sigue siendo complicada porque si en Honduras se deniega la extradición, esto traería repercusiones graves para el país. “Una opción viable la marcó Yani Rosenthal al presentarse voluntariamente ante la justicia, cosa que no sucederá por la actitud que siempre ha tomado Callejas de preferir defenderse que enfrentarlos de manera directa.
Estados Unidos tiene viejos rencores, se le canceló la visa por corrupción. Las presiones de Estados Unidos son tan fuertes que inmediatamente el gobierno de Honduras manifestó en un comunicado su voluntad de continuar la lucha contra la impunidad. Los tribunales hondureños deben colaborar con la investigación que se lleva desde EE.UU”, dijo.
Por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, dijo a medios de comunicación nacional que “hemos escogido a una excelente juez natural para que conozca de este asunto, ella es totalmente imparcial, tiene una trayectoria brillante en los siete años que se ha desempeñado como magistrada de la Sala de lo Civil y no dudo que aplicará la ley de manera rectilínea sin atender alguna influencia de ninguna naturaleza.
Además agregó que el exgobernante Callejas podría ser objeto de medidas distintas a la prisión debido a su avanzada edad. “Es una posibilidad que se podría usar por complementariedad aplicando el Código Procesal Penal, pero eso quien lo va a determinar con toda la libertad del caso es la jueza designada”, indicó.
Elección de la nueva CSJ podría garantizar 7 años más de impunidad
El embajador de Estados Unidos, James Nealon utilizó su cuenta de Twitter para referirse al informe sobre presunta conducta irregular acerca de 24 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nealon asegura que la Junta Nominadora (que comenzó a trabajar en la elección de los nuevos magistrados desde julio de 2015) solicitó esta información al gobierno de Estados Unidos.
Son 97 los aspirantes a magistrados que ya pasaron por el filtro de la Junta Nominadora, pero de estos, 24 son señalados por Estados Unidos. En esa lista hay 4 magistrados actuales de la CSJ que participaron en el golpe de Estado y un exmagistrado de la sala de lo constitucional, que dejó en indefensión a miles de víctimas del golpe. También hay 3 miembros del cuestionado Consejo de la Judicatura. Para la junta nominadora estos cumplieron con los requisitos para ser magistrados de la CSJ.
“Todo el proceso de cooptación de las entidades del sector justicia y seguridad es fundamental para los grupos de poder para garantizar impunidad. Lastimosamente, salvando las excepciones de notarios y notarias con perfil decente, estos buenos perfiles podrían ser utilizados como caballo de troya para llenar la CSJ de magistrados que respondan a los intereses políticos y económicos de estos grupos de poder. A la sociedad civil nos toca denunciar y comenzar desde ya y no esperar la próxima elección para exigir una ley que establezca procesos transparentes, abiertos y donde la ciudadanía pueda tachar perfiles a magistrados de la CSJ”, dijo Joaquín Mejía.
Analistas coinciden que se marca una etapa nueva en Honduras con la caída de figuras como Callejas que por años han estado en un pedestal sin ser tocados por actos de corrupción. Pero el mensaje que dejan estas acciones deja el reto a la ciudadanía y un Estado secuestrado por poderes oscuros.
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