Por German H. Reyes R.
Comprobado: muchos empleados del IP contratados por afiliación política
¿Trabajar en una mesa electoral sería calificación suficiente para hacer un trabajo altamente técnico? Según los directivos del Instituto de la Propiedad, la respuesta parece ser “sí.”
Entre el 2012 y 2014 las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) crearon de manera irregular 44 nuevos puestos de trabajo, que no encuentran lugar en el Manual de Puestos y Salarios de esta institución . De estos, 15 corresponden a la Dirección de Registro, 9 a Catastro, 9 a la Secretaría Ejecutiva, 7 a la Dirección Administrativa y 4 a Regularización Predial.
“Extractador de registro”, “soporte técnico de informática”, “registrador adjunto itinerante”, “contralor de calidad”, “escaneado digitalizado”, “calificador II”, “archivero”, “supervisor de cuadrilla de campo” y “técnico cartográfico digital”, son parte de los puestos que se inventaron en el IP , muchos de los cuales están siendo ocupados por activistas del Partido Nacional de Honduras.
Históricamente, esa institución ha sido utilizada para ubicar en puestos de trabajo a los activistas de los partidos políticos, y eso se puede demostrar con solo revisar los expedientes de trabajo, porque quienes han tomado las decisiones, no han sido tan hábiles como para esconder constancias, credenciales y carnets que acredita a sus beneficiados, como liberales o nacionalistas, dependiendo el caso.
Son muchos los expedientes de trabajo que contienen como documentación principal, constancias que acreditan al empleado como activista y miembro del partido en el poder, constancia de haber ejercido el sufragio y credenciales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral para trabajar en las mesas electorales, representando a determinado instituto político. Tal como se ve, estos documentos resultan ser tan importantes como la tarjeta de identidad, el título profesional y demás documentos oficiales, que deben ser refrendados por la oficina de recursos.
El Índice de Desempeño y Transparencia del IP , contenido en el informe de una investigación realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa, sostiene que la situación se facilita por las lagunas que maliciosamente dejaron establecidas en la Ley que los diputados aprobaron.
La Ley facilita los abusos
Hasta mayo de 2014 cuando fue publicada la reformada de la Ley de Propiedad , esa legislación en su artículo 8 de le daba la facultad al Presidente de la República para nombrar directamente a cuatro de los siete miembros que conformaban el Consejo Directivo. La reforma redujo la cantidad de miembros a tres , y ahora es potestad única al Presidente designarlos. Es decir, con la reforma desaparecieron la posibilidad de contrapeso y concentraron el poder en una persona.
Antes, la Ley les daba participación al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Confederación Nacional de Patronatos y Pobladores y al Instituto Hondureño de Derecho Notarial, para que nombraran a tres de los siete miembros de ese Consejo. No se sabe que alguno de sus representantes se haya opuesto a las irregularidades, pero al menos estaba la posibilidad para que llegara alguien que lo hiciera.
El Consejo Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de la Propiedad (IP), estará integrado por tres (3) personas nombradas por el Presidente de la República. Las personas que integren el Consejo Directivo nombrarán a sus respectivos suplentes.”, señala el artículo 8 reformado de la Ley de Propiedad.
Que por mucho tiempo el presidente haya tenido la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo Directivo y ahora la totalidad, provoca politización, no solo en los trámites que allí se realizan, sino también para el nombramiento y manejo del recurso humano. Hasta hoy, los gobiernos nacionalistas y liberales, han hecho de la institución una especie de agencia de colocación, donde más ha prevalecido el interés político que la capacidad de las personas para desempeñarse en sus cargos.
Pese a que el tema de la tenencia de la tierra implica diversos aspectos que requieren conocimientos técnicos y capacidades profesionales especializadas, el problema se agrava porque la Ley de Propiedad tampoco establece requisitos técnicos ni profesionales para los funcionarios que dirigen la institución.
Ante tal situación, la ASJ, a través del proyecto, Patrimonio Seguro, en repetidas ocasiones les ha recomendado a las autoridades crear las políticas de contratación de acuerdo a las capacidades y a la transparencia que requiere cada puesto de trabajo. Sin embargo, son muchas las personas que como pago a su activismo político, recibieron un puesto de trabajo en el IP.
Tal es el caso, que el Índice de Desempeño y Transparencia del IP, ha dejado claro que el nombramiento del personal en esa entidad se encuentra bajo el criterio de los miembros del Consejo Directivo y no de la oficina de recursos humanos, dependencia que limita su accionar a cuestiones vagas, como puede ser un simple monitoreo del cumplimiento de horarios, por ejemplo.
¿Quiere la muestra? Vea usted
Tweet #JudiLeaks: audiencia pública (Abog. Lidia Álvarez Sagastume)
El 1 de agosto de 2012, a través del contrato de servicios profesionales la Secretaria Ejecutiva del IP, Lidia Álvarez Sagastume, quien en este momento corre buscando convertirse Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, nombró a una persona que para efectos de su seguridad conoceremos como Cristina López para el cargo de auxiliar administrativa, devengando un salario de 35 mil lempiras.
Su contrato tuvo vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, la empleada continuó laborando en la institución, porque su contrato ha sido renovado varias veces, pero ya no devengando 35 mil, sino 10 mil lempiras de salario. ¿Qué pasaría allí?, juzgue usted.
Cristina es bachiller en Ciencias y Letras y en su hoja de vida informa haber trabajado como ayudante en el hospital San Felipe, ha sido impulsadora de productos en varias empresas y también se ha desempeñado como dependienta. Ha recibido capacitaciones diversas y entre su documentación destacan las constancias del Partido Nacional, indicando que ella se encuentra inscrita en el censo de ese instituto político.
Descargue: Constancias del Partido Nacional
Su expediente laboral, también contiene la copia de la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral que la acredita como vocal 1 de la mesa 08416, instalada en la colonia capitalina Hato de en Medio, para las elecciones internas del Partido Nacional de Honduras, en febrero de 2012. También mantiene adjunta, una recomendación firmada por Juan Carlos Álvarez Arias, coordinador general del Partido Nacional, haciendo constar que ella ha trabajado en la campaña política.
De igual forma, también se registra que a través de contrato DGA—005-006-339-14 del 18 de marzo de 2014, la Secretaria Ejecutiva, Belinda Flores, nombró a quien conoceremos en esta historia como Alex Vladimir Villalta, en el cargo de Auxiliar Administrativo, con salario mensual de 9 mil lempiras, que fueron renovados hasta el 31 de marzo de 2015. Su último contrato fue DGA-003-B-2015 suscrito entre él y Julio Armando Pavón, Secretario Ejecutivo de esa institución.
En la documentación contenida en su expediente destaca la credencial de haber servido como representante de en la mesa electoral número 03676 de la escuela 20 de Julio del Distrito Central, de las elecciones internas del Partido Nacional, en representación del movimiento Azules Unidos, del actual Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández.
En el expediente también aparece un diploma de agradecimiento y una constancia que lo acredita como activista de ese movimiento político. Vale mencionar que toda esta documentación ha sido refrendada con firma y sello de la oficina de Recursos Humanos del IP.
Los dos ejemplos anteriores demuestran la forma de cómo los nacionalistas han utilizado la institución para colocar a sus activistas, pero esa no es una actitud exclusiva de ellos, porque en los gobiernos liberales también han hecho lo mismo.
En el gobierno de Manuel Zelaya, con salario de 8 mil lempiras fue nombrado mediante acuerdo DGA-07-12-044-2009, Brígida Isabel Martínez, para el cargo de oficinista. El expediente laboral se limita a su currículo; la credencial de participación en el “Gran encuentro Juvenil por Nuestra Honduras,” evento realizado el 11 de agosto de 2011.
Además, el expediente contiene la credencial del Tribunal Supremo Electoral, como miembro propietaria de la mesa receptora de las elecciones internas del Partido Liberal, en febrero de 2005; constancia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, de encontrarse registrada en el censo de ese instituto político y de haber ejercido el sufragio en las elecciones internas de ese año.
Descargue: Contratos
Asimismo, en su documentación destaca la credencial como participante de la gran concentración liberal y su carnet de afiliación política, documentos que igual que los anteriores fueron refrendados por las autoridades del IP. Brígida Isabel, se había desempeñado como oficinista en la Secretaría de Obras Públicas y Transporte en el año 1997 al 2002. Vale mencionar que este tampoco es el nombre correcto de ella.
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