Por Sandra Rodríguez
Han pasado dos años del asesinato del Comunicador social Juan Carlos Argeñal Medina, tiempo en que la familia y amigos insisten ante las autoridades competentes para que esclarezcan el hecho ocurrido en una pequeña ciudad, Danlí, a 83 kilómetros al oriente de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Al no poder esclarecer el crimen ocurrido el sábado 7 de diciembre del 2013, en la casa de Argeñal Medina, donde también operaba su canal de televisión Vida Tv, la Fiscalía del Ministerio Público de Danlí, remitió el expediente al Tegucigalpa, a la fiscalía de Delitos contra la Vida, donde a más de un año, no hay avances en la investigación, por lo que situación continua igual, en la impunidad, en el silencio y en la complicidad de parte de autoridades que conocen el hecho, ha denunciado el hermano de la víctima, Mario Argeñal.
Nos reunimos aquí, frente al monumento de la corrupción en Danlí –dice Mario, refiriéndose al hospital público “Gabriela Alvarado” ubicado en la carretera panamericana salida al municipio de El Paraíso- porque mi hermano murió por denunciar los actos de corrupción que aquí sucedían, porque lo asesinaron por decir la verdad, si, por defender los derechos de miles de personas que asisten a consulta médica, por eso lo asesinaron, asegura.
Y es que el día lunes, para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de Juan Carlos, y exigir justica y resultados en la investigación, de la Red de Red de Defensores/as de Derechos Humanos y la Red de Comunicadores/as Sociales del Departamento de El Paraíso, acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) realizaron un plantón frente al hospital “Gabriela Alvarado”, porque desde ese lugar, según su familia, se originó su muerte.
A la manifestación pública, acudieron defensores de derechos humanos de Morocelí, Trojes, San Matías, Jacaleapa, El Paraíso y Danlí, así mismo miembros del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares (SITRAMEDYS), Sindicato de Trabajadores de las Bebidas y Similares (STIBYS), Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Danlí (SITRAMUD), Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASAH) y docentes que se solidarizaron con la familia Argeñal Medina.
En el plantón se expusieron mantas y mensajes alusivos a que se investigue el crimen, porque es un atentado contra la libertad de expresión, libertad de prensa, libre emisión del pensamiento y daños contra la vida, donde las autoridades se convierten en cómplices por no dar con los responsables, manifestaban a través de alto- parlantes los presentes.
Los defensores de Derechos Humanos hicieron público un pronunciamiento, además para exigir que se esclarezca la quemas de varios millones de lempiras en medicamentos hace unos ocho meses, en el hospital viejo de Danlí, situación que abona a los actos de corrupción que denunciaba el compañero Argeñal. Expresó Agustín Díaz, coordinador de la Red, apoyada por el COFADEH.
Vale señalar que durante el plantón, la entrada del hospital fue custodiada por policías que llegaron a bordo de patrullas motorizadas, uno de los agentes con su teléfono móvil fue a tomar imágenes del grupo, y a través de los parlantes se le dijo que esas imágenes “ojalá ese video y fotos sean para llevárselas a sus jefes y que hagan su deber de investigar”.
Después el grupo de movilizó a la oficina del Ministerio Público, en el centro de Danlí, donde se entregó la copia de una nota solicitando información sobre los avances de investigaciones referentes al caso Juan Carlos Argeñal. La solicitud original será enviada a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en Tegucigalpa.
No van acallar la verdad
Juan Carlos Argeñal era un hombre comprometido con la verdad, su delito fue denunciar actos de corrupción, no callar y defender los derechos de la población, de los que por temor no denuncian, afirma Mario Argeñal, dirigente magisterial y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), quien no se detiene en búsqueda de justicia.
Su hermano era deño del canal Vida Televisión, y corresponsal en Danlí para el canal de Globo TV, fue asesinado. En los meses previos a su asesinato, fue amenazado, incluso de muerte, que se relacionaban con sus reportajes sobre la corrupción de un hospital y un gobierno local.
Juan Carlos Argeñal sacó a la luz el caso de corrupción del hospital regional de “Gabriela Alvarado” en Danlí. En este se detallaba un gran desfalco de fondos y un hurto mayor de los suministros del mismo hospital que se realizaron por parte de un administrador interno junto con un líder político local.
Una semana antes de su muerte en diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal le dijo a su familia que había recibido amenazas de muerte de personas que estaban relacionadas con la administración del hospital. Argeñal contactó con el coordinador general del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para informarle de estas amenazas el 14 de noviembre de 2013.
La familia de Juan Carlos Argeñal entregó a la policía toda la información sobre estas amenazas en el momento de su muerte. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de su hermano, ocho meses después, las autoridades siguen sin realizar petición de verificar las grabaciones del teléfono del periodista, a pesar de que los testigos atestaron que, el día que fue asesinado, alguien lo llamó para firmar un contrato de publicidad en su casa. Según se informa, la policía también ha fracasado a la hora de investigar la declaración de un testigo que escuchó, una semana antes de su muerte, a un sicario conocido admitiendo que le habían pedido asesinar al periodista.
El 1 de abril de 2014, el ministro de seguridad, Arturo Corrales, prometió enviar a un equipo especialista de Tegucigalpa a investigar el asesinato de Juan Carlos Argeñal que tendría base en Danlí. Según se informa, tanto el fiscal regional como el investigador del caso sugirieron que se pidiera ayuda externa ya que ellos están muy asustados para investigar por sí solos, puesto que en el caso hay gente involucrada con un poder político y económico significativo que hace que la investigación esté parada.
“Como defensoras y defensores de derechos humanos estamos atentos y denunciando las violaciones que vienen de parte de las autoridades del Estado, civiles y militares, en un departamento que históricamente ha sido ultrajado por ellos”, afirman la Red de defensores del Oriente, así mismo el compromiso del COFADEH de dar acompañamiento y documentación del caso, para que se haga justicia.
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